Ricardo Lorenzetti: “El Estado de Derecho debe ser entendido necesariamente como ambiental”

El avance del cambio climático plantea dilemas urgentes a los poderes judiciales de todo el mundo. Durante la segunda jornada del foro internacional “Judges & Climate Change”, celebrado los días 3 y 4 de junio de 2025, destacados referentes del derecho ambiental debatieron sobre los desafíos jurídicos y políticos que surgen frente a la judicialización de la crisis climática.

En el panel central “La emergencia climática en los tribunales: el rol y las responsabilidades de los jueces”, Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Argentina, compartió sus reflexiones junto a Luc Lavrysen, presidente del Tribunal Constitucional belga y del Foro Europeo de Jueces para el Medio Ambiente, y Fabien Raynaud, miembro del Consejo de Estado de Francia. Patricia Kameri-Mbote, directora de la División de Derecho del PNUMA, encabezó la moderación.

Desde el inicio de su intervención, Lorenzetti situó el foco en la creciente presión que enfrentan los jueces por sus decisiones relativas al ambiente. “Estamos enfrentando un verdadero ataque contra los poderes judiciales porque estamos tomando decisiones que son altamente criticadas, ya que vamos más allá —o se nos acusa de ir demasiado lejos— simplemente por aplicar el Estado de Derecho”, destacó.

En su visión, el Estado de Derecho debe ser entendido necesariamente como un Estado de Derecho ambiental: “El medio ambiente forma parte de ese Estado de Derecho. Sólo necesitamos aplicarlo”.

El magistrado argentino abordó las responsabilidades judiciales frente a una oleada de regresión normativa en cuestiones ambientales. “Durante los últimos 50 años hemos sido testigos del avance del ambientalismo, que dio lugar al surgimiento de un nuevo paradigma. Sin embargo, esta tendencia no es inmune a la regresión, que puede observarse actualmente en muchas partes del planeta, especialmente en tiempos de crisis económica o nacionalismo”. Señaló la competencia entre países bajo premisas de desarrollo económico, que deriva en “introducir legislación menos protectora del medio ambiente, o retirarse de tratados internacionales”, lo que implica rebajar estándares y facilitar la degradación ambiental.

En el ámbito judicial, Lorenzetti advirtió sobre un fenómeno creciente: “En muchos países, las Cortes están cambiando su tradición en materia de derecho ambiental. Observamos cambios en la composición de los tribunales, y los nuevos jueces no respetan los precedentes. En otros países, los jueces desarrollan una especie de populismo judicial, modificando tradiciones consolidadas”. Ante este nuevo escenario, defendió el principio de no regresión: “Es un principio modesto, ya que busca simplemente mantener lo ya alcanzado”.

Lorenzetti detalló que existen distintas formas de plasmar la no regresión, entre ellas una proclamación expresa, la exigencia de que la protección ambiental nunca sea inferior a lo pactado en acuerdos internacionales, y la prioridad de los tratados más protectores en caso de conflicto normativo. Insistió en que el principio de progresividad, muy presente en el derecho de derechos humanos, impone que “en los procesos de cambio legislativo no puede haber retrocesos. Por el contrario, el nivel de protección alcanzado debe respetarse, no reducirse, sino incrementarse”.

Argumentó que el mínimo existencial de protección ambiental supone asegurar condiciones para la supervivencia de los sistemas ecológicos, y puso como ejemplo la jurisprudencia argentina: “La protección ambiental no significa frenar el progreso, sino hacerlo más duradero para que las futuras generaciones puedan disfrutarlo”. Según la legislación nacional, ese umbral exige previsión, datos confiables y diálogo con las ciencias para monitorear los bienes ambientales.

El juez argentino sostuvo que la regresión más grave ocurre en el plano normativo, cuando una ley o decisión administrativa reduce el estándar de protección. Advirtió que los propios tribunales pueden propiciar retrocesos al cambiar jurisprudencia en materia ambiental, sobre todo cuando se modifica la composición de las cortes: “Me gustaría llamar su atención sobre este nuevo problema: los tribunales también están retrocediendo en sus decisiones en muchos países”.

Frente a este contexto, propuso un estándar de exigencia: “La regresión no puede ser injustificable”. Recordó la doctrina de la Corte Suprema argentina, que “prohíbe al legislador adoptar medidas regresivas injustificadas”, y afirmó que los tribunales deben declarar inconstitucionales o nulas esas medidas. La inversión de carga de la justificación y la interpretación más favorable (“in dubio pro natura”, muy utilizada en Brasil gracias al juez Benjamin) se vuelven herramientas centrales para consolidar la protección.

También enfatizó la responsabilidad judicial en la defensa de derechos vulnerables frente al avance de la judicialización climática. “Hoy en día, estamos enfrentando un verdadero ataque contra los poderes judiciales porque estamos tomando decisiones que son altamente criticadas, ya que vamos más allá —o se nos acusa de ir demasiado lejos— simplemente por aplicar el Estado de Derecho”.

Destacó que existen distintas tradiciones jurídicas en el mundo, con más o menos derechos constitucionales, pero “en todo el mundo hay un reconocimiento del derecho a un ambiente cultural, y contamos con numerosos tratados. Así que los jueces simplemente deben aplicar la ley. No somos activistas en este ámbito. Sólo aplicamos la ley y los tratados internacionales”.

El magistrado alertó que la presión contra el avance judicial en materia ambiental ha generado una “crisis del consenso”. Señaló: “No se trata sólo de un cambio político: se está cuestionando el consenso mismo, el consenso sobre el Estado de Derecho y, sobre todo, el Estado de Derecho ambiental. Hay muchas formas de negación”. En ese contexto, subrayó que “cuando todo marcha bien, es muy fácil ser juez y ambientalista. Pero cuando los tiempos cambian, es cuando se necesitan héroes —o personas que realmente crean en el Estado de Derecho ambiental”.

A lo largo del panel, los aportes de Lavrysen y Raynaud reflejaron desafíos e innovaciones en Europa y Francia, mientras la experiencia argentina permitió analizar estrategias para evitar la regresión judicial y fortalecer el principio de progresividad. Los participantes coincidieron en que el Estado de Derecho ambiental enfrenta hoy no sólo los embates de nuevos modelos económicos, sino cuestionamientos a la propia legitimidad de la función judicial, lo que eleva la responsabilidad de los jueces como guardianes del statu quo y del futuro ambiental.