Tras anticipar a través de las redes sociales el despido de la titular del PAMI de El Bolsón y la suspensión de dos trabajadores por cerrar las oficinas como medida de respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner, el organismo nacional formalizó la decisión y reforzó la seguridad de esa repartición ante posibles manifestaciones.
El viernes, a través de su cuenta de X, la agencia del Gobierno anticipó la decisión de desvincular a la delegada María Eugenia Alonso y suspender por 29 días a dos trabajadores, a quienes responsabilizó por el cierre de las oficinas de El Bolsón el pasado 18 de junio, en coincidencia con una movilización de acompañamiento a la ex mandataria.
Este lunes los tres involucrados se presentaron en las oficinas y poco después fueron notificados por telegrama de la medida que adoptó el organismo, que dispuso además un fuerte operativo de seguridad en el lugar, ante posibles reclamos o manifestaciones.
El espacio contó con una inusual presencia de efectivos de la Policía de Río Negro, quienes permanecieron allí por pedido de las autoridades de la obra social.
La recepción de los telegramas disparó una serie de anuncios por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que anunció la judicialización de la desvinculación de Alonso y la suspensión de los trabajadores.
El secretario gremial de ATE, Romeo Aguiar, aseguró que los asesores jurídicos del sindicato “elaboran un recurso judicial para revertir el despido y las suspensiones, ya que fueron arbitrarias y sin justificación”.
En diálogo con Infobae, denunció que el instituto “se basó en una denuncia anónima y no otorgó a los trabajadores la posibilidad de hacer su descargo, por lo que actuó fuera de la ley y de forma injustificada”.
El organismo denunció la “militarización” de las oficinas de El Bolsón, que este lunes tuvieron un operativo de seguridad “desmedido”.
El escándalo surgió cuando una mujer acudió a las oficinas para realizar un trámite y se encontró con las oficinas cerradas y una leyenda en la puerta de acceso que anunciaba la adhesión al paro nacional.
Radicó una denuncia anónima, a partir de la cual las autoridades del organismo nacional anunciaron medidas contra los trabajadores que suspendieron la atención al público.
En su defensa, al menos mediática, tanto la delegada como dos de los empleados dijeron que estuvieron en las oficinas durante el horario de atención al público e incluso ficharon. Sin embargo, negaron la asistencia a los adultos mayores que necesitaban realizar trámites allí.
La diputada libertaria Lorena Villaverde celebró la decisión sancionatoria del PAMI y, a través de una publicación en redes sociales, aseguró que “se puso un límite frente a la militancia kirchnerista que quiso imponerse por encima de las necesidades de los abuelos”.
Este martes ATE brindará una conferencia de prensa para anunciar la batería de recursos judiciales que presentará “para revertir las sanciones y que los trabajadores vuelvan a sus lugares de trabajo” y anunció una movilización en toda la provincia con el mismo objetivo.
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