Otra prueba de fuego en el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores, que mantienen la amenaza en el Congreso

Hace semanas que la relación entre el Gobierno y las provincias aliadas salió de su zona de confort y la desconfianza parece haberse apoderado de ese vínculo, que este martes volverá a tener una nueva prueba de fuego cuando el Ejecutivo traslade otra contraoferta a los reclamos por los ingresos que los gobernadores parecieran estar dispuestos a llevar al Senado si no les satisface la propuesta.

Hasta anoche, enfocado en la decisión judicial de Loretta Preska, de Nueva York, por la demanda millonario por la expropiación de YPF, el Gobierno no había enviado ninguna señal en la previa del encuentro que esta mañana deberían mantener el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con los ministros de Economía de las provincias y la Jefatura del Gobierno porteño, en la sede del Consejo Federal de Inversiones, sobre la calle Azopardo. “Se va a estirar hasta que la amenaza sea concreta”, aventuró ayer un operador de un buen número de provincias aliadas que sigue muy de cerca las negociaciones.

El fin de semana, el Ejecutivo tomó nota de que, esta vez, la advertencia pareciera ser seria después de que un grupo de gobernadores se reuniera vía zoom, en la noche del viernes, con algunos de los jefes de bloque del Senado para pulir detalles del proyecto de ley que le presentaron en las últimas semanas a los enviados del Gobierno con dos de los reclamos más urgentes, y que adelantaron que presentarán de manera unilateral si no tienen respuesta: la repartija, con un coeficiente coparticipable, del stock de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y una distribución más directa y razonable del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que cuenta con un porcentaje que debería destinarse al mantenimiento de las rutas.

Los gobernadores le sugirieron al Ejecutivo que deje de dilatar una respuesta concreta porque el proyecto, cuya redacción seguía girando entre las provincias, tendría un apoyo casi unánime de la Cámara alta. Así se lo trasladó, por ejemplo, la semana pasada el senador Juan Carlos Romero en la previa, breve, que mantuvo junto a algunos colegas con Guillermo Francos antes del informe mensual que el jefe de Gabinete cortó en mitad de la presentación con la excusa de una exposición muy caliente por parte de una senadora. “El gobierno no puede pretender que vengan todos los gobernadores de la Argentina a presentar un proyecto y después los senadores no lo acompañen”, sintetizó ayer una fuente del Senado. El salteño le achacó en público al jefe de ministros demoras parlamentarias.

Pero el malhumor creciente de los jefes provinciales en torno a la falta de propuestas a los reclamos más urgentes evidencia, en simultáneo, una fatiga en la relación, y la comprobación cada vez más nítida de una lógica de la negociación política en la que el Gobierno no prioriza los acuerdos. “La falta de respeto es constante: tensaron la relación por resultados electorales mediocres”, aseguraron desde una provincia.

En ese contexto, hay un sector de la administración que empezó a palpar un fastidio creciente por parte de los jefes provinciales que, llegado el caso, podría afectar el rumbo del programa económico y político de Javier Milei, de cara a las elecciones de octubre, si la advertencia se convierte en realidad. “Nos preocupa, y mucho. Pareciera que el presidente aún no ve el riesgo, y hasta tanto no se va a involucrar”, aseguró un asesor presidencial que trabaja, según confió, para “atajar el quilombo” con los gobernadores.

Es que el último mes, los jefes provinciales coincidieron, casi con asistencia perfecta, en el CFI para aunar posiciones y reclamarle al Gobierno, urgidos por la caída en los ingresos coparticipables que, para algunos distritos, se tornó tan significativa al punto de peligrar el pago de sueldos y el medio aguinaldo, sumada a la larga lista de promesas incumplidas.

Una postal tan inédita como la amenaza concreta, de parte de algunos de los aliados, de dejar de acompañar a la Casa Rosada en el sostenimiento de algunos vetos que Milei ya adelantó que va a ejecutar si los legisladores avanzan con la actualización de las jubilaciones o el financiamiento a las universidades. Este miércoles hay una sesión convocada en Diputados, al mediodía. Un adelanto ya fue exhibido por aliados como los cordobeses o los catamarqueños que dieron quórum en la última sesión, hace varias semanas. “El Gobierno tiene que entender que no todo puede terminar en un veto”, planteó este lunes una fuente del Senado.

Para los gobernadores no se trata solo de urgencias financieras: también hay un creciente malhumor por el manejo de la estrategia electoral en algunos distritos, y gestos no correspondidos con aliados que, hasta ahora, fueron generosos con la administración de la gobernabilidad en el Parlamento. El caso de Romero, en Salta, es uno de ellos: acompañó con poquísimas discrepancias al Presidente y no logró por el momento que le habiliten la boleta para renovar la banca. Los ejemplos se replican en otras provincias: hay aliados como Raúl Jalil u Osvaldo Jaldo inquietos. En el caso del PRO, todavía no curaron las heridas por la durísima disputa porteña, y el acuerdo en provincia de Buenos Aires entró en un terreno difuso por las exigencias de Karina Milei y el replanteo de algunos intendentes que tienen serias dudas sobre las intenciones de La Libertad Avanza. “Se ha perdido el foco, eligieron poner el partido por encima de todo”, sentenció un operador provincial.

En las provincias prefieren, por ahora, no machacar sobre la figura de Milei -tal vez porque no les reditúa políticamente-, tampoco sobre la de Francos: creen que no es el culpable, al menos no el principal, de la negligencia desplegada hasta el momento.

Este lunes, la relación sinuosa entre la Casa Rosada y los aliados arrojó un nuevo capítulo que, de mantenerse, podría empeorar aún más uno de esos vínculos: el del Gobierno con Gustavo Valdés, de Corrientes.

El plazo de presentación de alianzas en esa provincia venció a la medianoche, y hasta ayer no existían indicios de un acuerdo entre los Milei y el gobernador radical de cara a la elección ejecutiva del próximo 31 de agosto. Hasta el fin de semana, en despachos oficiales se ventiló que se había alcanzado un principio de acuerdo. El propio jefe provincial había mantenido en los últimos dos meses una serie de negociaciones con Eduardo “Lule” Menem, uno de los operadores de Karina Milei, trabadas, según las fuentes, por la decisión del radical de imponer a su hermano Juan Pablo como el candidato a la sucesión. “Muy de casta”, hicieron trascender desde el Ejecutivo.

Sin embargo, en la tarde del viernes, en paralelo al zoom de los gobernadores, surgió una versión muy insistente de que se había alcanzado una alianza. ¿Quién se encargó de desparramar esa versión? ¿Con qué objetivo? Es una pregunta que hasta ayer disparaba múltiples respuestas, pero podría circunscribirse en la interna, cada vez más vigente, entre el sector de la hermana presidencial y el de Santiago Caputo.

“Disputar una elección provincial desdoblada, sin acordar nada, cuando se necesitan senadores y diputados nacionales que sostengan los vetos del presidente...”, analizó un operador que trabaja para la Casa Rosada.

Hasta ayer, entre los dirigentes que esperaban algún gesto por parte del Ejecutivo figuraba Eduardo “Peteco” Vischi, que se desempeña además como el jefe del bloque de la UCR en la Cámara alta, y que participó en la noche del viernes del encuentro virtual entre los mandatarios. Carlos “Camau” Espínola, otro senador aliado que visitó Casa Rosada de manera insistente en estos últimos meses para intentar llegar a un acuerdo en la provincia, se fotografió ayer con Valdés, que en paralelo avanzaba en un cierre con el cordobés Juan Schiaretti.

La resolución de esas conversaciones con la gestión nacional tuvo un desenlace que llamó la atención en medio de las versiones que daban cuenta de un posible entendimiento entre el radicalismo y el Gobierno, por un posteo en X desde la cuenta de “La Libertad Avanza Corrientes” que publicitó: “Hemos resistido operaciones hasta el último día de cierre de alianzas, La Libertad Avanza ahora es la lista 196 en Corrientes”. Se publicó a las 4:16 de la madrugada de este lunes, después de una extensísima reunión en esa provincia. ¿A qué se refirieron con “operaciones”? ¿Quiénes las habrían propiciado? ¿Fue un mensaje interno?

En despachos libertarios tampoco cayó demasiado bien la foto del gobernador con Mauricio Macri de la semana pasada, en la inauguración de una obra en esa provincia: el gobierno habría exigido aislar por completo al PRO, una condición que, según trascendió, Valdés no estuvo dispuesto a aceptar, entre otros planteos.

Sin embargo, fuentes oficiales explicaron anoche que las negociaciones aún no se agotaron y que habría que esperar a la inscripción de candidaturas para confirmar si Valdés y la Casa Rosada finalmente no alcanzan un acuerdo para las elecciones provinciales. Pero de sostener la ruptura electoral se evidenciaría un cambio en la correlación de fuerzas. Es que, la semana pasada, el radical fue uno de los más dudosos en firmar el proyecto de distribución de los ATN y el impuesto a los combustibles junto al resto de los gobernadores. “No se trata solo de la agonía fiscal: muchos empiezan a entender que el gobierno es un mal pagador y no hay margen para acuerdos más allá de casos aislados”, graficó una fuente.

Ayer, en fuentes de gobierno se especulaba con la respuesta que Guberman llevaría hoy a los ministros de Economía de las provincias. Si contentar a todos por igual, o por separado, y de qué manera frenar la rebelión en ciernes de los gobernadores. Un sector impulsaba la opción de cerrar con algunos de ellos, y no convalidar el reclamo de los 24. Es decir, un trato preferencial entre los opositores y los aliados. Fue una de las quejas recurrentes de estos últimos en este año y medio de mandato.