
Con más dudas que certezas, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales del Senado iniciaron, desde las 13 de hoy, el debate sobre un lote de proyectos relacionados con la integración de la Corte Suprema -aumentar número y respetar género-, luego de la piña que la Casa Rosada recibió a inicios del mes pasado, tras un sinfín de errores y operaciones, para imponer a dos nuevos magistrados en el máximo tribunal de Justicia del país, la última instancia para resolver conflictos.
Una vez finalizado este tema, la de Asuntos Constitucionales, que comanda la peronista disidente Alejandra Vigo -otras bancadas sospechan de sus intenciones-, continuará por su cuenta para analizar iniciativas que apuntan a modificar las butacas y los mandatos en la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano por excelencia para el control externo de los gastos del Estado. La de Justicia es liderada por el libertario Juan Carlos Pagotto.
Para el primer tema, las últimas horas fueron de idas y vueltas por una cuestión básica que esconden la Casa Rosada y el kirchnerismo: nadie sabe qué pretenden para la Corte Suprema. Por eso la importancia del plenario de hoy, si es que en dicho convite se blanquean, más allá de los proyectos en danza, las verdaderas intenciones de ambos bandos.
Durante la jornada de ayer, incluso hubo un intento del Gobierno para dinamitar el plenario en cuestión -siempre corre el temor de una unión exprés entre opositores férreos y dialoguistas, orquestada con discreción- no sólo por el tema de la Corte, sino también por lo de la AGN que Asuntos Constitucionales tratará posterior al primer debate.
Para el máximo tribunal de Justicia hay textos que plantean un aumento de la integración hasta siete, nueve y 15 magistrados supremos. El último caso es similar al proyecto que aprobó el cristinismo en 2022 y quedó sepultado en Diputados.
Con el fin de evitar tropelías, la expectativa estaba puesta en Vigo: al presidir el plenario, los libertarios esperaban que aclare, al inicio de la reunión, que la misma sería de carácter “informativo”; finalmente así fue. Vale recordar que, tras el papelón de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y el voto negativo sobre Ficha Limpia -tras anunciar que acompañarían-, el clima en la Cámara alta quedó agitado.
AGN
Hay dos proyectos que cobraron vida e involucran a dos experimentados: el Frente de Todos, José Mayans; y el peronista disidente Juan Carlos Romero, de la bancada Provincias Unidas. Ambos comparten la disminución de los mandatos, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. Es decir, actualizados a la realidad de los gobiernos y renovaciones parlamentarias, en general. Un ítem con leves diferencias apunta a la remuneración de los auditores: el del formoseño habla de ser “equivalente” al de legisladores -sin aclarar cuáles y genera una duda, dada la diferencia entre las dietas de Diputados y Senadores en la actualidad-, mientras que el segundo impone que no perciban “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, hoy en más de $9,1 millones en bruto.
El texto de Mayans -acompaña la bonaerense Juliana di Tullio- propicia la ampliación de siete a nueve miembros -se incluye la Presidencia-, mientras que el de Romero sostiene la integración vigente. Según contó Infobae días atrás, la Casa Rosada dio a entender, semanas atrás, que prefería en este sentido el de Romero. No obstante, quienes llevan mucho tiempo en el Congreso insinúan por lo bajo que no es para nada descabellado contemplar la iniciativa del formoseño. Un tercer proyecto a la vista será el del kirchnerista salteño Napoleón Leavy.
Si la discusión sobre la AGN llegara a trabarse, se forzaría la definición bajo la normativa vigente: tres por diputados, tres por el Senado y la presidencia -hoy vigente- del peronista filo K Juan Manuel Olmos, el único que hoy salva al organismo de la acefalía. Si no, el Gobierno no descarta un DNU para modificar su integración y duración de mandatos, como indicó este medio el pasado fin de semana.
Tres horas antes del debate de hoy, la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados también analizó textos sobre la AGN. El del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue catalogado por un par de bloques en el Senado como cercano a lo delirante: cuatro para ellos, dos para la Cámara alta.
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