Acorralado por el avance de las causas en su contra, el ex ministro Transporte en la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio pidió declarar de manera espontánea ante el fiscal Alvaro Garganta, que lo había imputado formalmente por un negociado millonario con las multas y la VTV, que estaban bajo su órbita. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la declaración indagatoria se realizará el próximo 28 de mayo.
D’Onofrio está imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito (por las multas) y como autor por la maniobra de la VTV. En total hay 16 imputados entre funcionarios judiciales, estatales, y empresarios del sector.
Esa causa arrancó en octubre de 2023. Pese al escándalo de corrupción, D’Donofrio resistió durante varios meses y renunció recién el 30 de diciembre del año pasado.
Durante la investigación, el fiscal Garganta detectó al menos tres maniobras bien diferenciadas. El sistema de recaudación más importante se concentró en el sistema de multas. Un grupo de funcionarios que dependían de D’Onofrio “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como ”gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.
Esa maniobra, que habría arrancado en enero de 2022, cuando D’Onofrio llegó a Transporte, contaba con la participación de varios jueces de faltas. Entre los imputados aparece Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata. La Justicia detectó que viajaba de manera frecuente al exterior junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio. Luego se determinó que ambos estarían vinculados a dos emprendimientos gastronómicos en Málaga (España). Esa hipótesis se acaba de confirmar con un informe reservado que llegó del exterior.
Otra maniobra apunta a las irregularidades en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT). La resolución destaca que ese negocio fue otorgado a siete empresas que previamente habrían tenido que contratar con la a empresa ”Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que tendrían participación funcionarios del Ministerio de Transporte. Esa firma, que se encargaba de asignar los turnos de la VTV, recibía a cambio una comisión del 8,5% (más IVA) de cada pago realizado.
El último hecho por el que fue imputado D’Onofrio tiene que ver con la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector y que tiene al manos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios. Para el fiscal, “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito”.
Ante el avance de la causa, los abogados de D’Onofrio, Ramiro y Juan Isidro Pérez Duhalde, pidieron una declaración indagatoria espontánea el jueves pasado. La presentación tiene apenas una carilla. “De conformidad con el articulo 162 CPP vengo a solicitar se fije audiencia para prestar declaración, solicitando se haga valer esta como la prevista en el articulo 308 CPP a todos sus efectos”, dice el pedido.
El fiscal Garganta hizo lugar a pedido casi automáticamente. “Es una estrategia de la defensa, la espontánea no apura los plazos para resolver la situación procesal”, explicó una fuente con acceso al expediente. En Tribunales aseguran que todavía no se ordenaron las indagatorias porque “faltan algunas medidas por producir”. Entre esas medidas, se destaca el análisis de los teléfonos secuestrados en la causa.
D’Onofrio también está siendo investigado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay por el delito de lavado de dinero. En ese expediente, el juez ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados y ordenó varios allanamientos.
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