La Justicia procesó por lavado de dinero al socio y al primo de Kueider en la causa por enriquecimiento ilícito

La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso el procesamiento con prisión preventiva de siete personas del entorno del ex senador Edgardo Kueider, cuya detención había ordenado hace 20 días, por lavado de dinero y asociación ilícita. Es en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en los Tribunales de San Isidro y en la que interviene el fiscal federal Fernando Domínguez, y que es conexa a otro expediente conocido como el “caso Securitas”.El ex senador continúa con prisión domiciliaria en Paraguay desde principios de diciembre, por intento de contrabando de divisas a ese país, donde además está siendo investigado por lavado de dinero. Quedó detenido luego de haber sido interceptado al intentar ingresar a Asunción USD 211.000 en una mochila sin declarar.

Entre los procesados figura el socio y amigo de Kueider, Rodolfo Daniel González, dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer que usaban el ex legislador y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, cuando cruzaban la frontera con Paraguay, y fueron detenidos en un control de rutina en la madrugada. Dueño de ese vehículo, al menos en los papeles, “Pajarito” - como lo conocen en Concordia de donde es oriundo también Kueider - es empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004, asignado “en comisión” cuando el ahora ex legislador llegó al Senado nacional en diciembre de 2019 en la boleta del Frente de Todos. Se hizo conocido por su actividad como puntero político en el peronismo de Entre Ríos tras haber sido secretario 8 años del ex gobernador Jorge Busti.

En una extensa resolución, Arroyo Salgado también procesó a Javier Rubel, primo de Kueider. De oficio restaurador de muebles y “changarín”, según consta en el expediente judicial, Rubel figuró como socio del ex legislador en la empresa Betail SA, a través de la cual Kueider compró, al menos, tres departamentos en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná y realizó movimientos de dinero que están siendo investigados por la Justicia.

González y Rubel fueron procesados por ser co-autores del delito de “lavado de activos, doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad, como miembro de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por las intervenciones de funcionarios públicos que habrían cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, en concurso real con el ilícito de uso de instrumento privado falso, en carácter de partícipe necesario”. Al primo de Kueider le adjudicó, además, el ilícito de haber presentado un balance falso de Betail. A su vez, les dictó - a cada uno - un embargo por $7.800 millones.

Como reveló Infobae, la jueza había ordenado su detención para indagarlos, el 20 de marzo pasado, por la compra de departamentos con una empresa fachada, préstamos simulados para eludir a la AFIP, deudas ficticias, adquisición de vehículos a nombre de un tercero, balances adulterados y la utilización de estructuras societarias.

Respecto de Kueider, la jueza federal había solicitado su extradición a Paraguay a los fines de detenerlo e indagarlo en Argentina, junto con Guinsel Costa - su ex secretaria en el Senado y actual compañera afectiva - , pero hasta ahora el país vecino denegó el pedido. Al ex senador se lo acusa de haber incrementado su patrimonio de forma ilegal, utilizando empresas como Betail S.A. para adquirir inmuebles de lujo en Paraná, ocultando la titularidad mediante terceros.

A pedido del fiscal, asimismo, Arroyo Salgado declaró “en rebeldía” a la firma Betail SA, luego de la notificación cursada al domicilio de la sociedad - como reveló Infobae, allí hay una casa de familia en venta deshabitada-, y haber puesto en conocimiento a las defensas técnicas de Kueider, Rubel y González del requerimiento judicial. Esta situación iba a ser comunicada a la Inspección General de Justicia, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y al Registro de Antecedentes Penales del Registro Nacional de Reincidencia. Según corroboraron los investigadores, la firma nunca tuvo actividad comercial, y fue usada como “pantalla” para movimiento de dinero y compra de inmuebles.

Arroyo Salgado dispuso, además, el procesamiento con prisión preventiva del contador José Carlos Nogueras, involucrado en distintas operaciones de Kueider destinadas a ocultar el presunto origen delictivo del dinero usado en la compra de inmuebles y vehículos, como la camioneta Chevrolet - con un valor de USD 31.000 - en la que fue interceptado en la frontera paraguaya.

Al resto de los detenidos, les dictó el procesamiento con arresto domiciliario y tobillera electrónica. Esta medida alcanzó a Adriana Cecilia Crucitta, abogada, socia y pareja de González en dos firmas y, a su vez, empleada de la Biblioteca del Congreso; al contador Ezequiel Gustavo Bovetti; a Gabriela Patricia Saint Pierre, esposa de Nogueras, que aparecía en los libros de Betail SA; y a la ex secretaria de Kueider cuando era funcionario de Entre Ríos, Rita Soledad Machuca. En cuanto a la empleada del estudio contable de Nogueras Débora Ferreyra, la magistrada la procesó, pero sin prisión preventiva.

A todos los acusó de la figura de “lavado doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad, como miembro de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por las intervenciones de funcionarios públicos”. Le fijó un embargo de $1.000 millones a Ferreyra, y de entre $3.000 y $5.000 millones a Crucitta, Bovetti, Saint Pierre y Machuca.

Arroyo Salgado consideró que formaron parte de una “banda” entre cuyos miembros figuran Kueider y Guinsel Costa, quienes “poseen, según los hechos que trascendieron desde su detención en diciembre pasado, grandes capitales que estarían en la República del Paraguay y podrían ser utilizados para planes evasivos o de obstrucción. Aunado a ello, los nombrados (ex legislador nacional y secretaria de este último) como miembros de la presunta organización trazada por la acusación, cuentan con el conocimiento, soporte de terceras personas, abundantes medios disponibles y recursos financieros que les podrían permitir, a todos ellos, organizar una posible fuga del proceso y entorpecer la investigación”.

A todos los acusó de perpetrar una maniobra “destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras, a través de la colocación y puesta en circulación en el sistema financiero, así como también en la conversión mediante la adquisición de bienes inmuebles (y su posterior transferencia) y muebles -durante el período comprendido, en principio, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el presente- con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público)”.

Para concretarla - según la jueza - algunos de los miembros de la “asociación o banda” se valieron “de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones”, en referencia Kueider como senador y Guinsel Costa, González y Crucitta como empleados del Congreso de la Nación, y “personas que actuaron en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial”, por los contadores Nogueras y Bovetti. Para disponer las prisiones preventivas, la jueza evaluó que hubo “actitudes evasivas ante este proceso”, destrucción de pruebas y riesgo de fuga de los ahora procesados.

Entre las pruebas recolectadas por la Justicia federal, figuran transferencias de dinero de origen dudoso y documentos financieros falsificados. También se hallaron videos en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, cuando Kueider era funcionario del ex gobernador peronista Gustavo Bordet, que lo muestran recibiendo y contando fajos de dólares en efectivo, junto a funcionarios a su cargo, en el período en que la firma de vigilancia Securitas pagó coimas a directivos de ENERSA para mantener o conseguir los contratos de seguridad privada de esa empresa de energía provincial.

Todos los detenidos el 20 de marzo, en su indagatoria, hicieron uso del derecho a negarse a declarar y contestar preguntas, con la salvedad de que Bovetti aclaró que “no tuvo intervención alguna en lo que es gestión contable ni fiscal de la empresa Betail” , y que eso debía preguntársele a Nogueras. También sostuvo que, en diciembre de 2024, este último le pidió que r”ecolectara documentación existente referida a esta empresa para elaborar su defensa”.

Por su parte, Nogueras solo aclaró que su esposa - por Gabriela Saint Pierre- no tenía “absolutamente nada que ver con los hechos investigados, y que su vinculación ha sido un error de tipeo en el estudio contable” ya que tenían “modelos de actas y se tomó un modelo de acta de una empresa donde ella figuraba, y se trasladó ese error a los Libros de Betail”. A su vez, sostuvo que Bovetti “es un contador asociado que jamás tuvo a cargo” a esa empresa como cliente, y que “su dedicación estaba enfocada a otros clientes más importantes y solo colaboró en los últimos meses, para reunir la información” de Betail y “defender su posición, como auditor externo de esa sociedad”.

Los procesamientos y embargos se extendieron también a las empresas NOPOR SERVICE SA, LECTUS SA, VIA SNP LOGISTICA SA, FELSIR BIOTECNOLOGIA SRL y a VIJUSA INDUSTRIAL ARGENTINA SA, vinculadas a Nogueras y su esposa Saint Pierre, que habrían sido “utilizadas para canalizar dinero de origen ilícito gestionado por la organización”.

Este expediente en la Justicia Federal corre en paralelo al que lleva la Justicia de Concordia, de donde es oriundo Kueider, en el que en marzo el juez Edwin Bastian rechazó pasar su causa a Arroyo Salgado. Lo hizo a pedido del fiscal José Arias que viene impulsando la investigación desde mediados del año pasado. Tal como adelantó Infobae, la disputa se dirimirá en la Corte Suprema.