Los testigos que dialogaron con este medio aseguraron que la escena que presenciaron durante el procedimiento que realizó la Prefectura Naval Argentina (PNA) en las instalaciones del CEAMSE Pompeya los “indignó”. Por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, incineraron 2.250 kilos de alimentos en mal estado que habían sido secuestrados en depósitos pertenecientes a organizaciones sociales y piqueteras investigadas por presunta “extorsión” a beneficiarios de planes sociales. La destrucción de la mercadería, que debería haber sido entregada a las familias más vulnerables, se realizó el martes 8 de abril, entre las 8 y las 11 de la mañana.
Los productos destruidos, entre los que se encontraban leche en polvo, puré de tomate, dulce de batata, lentejas y harina de trigo, estaban vencidos o en condiciones insalubres. De hecho, los análisis realizados con posterioridad en los laboratorios de bromatología de varios municipios del Conurbano bonaerense ordenaban que los productos debían ser destruidos por no ser aptos para el consumo humano. “Se sugiere la destrucción expeditiva de los mismos ante la imposibilidad de su consumo y a fin de resguardar cuestiones de salubridad”, escribieron los peritos en los informes presentados en los expedientes.
En los envases de los alimentos destruidos figuraban inscripciones como: “Prohibida su venta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”. Estos productos formaban parte de lo hallado en los 75 expedientes que instruye Armella y el secretario Diego Quiroga, en los que están investigados más de cien dirigentes sociales y piqueteros de movimientos como el Evita, cuyo líder nacional es el ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández, el ex montonero Emilio Pérsico; el Polo Obrero; La Dignidad Confluencia; MTD Teresa Rodríguez; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento Mariano Ferreyra; Frente Federal de los Pueblos, y CTD-Aníbal Verón; Movimiento Teresa Rodríguez; Movimiento Resistencia San Jorge; Cooperativa Martín Fierro; y el Movimiento MIM, entre otros.
En el procedimiento de la destrucción de alimentos en mal estado se utilizó un camión de los Talleres Generales de la Prefectura Naval Argentina (TAGEPNA). La unidad de CEAMSE Pompeya fue utilizada para trasladar y facilitar la destrucción mecánica e incineración de las más de dos toneladas de alimentos vencidos, según lo dispuesto por el juez Armella.
Durante los 24 allanamientos simultáneos ordenados por el magistrado a mediados de 2024 en localidades de la zona sur del conurbano bonaerense, el Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de Prefectura Naval Argentina secuestró más de 3.500 kilos de alimentos vencidos, 104.000 unidades de alimentos sin distribuir, $500.000 en efectivo, un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9 mm y 47 equipos informáticos. También se incautaron unas 100 cajas con documentación, planillas de asistencia, libros contables y carpetas con registros presuntamente vinculados a maniobras fraudulentas.
En uno de los operativos fue detenido un hombre por portación ilegal de arma de fuego, y en varios puntos se encontraron pequeñas cantidades de marihuana. El depósito con mayor volumen de alimentos vencidos pertenecía al Movimiento Teresa Rodríguez, ubicado en la calle 511 al 3000 de Florencio Varela. En su fachada podía leerse la frase: “Si el hambre es ley, la rebelión es justicia”.
La investigación se inició tras la recepción de más de 70 denuncias a la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para recibir reportes de beneficiarios que afirmaban haber sido “extorsionados” y “presionados” por punteros y dirigentes sociales. Según los testimonios, quienes cobraban el ex programa Potenciar Trabajo eran obligados a asistir a marchas, piquetes o actos políticos bajo la amenaza de perder el beneficio y asistir a los comedores comunitarios que administraban. También se reportaron casos en los que se exigía una parte del subsidio a cambio de mantener la ayuda.
Una mujer denunciante aseguró que “si no iba a las marchas, al otro día no me dejaban entrar al comedor”. Otra persona relató: “Ellos reparten la comida entre gente conocida, no le dan nada a quienes realmente la necesitan. Nos dan polenta hervida con fideos y dos granos de carne picada”. Los relatos fueron incorporados como pruebas en las diferentes causas abiertas.
La causa judicial involucra a más de 150 dirigentes sociales y se conecta con otras investigaciones por extorsión a beneficiarios de planes sociales
Las investigaciones del Juzgado Federal N.º 1 de Quilmes se inscriben dentro de un esquema más amplio de causas judiciales por extorsión, administración fraudulenta y amenazas a beneficiarios de programas asistenciales. En este contexto, el juez federal Sebastián Casanello envió ayer a juicio oral y público al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otros 17 dirigentes en la causa en la que está procesado por extorsionar a beneficiarios del ex plan Potenciar Trabajo y por defraudar al Estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.
En esa causa, en la que interviene el fiscal Gerardo Pollicita, se comprobó un presunto esquema de coerción en el que se exigía a los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo participar en movilizaciones políticas como condición para no ser dados de baja del plan.
En Quilmes, los allanamientos permitieron avanzar sobre otros 44 expedientes agrupados por organización, en los que se analiza la documentación incautada durante los procedimientos. Los investigadores trabajan con peritos contables y especialistas informáticos para determinar el alcance de las maniobras.
Los relatos que dieron origen a estas causas describen con detalle situaciones de coacción reiterada: amenazas de expulsión del comedor, suspensión de la asistencia alimentaria, y exigencias de participación obligada en marchas políticas como condición para mantener la ayuda estatal. En varios casos, los denunciantes aseguran haber sido excluidos del reparto de alimentos por no alinearse con dirigentes de las organizaciones que controlaban los comedores.
El contenido de esas declaraciones fueron incorporadas como prueba documental, y se sumaron a los elementos secuestrados en los procedimientos judiciales. Las causas avanzan con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina, que actúa como fuerza de investigación bajo las órdenes del juzgado de Quilmes.
Por el momento, la Justicia evalúa nuevas medidas procesales, entre ellas más allanamientos, citaciones a indagatoria y peritajes adicionales sobre los registros contables y listas de asistencia halladas en los depósitos. El objetivo central de los expedientes a cargo de Armella y el secretario Quiroga es determinar la responsabilidad penal de los dirigentes investigados y establecer si existió un uso sistemático de los recursos públicos con fines partidarios o personales.
Últimas Noticias
Quiénes son los candidatos a convencionales constituyentes en las elecciones de Santa Fe 2025
Este domingo, Maximiliano Pullaro buscará revalidar su gestión con el voto popular. La Libertad Avanza debutará en una provincia sin aliados y el peronismo irá dividido en tres
Entre Ríos: detienen a un funcionario clave del exgobernador Gustavo Bordet en una causa por corrupción
Se trata de Jorge González, expresidente de Enersa, una de las compañías a las que la empresa Securitas habría pagado coimas para quedarse con los contratos de seguridad privada
Entre Ríos: Rogelio Frigerio anunció una caída en el déficit de la Caja de Jubilaciones
El gobernador mesopotámico anunció un avance “histórico” en materia previsional para la provincia
Fin del cepo y el acuerdo con el FMI, en vivo: “¡Gracias Toto!“, el agradecimiento de Milei a su ministro de Economía
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron ayer que, desde este lunes, se eliminarán gran parte de las restricciones al dólar y que avanzará en un esquema de banda cambiaria, cuyos límites se moverán entre $1.000 y $1.400. Todas las repercusiones
El día después de los anuncios, el Gobierno descartó que se trate de una devaluación y anticipó una “estabilidad en el mercado cambiario”
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, resaltó las medidas económicas anunciadas ayer por la Rosada. Sobre el nuevo plan con el FMI, aseguró: “Es un plan cuidadosamente elaborado y con gran acuerdo entre ambas partes”
