La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió que el presidente Javier Milei no incurrió en el delito previsto en la ley Ética de la Función Pública al difundir el proyecto “Viva la Libertad Project” y su criptoactivo asociado $LIBRA desde su cuenta personal en la red social X (ex Twitter) el 14 de febrero de 2025.
La decisión, firmada por Alejandro Melik, titular de la OA, organismo que depende del propio gobierno, puntualmente del Ministerio de Justicia, se emitió tras una investigación administrativa que analizó la conducta del mandatario y de otros funcionarios en relación con la promoción pública de este proyecto, que generó repercusiones económicas y judiciales.
La resolución, fechada el jueves 5 de junio pasado, se centra en determinar si la publicación de Milei constituyó un acto oficial o una actividad privada, y si implicó el uso de recursos públicos o la promoción indebida de intereses particulares. El análisis se realizó en el marco de una investigación paralela en la Justicia Federal, donde la causa principal tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, con intervención de la Fiscalía Federal N° 3 a cargo del fiscal Eduardo Taiano.
“Dado que no se ha detectado la existencia de un procedimiento, acto o contrato estatal respecto del referido proyecto y/o el criptoactivo $LIBRA, cabe descartar la hipótesis de omisión de un deber de abstención del señor Presidente de la Nación al respecto”, dice la resolución firmada por Melik y destaca que “dicho posteo, no conectado con actos administrativos, sin asignación de recursos públicos, ni acompañamiento institucional, debe interpretarse como un acto de comunicación individual o privada que no ha generado un direccionamiento oficial de políticas públicas de ninguna naturaleza”.
¿Qué motivó la investigación?
El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta personal de X un mensaje celebrando el lanzamiento de un proyecto privado que, según el posteo, buscaba “fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos” mediante el uso de la criptomoneda $LIBRA. El mensaje incluía enlaces al sitio web del proyecto y a la dirección del token en la plataforma Solana. Tras la publicación, la cotización del criptoactivo experimentó una suba abrupta y posterior caída, lo que generó sospechas de maniobras especulativas y motivó denuncias de presunta estafa.
La repercusión mediática y la presentación de denuncias judiciales, entre ellas la realizada por el ex diputado Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, llevaron a la OA a iniciar un expediente para determinar si existieron infracciones éticas por parte de funcionarios públicos, incluido el presidente.
La OA recabó información de fuentes abiertas, declaraciones juradas patrimoniales, registros de audiencias públicas y respuestas de organismos estatales. Se analizaron los vínculos entre los funcionarios y las empresas o personas asociadas al proyecto, como KIP Protocol (cuyo CEO es Julián Peh), Kelsier Ventures (representada por Mark Hayden Davis), Tech Forum SRL (con Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy), y otros actores del ecosistema cripto.
El expediente también examinó la situación de Sergio Daniel Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien figuraba entre los investigados por la Justicia federal y tenía antecedentes de consultas sobre incompatibilidades e intereses en el sector fintech y blockchain.
¿Cuáles fueron los argumentos principales de la OA?
La OA sostuvo que la publicación de Milei en su cuenta personal no constituyó un acto oficial ni implicó el uso de recursos públicos. El organismo citó criterios recientes y doctrina comparada, incluyendo fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la distinción entre actos personales y oficiales en redes sociales de funcionarios públicos.
Según la OA, “las cuentas personales —aunque utilizadas por funcionarios públicos—, se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión, siempre que no comprometan recursos del Estado ni impliquen instrucciones, anuncios o resoluciones gubernamentales con la pretensión de ejercer una autoridad o mandato institucional”.
En el caso analizado, la OA concluyó que “la publicación sobre el proyecto ‘Viva la Libertad Project’ de fecha 14 de febrero desde la cuenta en ‘X’ @JMilei, no implicó una actividad gubernamental por parte del Dr. Javier Milei”.
Además, la Secretaría de Comunicación y Medios informó que “no gestiona y/o maneja y/o genera contenidos y/o de otra forma destina recursos para la cuenta personal del Sr. Presidente de la Nación en la red social X @JMilei”.
La OA también verificó que no existían antecedentes de acciones de gobierno, convocatorias, contrataciones o apoyos institucionales vinculados al proyecto o al criptoactivo en cuestión. Las respuestas de la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría Legal y Técnica y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología confirmaron la inexistencia de trámites oficiales relacionados.
¿Qué se resolvió sobre otros funcionarios?
Respecto de Sergio Daniel Morales, la OA determinó que no se apartó de las instrucciones sobre ética pública y conflicto de intereses durante su desempeño como asesor de la CNV. El organismo verificó que Morales no tenía competencia funcional directa sobre las actividades de su empresa Morales Valores S.A.S. ni sobre los actores investigados en el caso $LIBRA, y que su empresa no operaba ni estaba inscripta como agente regulado al momento de su función pública.
No obstante, la OA recomendó a la Comisión Nacional de Valores analizar la viabilidad de iniciar actuaciones administrativas para verificar si Morales utilizó información reservada en beneficio de los intereses de las personas investigadas en el expediente “$LIBRA S/ INVESTIGACIÓN”.
¿A quiénes afecta la decisión?
La resolución afecta principalmente al Presidente Javier Milei, despejando cuestionamientos sobre su conducta ética en relación con la promoción del criptoactivo $LIBRA. También involucra a Sergio Daniel Morales y a la Comisión Nacional de Valores, que deberá evaluar si corresponde profundizar la investigación administrativa sobre el ex asesor.
¿Por qué se tomó esta decisión?
La OA fundamentó su decisión en la ausencia de actos administrativos, uso de recursos públicos o vínculos patrimoniales entre los funcionarios y el proyecto investigado. El organismo subrayó la importancia de distinguir entre la esfera personal y la oficial en el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos, y la necesidad de preservar tanto la ética pública como los derechos individuales de expresión.
La investigación administrativa se mantendrá abierta a eventuales novedades que surjan de la causa penal en trámite en la justicia federal, donde se determinará si existieron delitos o responsabilidades penales vinculadas al lanzamiento y promoción del criptoactivo $LIBRA.
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