Escala el conflicto con Uruguay por la instalación de una planta de hidrógeno verde

La titular de la Fiscalía del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, inició una investigación preliminar sobre la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú. El emprendimiento se situará en una zona del río Uruguay, ubicada frente a las playas de la localidad de Colón, en la provincia de Entre Ríos. La preocupación central es que podría impactar de manera directa sobre el turismo, la principal fuente de ingresos de la región.

El proceso que abrió Minatta ha dado sus primeros pasos. “Le encomendamos a Prefectura la realización de muestras periódicas del río. Más allá de que la CARU (Comisión administradora del río Uruguay) va recogiendo muestras, queríamos tener una fuente independiente”, afirmó en declaraciones al medio local El Entre Ríos. La CARU es un ente binacional surgido luego del Tratado del Río Uruguay, rubricado entre Argentina y Uruguay.

El caso de la planta de hidrógeno verde amenaza con entrar en la misma vorágine que la instalación de la pastera Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos. La puja entre un proceso industrial relevante para Uruguay (sería la inversión privada más importante de su historia) y el miedo de los pobladores por las posibles consecuencias en el ambiente va in crescendo.

Minatta tuvo presente el caso Botnia como antecedente directo de lo que está ocurriendo ahora. Cuando se instaló la pastera de origen finés “en (el Tribunal Internacional de) La Haya nos dijeron que no habíamos podido comprobar la contaminación”, recordó, trayendo a colación la demanda que Argentina presentó contra Uruguay por la pastera.

“En realidad - acotó la fiscal federal - no es que no se pudo comprobar, sino que no teníamos muestras previas a la instalación de la planta para comparar. Por eso ahora es importante para mí hacer un monitoreo del estado del río y del ambiente en general para tener registro”. Esto permitiría “ante un eventual conflicto más severo contar con elementos”, razonó.

Además, la fiscal federal requirió informes a las Secretarías de Ambiente de la Provincia y de Nación. Estos organismos “no tenían ninguna información al respecto”, resaltó la funcionaria judicial.

La instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú aún no ha avanzado. El gobierno local cambió hace unos meses el uso de la tierra de rural a industrial. Es el único paso en concreto. En Montevideo, las autoridades del Gobierno de Yamandú Orsi destacan que aún no hay avances en aspectos centrales del proyecto y que, por eso, la iniciativa está en pañales.

“La empresa todavía no presentó los papeles ante el organismo uruguayo pertinente”, remarcó Minatta. Por eso “no contamos con estudios de impacto ambiental para evaluar cuál sería el perjuicio”. “Cuando los presenten, vamos a activar todos los mecanismos para que Cancillería pueda solicitarlos”, agregó.

La postura de las autoridades de Colón y de la mancomunidad de ciudades circundantes es la misma: la planta debe relocalizarse. Detrás de este planteo se han alineado las distintas fuerzas políticas de la provincia.

El gobernador Rogelio Frigerio hizo un viaje especial a Montevideo a fines de marzo. Quería tratar el tema en persona con las autoridades orientales. Lo recibió el propio Orsi. Luego, mantuvo una charla más detallada con el canciller Mario Lubetkin.

“El diálogo entre gobiernos, los estudios de impacto y la voluntad política son claves para que estos proyectos no generen temores, sino oportunidades de desarrollo”, sentenció Lubetkin.

“Tenemos que trabajar juntos para que el desarrollo energético sea compatible con el desarrollo turístico y productivo de ambas márgenes. Estoy seguro de que vamos a llegar a un entendimiento”, coincidió Frigerio.

Un mes después, Minatta comenzaba su investigación preliminar luego de una reunión con el intendente de Colón, José Luis Waiser. Fuentes oficiales consultadas por Infobae indicaron que la decisión de la fiscal federal no enturbiará el proceso político. “La relación de Rogelio con el presidente de Uruguay es muy buena. Se viene haciendo un buen trabajo bilateral. No hay forma que lo de la fiscal complique la negociación”, puntualizaron en la Casa de Gobierno de Entre Ríos.

La administración del ex presidente Luis Lacalle Pou firmó con la empresa HIF Global un entendimiento para el proyecto. Demandará un desembolso de 6 mil millones de dólares y, de concretarse, sería la mayor inversión extranjera en la historia del vecino país.

El emprendimiento pretende generar combustibles sintéticos. Para ello, utilizaría dióxido de carbono que emerge de las cadenas de biomasa y también hidrógeno verde, que sería generado a partir de energías renovables. Ponerlo en marcha implicaría 3 mil empleos en forma directa, según el memorando de intención que firmó Lacalle Pou con HIF Global en febrero del año pasado.

Estaría ubicado 5 kilómetros al norte de Paysandú, ciudad ribereña al río Uruguay. Ocuparía 442 hectáreas que estaban categorizadas para uso rural. El Concejo Deliberante local autorizó a fines de febrero la readecuación del uso de esa tierra. Del total, 152 has. pasarían a ser de utilización rural natural y 228 suburbana industrial.

Es el primer escalón de un proceso que concluiría con la instalación de la planta y de una cañería de 7 km hacia el sur, hasta el establecimiento de Alur (Alcoholes del Uruguay). La firma es parte del holding público Ancap. Está dedicada a la producción de biodiesel y otros subproductos derivados.

Además, se prevé la construcción de un puerto de exportación en la zona de la Isla San Francisco. Esto implicaría incrementar el dragado del río aguas abajo.

HIF Global es una firma controlada por la chilena AME, pero con sede central en Houston, Texas. Los otros socios de la compañía son Porsche, EIG, Baker Hughes, Gemstone Investments, Idemitsu y JOGMEC. Las obras del proyecto se pondrían en marcha recién en 2026, según las previsiones actuales.