Luego del paro general, en la CGT se abrirá la semana que viene un fuerte debate: ¿qué estrategia se debe seguir ante el Gobierno? ¿Hay que intentar el diálogo o seguir con los paros generales? El decisivo tema se empezará a discutir el martes próximo en la reunión del Consejo Directivo cegetista, aunque el telón de fondo que condicionará cualquier definición es cómo frenar el eventual impulso de la administración libertaria en el Congreso a diversos proyectos de ley que jaquean al poder sindical.
El cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros) admitió este jueves que hablarán con los legisladores para rechazar esas iniciativas, e incluso trascendió que los gobernadores del PJ, a pedido de los sindicalistas, les pedirán a sus diputados y senadores que no voten ninguna ley que perjudique a la CGT.
Pero en la central obrera hay planes más de fondo que buscan bloquear la tentación de reformas laborales o sindicales inconsultas. La más ambiciosa va más allá de la cuestión coyuntural que preocupa al sindicalismo: en las últimas semanas se profundizó el acercamiento entre dirigentes de la CGT y sectores empresariales para consensuar “temas que hay que cambiar” en la legislación laboral.
La idea es armar una mesa de trabajo bilateral en la que analicen qué modificaciones habría que hacer en el andamiaje jurídico para favorecer la producción y la generación de empleo, con el fin de llevar luego las conclusiones al Gobierno en busca de apoyo político para que se puedan instrumentar.
Entre los temas conversados entre empresarios y gremialistas no se contemplan modificaciones en el modelo sindical como la eliminación de la cuota solidaria ni la derogación de la reelección indefinida. Igualmente, algunos hombres de negocios no quieren ese tipo de cambios y tienen una mirada más tolerante hacia el poder sindical. El año pasado, por ejemplo, cuando en el Congreso se debatió en comisión el proyecto de Democracia Social, la Unión Industrial Argentina (UIA) explicitó su oposición a que se hicieran modificaciones en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales con el argumento de que respeta “la libertad y autonomía sindical”.
El temor entre los dirigentes sindicales, en realidad, es que el oficialismo tome represalias contra la dirigencia de la CGT y promueva la sanción del proyecto sobre Democracia Sindical, impulsado por la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y otros partidos, que propone eliminar la reelección perpetua de los gremialistas, prohíbe la cuota solidaria que sostiene “la caja sindical”, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para “democratizar las obras sociales”.
La semana que viene, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside el radical Martín Tetaz, retomará el tratamiento de distintos proyectos sobre el tema (el de Democracia Sindical original perdió estado parlamentario) mediante una ronda de especialistas que opinarán sobre las iniciativas, mientras también se espera que haya señales oficiales para que avance el proyecto de ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado el año pasado en la Cámara Baja por la diputada nacional de La Libertad Avanza Romina Diez, en coautoría con otros 14 colegas del bloque, entre quienes están José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, titular de esa bancada.
Esa iniciativa apunta a “impulsar el crecimiento de las empresas (especialmente las pymes), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral”, aunque, en la práctica, plantea modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo ya rechazadas por la CGT porque estaban en el DNU 70 frenado por la Justicia. Entre otros puntos, el proyecto le otorga a los empleadores la posibilidad de introducir de manera unilateral cambios en la forma y modalidades en las que se desarrollan las tareas y al trabajador que no acepta sólo le quedará la opción de considerarse despedido y reclamar una indemnización.
Además, según un análisis de la CTA Autónoma, el texto flexibiliza al extremo el otorgamiento de las vacaciones anuales, habilita a que los convenios colectivos de trabajo modifiquen la jornada laboral con el único límite de respetar un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada, y propone un endurecimiento del régimen de licencias por enfermedad, entre otros puntos.
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