En la misma semana en que el Gobierno reglamentó el derecho de huelga, los controladores aéreos anunciaron un plan de lucha en demanda de aumentos salariales que afectará a los vuelos desde este fin de semana.
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció este jueves que comenzará con paros que impedirán el despegue de los aviones: el sábado, de 13 a 17, en los vuelos internacionales, y el domingo, de 19 a 22, en el servicio de cabotaje, ante “una propuesta salarial inaceptable” por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Según el sindicato, que lidera Paola Barritta, la empresa “ofreció un 0% de aumento y pretende dar por cerrado el período paritario 2024/25 cuando llevamos más de 8 meses sin actualizaciones salariales”.
La incógnita es si ATEPSA adaptará sus medidas de fuerza a la obligación de prestar servicios mínimos fijadas en el flamante decreto 340 del Gobierno, que, en el caso del tráfico aéreo, estipula que al gremio debe garantizar un 75% de la prestación normal del servicio.
El plan de lucha anunciado seguirá con paros parciales y por sector el martes 27 y miércoles 28, y el viernes 30 y sábado 31, día en que las medidas de fuerza alcanzarán a toda la aviación.
Además del reclamo salarial, ATEPSA denunció “los despidos ilegales de controladores, técnicos y operadores SAR, el vaciamiento de áreas clave, el posible cierre del centro de formación profesional y la falta total de respuestas por parte de las autoridades del sector".
Hace 24 horas, el Gobierno dispuso por decreto la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, lo que obligará a los sindicatos que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%.
La palabra de Gerardo Martínez
La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y lleva el número 340, está firmada por Javier Milei y sus 9 ministros y rescata lo que fijaba el DNU 70 en su capítulo laboral, que fue frenado por la Justicia tras una presentación de la CGT.
El sindicalismo rechazó el decreto 340 y anunció una fuerte ofensiva para frenar su aplicación. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, dijo a Infobae que “insistimos en la herramienta del diálogo consensuado para discutir y avanzar sobre cualquier modificación que deba hacerse en materia laboral, pero siempre con los actores sociales correspondientes, no sacando normativas de manera unilateral que vulneran los derechos fundamentales y la libertad sindical”.
“Este Gobierno le teme al diálogo y parece que no tiene herramientas legales para justificar sus objetivos pro-patronales”, agregó.
Martínez, de todas formas, afirmó que para la CGT “todas las disposiciones contempladas en el artículo 97 del DNU 70 continúan suspendidas por la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”, por lo cual interpretó que " la declaración de invalidez constitucional del artículo 97 no se vería afectada".
Por eso el sindicalista consideró que el decreto 340 “atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Convenio 87 de la OIT y nuestra Constitución e impone la actuación de la Justicia con los criterios aplicados en la sentencia de referencia".
Anticipó, en ese sentido, que “ya está trabajando el equipo jurídico de la CGT que ideó los lineamientos del amparo contra el DNU 70, analizando los caminos legales a seguir para llevar a la Justicia estas normativas que contradicen el orden constitucional e internacional en materia laboral” y, además, “se realizará la presentación de la queja correspondiente ante la OIT”.
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