Sin una fecha confirmada, postergaron la sesión por Ficha Limpia prevista para hoy en el Senado

Con aval de la Casa Rosada y de casi todas las bancadas y, luego de una jornada con frenéticas reuniones, la sesión citada para hoy por la ley de Ficha Limpia fue postergada sin fecha, como adelantó Infobae el lunes. La iniciativa, que ya fue aprobada por Diputados, precisa una mayoría absoluta de 37 votos para ser sancionada que hoy no estaría del todo asegurada, sumado a las potenciales dificultades por las movilizaciones sindicales previas al paro anunciado para mañana, que ayudaron como motivo extra.

El escaneo y panorama previo fue detallado ayer en Casa Rosada por el jefe de la bancada libertaria en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy). Eso no quitó que, durante la tarde, ocurriera una situación de indefinición que quemó nervios en varios despachos, en medio de la reciente derrota libertaria en Diputados por $LIBRA. Por caso, en la Cámara alta se lo vio al vicejefe de Gabinete y caminador de pasillos legislativos, José Rolandi.

La convocatoria para la ahora desactivada sesión fue extraña y generó rispideces en el propio oficialismo. Ocurrió el jueves pasado por la noche -a última hora-, posterior a la sentencia del recinto sobre las candidaturas para el máximo tribunal de justicia, que finalizó en doble traspié para los deseos del Ejecutivo y sus principales referentes judiciales.

A las 20.30 del martes apareció la nota con la solicitud formal para demorar la sesión, firmada por Atauche y algunos colegas de su bloque; junto al jefe de la UCR, Eduardo Vischi; y sus pares del PRO, Alfredo De Ángeli -el macrismo del Senado y de Diputados reclamó desde hace días evitar poner en riesgo el encuentro hasta no blindar 37 voluntades-; y de Provincias Unidas, Carlos Espínola, entre otros. Esgrimieron “posibles inconvenientes que pueden generar las acciones que llevan adelante asociaciones gremiales y siendo que se requiere una mayoría calificada para la aprobación”.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, evitó firmar la resolución y el documento en cuestión fue rubricado por el presidente provisional de la Cámara alta, el libertario Bartolomé Abdala, pasadas las 20.30.

El panorama por Ficha Limpia se limó aún más el fin de semana último: de manera para nada inesperada, aparecieron sugerencias de cambios desde algunas bancadas dialoguistas. ¿Un argumento? El proyecto tendría que incluir varios delitos olvidados en Diputados, así como prohibiciones para ocupar diferentes cargos políticos a futuro.

Las dudas sobre las adhesiones que faltaban para llegar a 37 se despejaron semanas atrás con el compromiso de los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Luego, la lupa viró hacia los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes se mueven juntos y no suelen anticipar estrategias. Sin ellos confirmados -sí aportarían al quorum y reclamaron hoy, por nota, una reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión- y con todo el kirchnerismo en contra, resultaría imposible arribar a la mayoría absoluta que requiere la norma.

Pero la mira no sólo debe estar allí, sino también sobre bloques dialoguistas como la UCR, que desde que se inició la gestión libertaria regaló zigzagueos constantes que marean, incluso, a los propios integrantes del centenario partido: desde dicha bancada partieron las advertencias sobre sugerencias de modificaciones. El oficialismo desconfía de un gobernador y un puñado de senadores. Si se toca una coma -el pleno de la Cámara alta tiene todo el derecho a hacerlo-, la iniciativa continuará en la fila de espera, ya que regresará en segunda revisión a Diputados.

La norma modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner.

En concreto, abraza a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.

Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.

En Diputados se eliminó la denominada “cláusula Petri” -en referencia al texto que produjo, entre otros, el ministro de Defensa, Luis Petri-, por lo que el artículo uno sostendrá la vigencia de la Ficha Limpia en “aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”. Es decir, a la confección de los padrones hasta 180 días antes de la elección general, algo así como finales del corriente mes.

Por otra parte, “si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. En tanto, “la ilegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

En el artículo 2, el inciso A se cambió en la Cámara baja por el siguiente: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.

Junto a los cargos electivos, los involucrados en la ley tampoco podrán ser designados como “jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social”, así como de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni representantes en empresas con participación estatal de cualquier clase.