Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, comenzó a discutir este miércoles, en un proceso más que lento y con pocas certezas, el aumento o no de integrantes en la Corte Suprema, con una preocupación por la jurisprudencia histórica del máximo tribunal de Justicia ante el potencial aterrizaje continuo de conjueces.
“Si no están de acuerdo los tres miembros del tribunal, no hay mayoría y hay que citar conjueces. ¿Cuál es el riesgo? Uno, es el aumento o dilación de las soluciones; y la otra, más grave, al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas”, planteó el peronista disidente Juan Carlos Romero.
El salteño luego expresó: “Que la decisión la tomen magistrados que no tienen tan viva la necesidad de la tradición en los fallos puede llevar a que terminemos cambiando, de un día a otro, jurisprudencias aceptadas”.
Por último, Romero dijo: “Hay algunos que dicen que aumentar el número genera inseguridad. Es posible, pero más grave es el hecho de que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles. Y, sin justicia previsible, vamos a tener un riesgo de inseguridad para mucha gente”.
El convite tuvo otro dato más que llamativo: el corrimiento del debate que ejecutó el kirchnerismo a través de su jefe, José Mayans, para exigir la partida de los tres magistrados actuales -tendrían que ser cinco- de la Corte Suprema. “No están a la altura de las circunstancias”, lanzó el legislador formoseño.

Mayans recordó cómo el kirchnerismo, durante su primer Gobierno, renovó la Corte Suprema. Seguido a ello, advirtió que el Consejo de la Magistratura funciona con “una ley derogada”, algo que “el poder político no puede ni debe aceptar”, y calificó esa situación como “la más grave que tiene el país”. El formoseño fue más allá hacia con menciones contra el Gobierno del estilo “cuando pase el temblor, no sé qué va a pasar” y “el puente se va a caer”.
“Es la misma Justicia que condenó a cientos de represores que están presos o condenados, y que logró condenar últimos 20 años a muchos corruptos. No es criticar lo que no nos gusta, sino dejarla hacer su trabajo”, aseveró Romero. Pareció una respuesta a los dichos de Mayans. También se sumó Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), quien enfatizó: “No es necesario que, desde este lugar, estemos haciendo acusaciones”.
Crexell también direccionó la lupa hacia un tema de trascendencia sobre el Consejo de la Magistratura. “Es un órgano bastante opaco dentro del sistema de selección y de ‘jury’, y nadie habla de lo que pasa allí”, disparó. Más allá de todo esto, el plenario decidió convocar a diversos expositores para las próximas semanas. Es decir, un trámite que se extenderá, sin dudas. Más aún, después de las declaraciones de Mayans.
AGN
Hay dos proyectos que cobraron vida: el de Mayans y Romero. Ambos comparten la disminución de los mandatos, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. Es decir, actualizados a la realidad de los gobiernos y renovaciones parlamentarias, en general. Un ítem con leves diferencias apunta a la remuneración de los auditores: el del formoseño habla de ser “equivalente” al de legisladores -sin aclarar cuáles y genera una duda, dada la diferencia entre las dietas de Diputados y Senadores en la actualidad-, mientras que el segundo impone que no perciban “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, hoy en más de $9,1 millones en bruto.
El texto de Mayans -acompaña la bonaerense Juliana di Tullio- propicia la ampliación de siete a nueve miembros -se incluye la Presidencia-, mientras que el de Romero sostiene la integración vigente. Según contó Infobae días atrás, la Casa Rosada dio a entender, semanas atrás, que prefería en este sentido el de Romero. No obstante, quienes llevan mucho tiempo en el Congreso insinúan por lo bajo que no es para nada descabellado contemplar la iniciativa del formoseño. Un tercer proyecto a la vista será el del kirchnerista salteño Napoleón Leavy.

Si la discusión sobre la AGN llegara a trabarse, se forzaría la definición bajo la normativa vigente: tres por diputados, tres por el Senado y la presidencia -hoy vigente- del peronista filo K Juan Manuel Olmos, el único que hoy salva al organismo de la acefalía. Si no, el Gobierno no descarta un DNU para modificar su integración y duración de mandatos, como indicó este medio el pasado fin de semana.
Tres horas antes del debate de hoy, la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados también analizó textos sobre la AGN. El del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue catalogado por un par de bloques en el Senado como cercano a lo delirante: cuatro para ellos, dos para la Cámara alta.
El debate por la AGN divide a todas las bancadas. Inclusive, a diputados y senadores de la misma fuerza. A partir de ahora, el embrollo a resolver es si primero se salda una nueva ley y luego la designación de los auditores, o viceversa. Si ocurriera el último caso, se activará una especie de “derecho adquirido” y la estabilidad por ocho años. Un jugoso regalo. El propio Mayans lo reconoció este miércoles. “No voy a decir todo lo que tienen, porque alguno se puede enojar”, deslizó.
La pelea por las sillas en el organismo de control externo sobre los gastos del Ejecutivo marcó que, en Diputados, se cayera la última sesión por falta de quorum. La mayoría de la Cámara baja consideró que el proyecto de Menem sirvió, más allá del rechazo anticipado del Senado, para frenar designaciones que sean opositoras al Ejecutivo. Con igual o más butacas, es una pelea muy compleja para la Casa Rosada. Por eso el fantasma del DNU.
Sin demasiadas precisiones, la senadora del peronismo disidente y titular de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo -algunos bloques desconfían de su manejo-, quedó en convocar a asesores de la comisión para los próximos días, con el fin de intentar un borrador de dictamen. Romero quiere que la semana próxima se firme para llevar esta puja al recinto.
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