Jubilaciones, discapacidad y fondos a provincias: la oposición ahora busca incomodar al Gobierno en el Senado

Tras el avance en menos de 48 horas de los dictámenes de las leyes que mejora las golpeadas jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad, un conglomerado opositor afina los detalles de un pedido de sesión especial para el jueves próximo, con el fin de sancionar las iniciativas y aplicar un duro golpe político y fiscal al Ejecutivo libertario, que ya anunció vetos.

La convocatoria, que deberá ser validada por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, incluirá los dos textos presentados horas atrás -con aval de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño- que automatizan el giro a provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y que elimina fondos y modifica asignaciones del impuesto a los combustibles para la redistribución hacia los distritos. No obstante, podrían sumarse más temas a la solicitud en cuestión.

Para tener dimensión de la potencial mayoría de votos -todos los gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires dieron aval a las flamantes iniciativas-, los proyectos fueron firmados por los jefes del kirchnerismo ,José Mayans (Formosa); del radicalismo, el hasta hace dos minutos amigo del Gobierno Eduardo Vischi (Corrientes); del macrismo, Alfredo De Ángeli, e incluso desde la bancada aliada a los libertarios Provincias Unidas, como el caso del correntino Carlos Espínola, entre otros.

Veamos el detalle de las iniciativas. La primera incorpora a la norma 11.672 -es la ley permanente de Presupuesto- incorpora un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” en “forma diaria y automática”, y todo lo que involucre a este ítem será “considerado a cualquier efecto” como integrante “de la masa de fondos coparticipable”.

Los legisladores fundamentaron: “La propuesta de automaticidad de su distribución busca garantizar el abordaje inmediato de esta situación de la evidente estrechez financiera. La norma a sancionar establece la modalidad de distribución del Fondo ATN que en la actualidad prácticamente no se ejecuta”.

El segundo proyecto elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda. En el mismo artículo se aclara que los recursos en cuestión, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos “serán distribuidos de conformidad” con artículos de la ley 23.548, de Coparticipación Federal.

Seguido a ello, se sustituye parte de la ley 23.966 -la del tributo a combustibles- para girar lo producido al Tesoro Nacional (14,29%), Provincias (57,02%), y Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales (28,69%). Luego se detalla cómo será el reparto de lo que corresponde a los distritos de manera específica.

“Proyecta la transferencia directa y automática de recursos que financian responsabilidades y funciones que han sido asumidas por las administraciones provinciales, en casos en forma compartida con los municipios de sus jurisdicciones”, justificaron los senadores en esta iniciativa.

Como los dos proyectos sobre fondos y coparticipación no fueron despachados en las comisiones correspondientes -de hecho, hasta la publicación de esta nota no se sabía si ya había sido girada a las mismas-, la oposición deberá habilitarlos en el recinto y sobre tablas, con dos tercios. Por las firmas involucradas, esto no representaría una traba.

La ley previsional que avalaron diversos opositores en Diputados -algunos macristas se abstuvieron- implica un aumento real para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación.

Con menos votos fue aprobada en la Cámara baja la restitución por dos años de la moratoria, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.

En tanto, la emergencia en discapacidad sería hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, pasado el final del Gobierno libertario, y reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras otras.

Vale aclara que, al momento de publicación de esta nota, los tres dictámenes que anunció el grupo opositor aún no habían sido presentados en Mesa de Entradas del Senado.