El Gobierno de Mendoza envió a la legislatura provincial un proyecto de ley para comenzar a cobrarle a las víctimas de accidentes en Alta Montaña. Según señala el documento, el objetivo es “disuadir la imprudencia o negligencia” y “promover el cumplimiento de las normas”.
El proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 9 de abril, busca realizar una modificación en la Ley N° 6.722, que regula el funcionamiento de las fuerzas policiales en la provincia.
Concretamente, mediante la incorporación del artículo 26 bis, se le otorgaría al Ministerio de Seguridad la facultad legal de cobrar un cargo fijo por los costos derivados de los rescates realizados por la Policía y los cuerpos especiales.
El cobro -que no se aplicaría en todos los casos- se definiría según factores como los riesgos asumidos, el cumplimiento de los protocolos, normas legales y la negligencia del caso, según detalla el proyecto de ley firmado por el gobernador, Alfredo Cornejo.
En tanto, el monto se determinará anualmente, de acuerdo con la ley impositiva de la provincia y teniendo en cuenta: “Cantidad de patrullas desplegadas, extensión del operativo, intervención de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y/o helicópteros, entre otros aspectos“.
“Los fondos recaudados por este concepto serán destinados al Ministerio de Seguridad y Justicia, y al menos la mitad de ellos serán utilizados directamente para el fortalecimiento y operación de la UPRAM”, agrega el proyecto de ley.
Y añade: “Al establecer este cargo, se busca que las personas tomen conciencia de los riesgos y costos involucrados en las operaciones de rescate, incentivando un comportamiento más responsable en las actividades de alto riesgo, especialmente en las zonas de montaña”.
Las unidades especializadas están compuestas por los Cuerpos de Infantería, Montada, Canes, la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT), la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña yel Cuerpo de Aviación Policial (CAP), entre otras.
Este último tiene una participación destacada en operativos en la Cordillera de los Andes, así como en el combate de incendios. En tanto, la división de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) cuenta con 21 pilotos certificados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y otros en proceso de certificación.
Al mismo tiempo, la provincia cuenta con 12 drones con visión nocturna, transmisión de voz y autonomía extendida, preparados para realizar rescates.
Desde la cartera que encabeza Mercedes Rus confirmaron a MDZ Online que la iniciativa no apunta a cobrar por todos los operativos de rescate o búsqueda de personas, sino que se evaluará el despliegue realizado en cada procedimiento: “No es que el Estado vaya a empezar a cobrar todos los operativos de rescate”, sostuvieron.
En ese sentido, para determinar el cobro se considerarían factores como los riesgos asumidos por la persona, el cumplimiento de los protocolos correspondientes a la expedición, y el uso —o no— de dispositivos de geolocalización o georreferenciación: “Todo eso, más la negligencia del caso, es lo que va a tener en cuenta el Estado para decidir si procede al cobro o no”.
Además, el gobierno provincial evitó brindar detalles sobre el costo promedio de los operativos de rescate. Aclararon que el monto que se establecería a partir de esta medida no estará vinculado directamente al valor real de cada procedimiento.
Y es que, para determinar el costo de un procedimiento, entre los aspectos a considerar se deberían incluir los sueldos del personal de rescate, el equipamiento y su mantenimiento, los costos de conectividad, el valor de los drones, la certificación y formación de sus pilotos, así como las horas de vuelo en helicópteros.
“Un traslado real del costo a la persona no va a ocurrir nunca. El costo sería infinito, por eso esta ley busca establecer un canon que no va a ser el costo del operativo pero que va a ser representativo”, precisaron.
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