Caso $LIBRA: Diputados aprobó crear una comisión investigadora e interpelar a Francos, Caputo y Cúneo Libarona

La oposición aprobó este martes en la Cámara de Diputados la conformación de una comisión investigadora del caso $Libra, la criptomoneda que el presidente Javier Milei difundió a través de las redes sociales cuyo precio escaló para luego derrumbarse y lo dejó envuelto en una presunta estafa.

También avanzaron con la interpelación al jefe de Gabinete Guillermo Francos, ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Javier Milei y Karina Milei no serán interpelados por falta de consenso entre las bancadas opositoras. Dado que se trata de proyectos de resolución, no deben pasar por el Senado. Los funcionarios deberán presentarse el 22 de abril a las 14.

La sesión había sido convocada por diferentes bloques de la oposición dura y dialoguista como Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Sin embargo, el quórum para poder dar inicio a la sesión no estaba garantizado y sería determinante el rol que asumieran la UCR y los gobernadores, que en otras votaciones clave para el Gobierno ejercieron presión sobre varias bancadas.

La primera señal de alarma para el oficialismo se encendió cuando se sentaron en sus bancas los cuatro diputados cordobeses de Encuentro Federal que trabajan en sintonía con el gobernador Martín Llaryora (finalmente votaron en contra pero habilitaron la sesión). Luego se sumaron otros legisladores que estaban en duda, como Jorge Ávila, que responde directamente al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y los cuatro diputados de Catamarca de Unión por la Patria, que se habían ausentado en la última sesión al momento de votar en contra del acuerdo con el FMI. Esta vez actuaron en tándem con el resto del peronismo. Finalmente, los radicales Julio Cobos, Fabio Quetglas y Mario Barletta completaron los 129.

El primer diputado libertario en tomar la palabra fue Nicolás Mayoraz, quien calificó la iniciativa opositora como un “verdadero circo”. “Las comisiones investigadoras no están en discusión. Pero el límite es que tienen que contribuir a la tarea de los legisladores, aquí no se ve ninguna finalidad que apunte en ese sentido. Ya de antemano están juzgando el hecho y directamente condenando diciendo que es una estafa, cuando ni siquiera la Justicia ha hecho ningún tipo de imputación”, explicó.

El radicalismo mayoritariamente también se manifestó en contra de la conformación de la comisión investigadora y la interpelación de los funcionarios (a excepción de Francos). “En el bloque radical no estamos en contra de las comisiones investigadoras. Lo que sí creemos es que no es el momento de la oportunidad y conveniencia para tratar este tema, cuando la Justicia nacional e internacional está llevando este caso adelante en todo el proceso de investigación y realmente es poco lo que vamos a poder averiguar en esta etapa. Por eso preferimos esperar y escuchar qué tiene para decir el Jefe de Gabinete”, argumentó la bonaerense Karina Banfi.

El presidente de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, destacó la importancia de que el Congreso “no mire para el costado”. “No le puede pasar por el costado al Parlamento que se ande diciendo en el mundo que con un par de dólares tienen agarrado al Presidente de la Nación”, afirmó.

En la misma línea, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, detalló que “el Gobierno debe dar explicaciones en función de lo que el Congreso le requiera, no de lo que quiera contar”.

Lo dijo en referencia al anuncio oficial de que Guillermo Francos se presentará a hacer su informe de gestión el miércoles 23 y que contestará preguntas sobre el caso $Libra. La maniobra buscaba darle una excusa a los sectores dialoguistas, especialmente a la UCR, para dar por terminada la cuestión.

El peronista Martín Soria hizo uno de los discursos más duros e ironizó con la reticencia de los libertarios a dejar que avance la comisión investigadora: “Los que promocionaban el año pasado auditorías para las universidades y los medicamentos para los abuelos, ahora que el Congreso quiere investigar la estafa de Milei se ponen nerviosos. El que no se deja auditar es chorro. ¿Les suena?”, arremetió.

Una de las modificaciones realizadas al texto fue la introducción de dos fechas límites para evitar que el oficialismo demore la conformación de la comisión investigadora. Según el texto aprobado, el 15 de abril la Presidencia de la Cámara de Diputados deberá informar cómo quedó constituida la comisión y el 23 de abril deberá llevarse adelante la reunión constitutiva.

Ante la consulta de Infobae, un diputado del centro que votó a favor de la comisión investigadora y de las interpelaciones a funcionarios reconoció que la Constitución no establece ninguna sanción contra los que no se presenten a dar explicaciones. Por lo que anticipaba que difícilmente Caputo, Cúneo Libarona o Silva vayan al Congreso a contestar preguntas. Distinto es el caso de Francos que podría enfrentar una moción de censura y una eventual destitución.

Los diputados también aprobaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la paralización de la obra pública en todo el país. Se trata de un dictamen que había sido firmado el año pasado en la comisión de Obra Pública, presidida por Bernardo Herrera (UP).

La oposición pidió la nómina completa de las obras en ejecución financiadas por el Gobierno nacional en todo el país para conocer el detalle de cuántos proyectos y obras fueron paralizadas y suspendidas desde diciembre de 2023 a la actualidad.

Con 125 votos afirmativos, 77 negativos y 9 abstenciones, la oposición también logró aprobar un emplazamiento para obligar a las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto a comenzar a debatir el miércoles 9 de abril dos decenas de proyectos relacionados con el régimen jubilatorio.

Entre los proyectos que se debatirán se destacan varias iniciativas para restaurar la moratoria previsional, el pago de un bono extraordinario, la aplicación de un aumento excepcional de emergencia y diferentes reformas que apuntan a implementar sistemas proporcionales que tengan en cuenta la cantidad de años de aporte. El plenario de comisiones deberá firmar un dictamen el 6 de mayo.

No es la primera vez que la oposición impulsa el tema. En septiembre de 2024 el Gobierno terminó vetando una nueva ley de movilidad jubilatoria que mantenía el esquema de actualización por inflación implementado por Javier Milei, pero sumaba una suba adicional para compensar la inflación del 20,6% de enero y tenía en cuenta la evolución de los salarios. El argumento utilizado en esa oportunidad por el oficialismo fue el equilibrio fiscal, ya que consideraban que la ley tenía un impacto presupuestario que ponía en jaque el plan económico.

Desde las filas del oficialismo adelantaron que mantendrán la posición del año pasado: rechazarán cualquier proyecto que ponga en juego el equilibrio fiscal y adelantaron que el Poder Ejecutivo los volverá a vetar si no logran frenarlos en el Congreso.

En la previa del debate de la cuestión previsional, el diputado peronista Carlos Cisneros apuntó contra el director del PAMI, Esteban Leguízamo, por la falta de entrega de medicamentos gratuitos a los jubilados. “No les basta con molerlos a palo todos los miércoles a los jubilados, que encima no les dan los medicamentos gratuitos”, dijo el diputado de Tucumán.