El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, con especial foco en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo de 2025.
El Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, devuelve la iniciativa al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. El veto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La decisión impacta directamente en los habitantes de las zonas afectadas, quienes esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.
El proyecto de ley, sancionado por el Congreso el 4 de junio de 2025, preveía declarar la emergencia por 180 días, crear un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, otorgar plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizar la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecer líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.
El Poder Ejecutivo justificó el veto total argumentando que las medidas propuestas ya habían sido implementadas mediante del Decreto 238/25, dictado tras el temporal del 7 de marzo en Bahía Blanca. Según el texto oficial, así se creó un fondo especial de $200.000 millones, gestionado por el Ministerio de Seguridad, y un régimen de subsidios denominado “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, destinado a los residentes de viviendas afectadas. El Ejecutivo informó que “el 85,43% del total de inscriptos para recibir el S.U.R. ya han recibido el pago correspondiente”, mientras que “los casos bajo análisis representan el 10,55% y los rechazos únicamente el 4,01%”.
El decreto presidencial remarca que la inclusión de Coronel Rosales en el programa resulta “de imposible cumplimiento”, ya que la zona de asistencia fue delimitada basándose en informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, que identificaron a Bahía Blanca como la más afectada. La Agencia Federal de Emergencias respaldó esta decisión y detalló que se relevaron 66 barrios de la ciudad.
Uno de los argumentos centrales del veto es la falta de previsión presupuestaria en la ley sancionada. El Ejecutivo citó el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que toda ley que autorice gastos especifique la fuente de financiamiento. El texto señala: “El proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias”.
El Gobierno también recordó que parte de los fondos para la asistencia ya implementada provienen del préstamo BID AR-O0016, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para emergencias por desastres naturales, cuya elegibilidad fue confirmada el 20 de marzo de 2025.
Respecto a la línea de créditos preferenciales propuesta en la ley, el decreto sostiene que el Banco Nación ya cuenta con facultades para otorgar asistencia financiera a empresas y familias, conforme a su carta orgánica y la normativa vigente.
Con esto, el Gobierno devolvió el proyecto al Congreso y su archivo, cerrando la vía legislativa para la declaración de emergencia y la creación de nuevos fondos de asistencia para los damnificados por las inundaciones en Buenos Aires, al menos, durante este año legislativo.
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