Tensión en la marcha de jubilados: la policía aplica el protocolo antipiquetes ante los manifestantes frente al Congreso

En otro miércoles de tensión en la marcha de jubilados, los manifestantes intentaron cortar la calle en reiteradas oportunidades, pero hubo resistencia de la policía. A su vez, varias organizaciones acompañaron a los habituales asistentes de esta movilización que se realiza todas las semanas.

En los alrededores del Congreso de la Nación, había un imponente operativo de seguridad que se desplegó desde temprano para evitar la concentración de gente e impedir el corte de las calles, aplicando el protocolo antipiquete.

Según pudo saber Infoabe de fuentes oficiales, por el momento no hay detenidos en las inmediaciones del Congreso. Mientras que en las terminales donde también se llevan a cabo operativos, retuvieron a 33 individuos.

Se estima que hay decenas de efectivos de infantería, en una acción que involucró a múltiples fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Para controlar la situación, las fuerzas federales formaron un cordón de seguridad destinado a evitar que los manifestantes se desplazaran hacia las calles. Paralelamente, por el vallado se instaló alrededor del Congreso, estaban bloquedas la intersección de la avenida Callao y la avenida Rivadavia. Debido a esta medida, se generó un desvío obligatorio del tráfico por Rivadavia, lo que derivó en un significativo caos vial en el área.

También quisieron cortar la calle Rodríguez Peña, en el cruce con la avenida troncal, pero rápidamente los efectivos de seguridad aplicaron el protocolo. Además, a lo largo de la tarde, pidieron a través de un megáfono que los protestantes que suban a la vereda.

Hubo bombas de estruendos por parte de los manifestantes contra un grupo de los efectivos.

Además de los jubilados, estaban integrantes del movimiento UTEP y había personal que fue despedido de una empresa privada que se sumaron a la movilización y nuevamente se encontraron los integrantes de la mesa ecuménica, que está integrada por un grupo de sacerdotes. Justamente, el padre Paco Olveira, quien fue detenido en las últimas dos protestas, es uno de los integrantes de este movimiento.

En principio, una de las columnas que tenía manifestantes de organizaciones sociales intentaron cortar la avenida Rivadavia y fueron rápidamente llevados a la vereda de la Plaza del Congreso para evitar que se pare al tránsito. También se reportó que el dirigente de izquierda Nicolás Del Caño participó de la manifestación.

Hubo dos fotógrafos que fueron afectadas por el gas pimienta que lanzó la policía.

La dinámica política actual en Argentina se centra en los esfuerzos de la oposición por asegurar el quórum necesario para convocar una nueva sesión legislativa. Tras no lograr el número de legisladores requerido en el último intento, los bloques opositores al Gobierno trabajan en un temario que maximice el consenso, mientras omiten temas conflictivos que históricamente han carecido de apoyo suficiente.

Uno de los puntos de acuerdo es la revisión del cálculo de jubilaciones, sector afectado tras la modificación de las fórmulas por el gobierno, que fue vetada anteriormente. A su lado está el proyecto propuesto por Unión por la Patria, que aboga por reinstaurar una moratoria de aportes previsionales por dos años, con un impacto estimado en el PIB de 0,165% en total. Junto a esto, discuten un aumento del bono mínimo para jubilados, actualmente fijado en $70.000, con propuestas que incrementarán considerablemente el gasto fiscal dependiendo de la extensión aprobada.

Paralelamente, el presupuesto universitario encuentra su lugar en la agenda. Las universidades han emprendido acciones para impulsar su financiamiento, organizando una marcha que apoya la presentación de proyectos ante el Congreso. Esta movilización busca consolidar recursos esenciales para el sector educativo superior.

El tercer eje central es el proyecto de Emergencia en Discapacidad, promovido por asociaciones de familiares. Con dictamen favorable, esta propuesta pretende garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hasta 2027, mediante sólidas medidas normativas e institucionales.

Con estos elementos sobre la mesa, la oposición espera concretar la sesión el 4 de junio, buscando éxitos legislativos sólidos en áreas estratégicas y de amplio respaldo social.