La Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados inició una serie de reuniones informativas para discutir diversos proyectos de reforma laboral, mientras en las calles se desarrollaba una masiva movilización sindical liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Este contexto ha evidenciado un creciente distanciamiento entre el Gobierno nacional y los gremios, quienes han manifestado su rechazo a las propuestas en discusión.
La reunión de la comisión comenzó con retrasos debido a denuncias sobre restricciones de acceso al edificio del Congreso, en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluyó el vallado de las calles aledañas. Mientras el presidente de la comisión, el radical Martín Tetaz, intentaba resolver la situación, la diputada libertaria Marcela Pagano acusó al presidente de la Cámara, Martín Menem, de haber ordenado impedir el ingreso de los invitados. Este incidente marcó el inicio de un encuentro que, aunque informativo, dejó en evidencia las tensiones políticas y sindicales que rodean el tema.
Aunque no se abordaron en profundidad los proyectos específicos, la mayoría de las propuestas tienen puntos en común, como la modificación del artículo 9 de la Ley 14.250 y el artículo 37 de la Ley 23.551. Estas normativas regulan la denominada “cuota solidaria”, un descuento aplicado a los salarios de los trabajadores para financiar actividades sindicales. Además, algunos proyectos incluyen propuestas como la limitación de reelecciones en cargos sindicales y la implementación de un sistema de “Ficha Limpia” para los dirigentes gremiales.
Entre los proyectos presentados, destaca el impulsado por la diputada libertaria santafesina Romina Díaz, titulado “Promoción de Inversiones y Empleo”. Este proyecto, respaldado por 14 legisladores del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y que impulsa la Casa Rosada, propone una desregulación significativa del ámbito laboral y sindical. La iniciativa de la diputada cercana a Karina Milei plantea cambios en las modalidades de trabajo, siempre que no se alteren elementos esenciales del contrato, y elimina el aporte solidario. También introduce medidas como la creación de un banco de horas y otras reformas similares a las establecidas en el Decreto 70/2023, cuya implementación está actualmente paralizada por la Justicia.
El debate en la comisión refleja un escenario polarizado. Según reportó el medio, los legisladores de bloques como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y La Libertad Avanza buscan avanzar en reformas que, según sus defensores, modernizarían el mercado laboral y atraerían inversiones.
Por otro lado, los diputados de Unión por la Patria y la izquierda muchos de ellos con vínculos directos con el movimiento sindical, han expresado su oposición, argumentando que estas propuestas buscan debilitar la negociación colectiva y reducir los recursos de los sindicatos y las obras sociales.
A este contexto se suma el impacto del Decreto 149, publicado el 28 de febrero, que elimina la obligación de las empresas de realizar aportes económicos compulsivos a las cámaras patronales a través de los convenios colectivos de trabajo. Aunque esta medida no afecta directamente a los gremios, los sindicatos consideran que podría ser el primer paso hacia la eliminación de la cuota sindical solidaria, lo que incrementa aún más las tensiones.
Aunque la reunión inicial fue de carácter informativo, el Gobierno ha decidido retomar el impulso a la reforma laboral a través de esta comisión. El próximo encuentro está programado para el martes 15 de abril a las 11 de la mañana, cuando se espera una nueva ronda de expositores. Este cronograma refleja la intención del Ejecutivo de avanzar en un tema que ha generado divisiones tanto en el ámbito político como en el sindical.
Mientras tanto, las movilizaciones de la CGT y otras agrupaciones sindicales continúan siendo una muestra del rechazo de los gremios a las propuestas en discusión. La manifestación realizada frente al Congreso, bajo el pretexto de apoyar a los jubilados, tuvo como objetivo principal demostrar el poder de convocatoria de los sindicatos en un momento clave para el futuro de la legislación laboral en Argentina.
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