Una de las actividades de la semana que pasó en el Congreso fue otra desprolija reunión de la comisión bicameral relacionada con la Defensoría del Niño, que intenta salir del embudo en el que se metió para encontrar a su próximo titular tras la desactivación -semanas atrás- de Marisa Graham, que en enero pasado se auto prorrogó su propio mandato y generó una situación de extrema irregularidad en la entidad. La novedad es que toda la oposición -kirchnerismo, radicalismo y macrismo- dejó en soledad al oficialismo y avanzó con la confección de un concurso veloz con el que se buscará conseguir, hacia finales de septiembre, la definición de un sucesor.
La bicameral fue presidida por la diputada radical Natalia Sarapura. Durante el cónclave del martes último, y si bien contaba con el guiño del resto de las bancadas opositoras, la jujeña repitió episodios de confusiones para quienes participaban del convite. Hacia allí apuntó su colega de recinto Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza-Santa Fe) que, con simples preguntas de días hábiles o de corrido, dejó a varios legisladores con miradas desorbitadas. A esta altura, ya hay quienes sospechan sobre el objetivo real de todo este proceso.
En la reunión se concretó un paso fundamental: la votación de plazos para toda la cadena que involucra designar a un Defensor del Niño, desde la publicación de la convocatoria, inscripción de postulantes, listo de admitidos, impugnaciones y avales, examen -escrito y anónimo- y corrección, audiencias públicas con postulantes que sigan en carrera, evaluación final y elevación a Cámaras. Durante años, el Congreso no tuvo voluntad de cumplir con la ley y, la primera vez que lo hizo, Graham se convirtió en la titular del organismo.
Todo terminó de la peor manera, con el mandato auto prorrogado de Graham y un tardío fin que le aplicó el Congreso desde la bicameral. Es decir, un papelón institucional. Claro está que, como cuenta Infobae desde el año pasado, en medio de las mini peleas de los legisladores para subir en redes sociales se encuentran las pocas personas y organizaciones que, de verdad y sin cuestiones escondidas de fondo -cargos o militancia-, trabajan a destajo por esta temática. Suelen ser los más perjudicados.
De los 10 integrantes de la comisión, ocho lo hicieron por el cronograma que propuso la oposición en su conjunto. El PRO quiso deslizar una postura intermedia que, en el fondo, no sirvió de nada. Por su parte, Mayoraz sugirió noviembre -sobre el final del período ordinario-, lo que fue tomado por el resto como una picardía innecesaria. Minutos después, el diputado manifestó: “Quería marcar otra cuestión. Me llega información de que la ex usurpadora del cargo -en referencia a Graham- sigue yendo a la Defensoría, lo cual me parece absolutamente irregular. Estamos hablando de una persona que se tuvo que haber ido hace tiempo y no lo ha hecho, motivando una resolución de este Cuerpo para hacerle entender lo que comprende cualquier estudiante de primer año de Derecho -por no decir un estudiante secundario-. Es decir, ya no puede seguir yendo”.
Mayoraz además reiteró una crítica que realizan algunos sectores sobre la poca incursión federal de la gestión Graham. En esa línea, el legislador le detalló a la jujeña: “En el informe de 2024 y en el parcial de 2025, el 63% de las acciones de la Defensoría fueron en CABA y en la provincia de Buenos Aires. Su provincia tuvo el 1,69% de todas las acciones. Estamos hablando de un organismo que se lleva 7.000 millones de pesos por año. Entonces, ¿cómo estamos?”. Como aliciente, la presidenta de la bicameral quedó en convocar para el 24 de junio a distintas organizaciones.
En el despacho de Sarapura también se apilan consejos de instituciones que se dedican desde hace años a la temática, como “Infancia en Deuda”: las medidas abarcan la creación de un comité asesor para el armado y corrección de exámenes; la elaboración de una tabulación de puntajes de antecedentes y trayectoria; y el compromiso de difundir toda la información del concurso, entre otras cuestiones.
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