Luego de que el presidente del PRO Córdoba, Oscar Agost Carreño, presentara un recurso de impugnación para evitar la intervención de las autoridades nacionales del partido, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dejó sin efecto la medida establecida el 13 de diciembre pasado por el Consejo Nacional del partido.
El fallo se dio a conocer el martes, cuando el diputado nacional volviera a acusar al PRO nacional de haber actuado “de manera injusta y arbitraria”. De esta manera, expresó que la autonomía partidaria no puede ser condicionada desde Buenos Aires y ratificó el compromiso de fortalecer la institucionalidad de la agrupación cordobesa.
De acuerdo con el fragmento de la resolución que compartió el dirigente cordobés en la red social X, la Justicia apuntó que “debe declararse la invalidez de la intervención al partido del distrito de Córdoba”. Frente a esto, remarcó que “desde el Interior seguimos apostando a un PRO federal, con institucionalidad y raíces propias”.
“No aceptamos que nos marquen el rumbo desde escritorios porteños. Córdoba no es sucursal de nadie”, sentenció Agost Carreño, tras hacer referencia a los meses de tensión que hubo entre el partido a nivel nacional y provincial.
A finales de junio, el presidente del PRO nacional, Mauricio Macri, había decidido extender la intervención en cinco provincias, con el fin de influir en las estrategias electorales en esos distritos. Entre ellas, se encontraba en juego la conducción del armado amarillo cordobés.
Según había explicado un dirigente del partido a Infobae, la misión era cerrar acuerdos provinciales que pudieran favorecerlos en las urnas. No obstante, esta medida fue rechazada desde el minuto cero por la dirigencia local.
“La situación era insostenible desde lo político. No había conducción, no había bloque, no había partido. Es sentido común, el que presidente tiene que apoyar los intereses del partido”, evaluaron desde la mesa nacional sobre la situación que atravesaba el partido a nivel provincial.
Para ese entonces, la Justicia había aceptado y prorrogado la intervención hasta diciembre de este año. Luego de que el espacio quedara a cargo de la vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso, en este segundo período, la conducción fue delegada a Henry Blas Leis, un dirigente cercano a Macri.
A raíz de esto, la diputada Laura Rodríguez Machado denunció que el proceso respondería a intereses internos liderados por Soher El Sukaria, quien con el apoyo de Macri, habría buscado asegurarse el control de la estructura y posponer una posible derrota en internas.
“Pidieron la intervención porque no podían competir. Ahora se quedaron con la lapicera y postergaron todo hasta fin de año”, afirmó a este medio en junio. Y sostuvo que “no hay ningún motivo de gestión partidaria válida para intervenir el PRO Córdoba. El fallo indica que la intervención está dentro de las facultades partidarias y que no es judiciable”.
Por este motivo, acusó que eso confirmaba que “la decisión es política para intervenir y la intención es que les garantice la lapicera para definir a dedo los candidatos a diputados nacionales. Por eso se produce la prórroga de una intervención a manos de un local que no garantiza imparcialidad”. Finalmente, la diputada recriminó: “Pudieron haber llamado a elecciones internas antes y no lo hicieron”.
Previo a que la Justicia Electoral disolviera la medida impuesta por el PRO nacional, se planteaba la posibilidad de que las autoridades buscaran llegar a un acuerdo con el radical Rodrigo De Loredo. “Hay buena sintonía y se viene hablando”, comentaron fuentes oficiales a Infobae sobre las charlas que habrían mantenido hasta ese momento con el diputado cordobés.
Por el momento, no hubo una respuesta oficial por parte de las autoridades del partido nacional, mientras que el fallo fue celebrado por el resto de los dirigentes cordobeses. “Siempre dijimos que la intervención fue sin motivos y solo para favorecer a unos pocos”, apuntaron desde la Juventud del PRO Córdoba.
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