El juez Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura porteño por el Ministerio de Seguridad Nacional. Lo acusó del presunto mal desempeño en sus funciones luego de que le ordenara a la Policía de la Ciudad que custodie la próxima marcha de los jubilados.
La presentación por el Ministerio de Seguridad Nacional la hizo Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. Y surgió a raíz de una decisión adoptada por el juez Gallardo de hacer lugar al amparo interpuesto por la CGT, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
La solicitud de los gremios era para que las fuerzas de seguridad federales se abstuvieran de intervenir en manifestaciones programadas en la Ciudad de Buenos Aires, argumentando una supuesta vulneración de derechos en movilizaciones anteriores.
Según detalla la denuncia, el juez habría habilitado días y horas inhábiles fuera del turno judicial para resolver la solicitud de los actores en plazo récord, interviniendo en un pedido cautelar pese a la oposición expresa del Ministerio Público Fiscal.
El fiscal sostuvo que no existía un “caso judicial concreto” y que, de acuerdo con resoluciones judiciales previas, la cuestión planteada ya había sido rechazada por falta de legitimación activa y jurisdicción.
A pesar de estos antecedentes, el juez resolvió el 6 de abril en forma favorable a los peticionantes, según subraya la denuncia contra el magistrado.
Los fundamentos del Ministerio de Seguridad Nacional
El principal argumento de la denuncia del Ministerio de Seguridad Nacional se centró en una supuesta incompetencia y falta de jurisdicción del juez Gallardo para intervenir en decisiones relacionadas con cuestiones de seguridad que trascienden su ámbito de actuación como magistrado local.
Según la cartera que dirige Patricia Bullrich, los hechos denunciados implican una violación de la Ley Nacional de Seguridad Interior (Ley N°24.059) y comprometen directamente competencias exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional.
De acuerdo con el documento entregado al Consejo de la Magistratura, el magistrado avanzó en una decisión que impacta en el ejercicio de funciones y facultades asignadas al ministerio por la Presidencia de la Nación.
Además, se resaltó que Gallardo “habilitó indebidamente la jurisdicción judicial mediante una interpretación subjetiva y forzada de los hechos”, lo cual constituye, a criterio de los denunciantes, mal desempeño de sus funciones.
El texto agregó: “La violación deliberada de las normas que delimitan las cuestiones federales y la intrusión en facultades exclusivas del Ejecutivo derivan en una actuación parcial e ideológica, contrario al mandato judicial de imparcialidad”.
Decisiones cuestionadas y antecedentes del caso
El juez Gallardo no solo resolvió habilitar los días inhábiles, sino que dispuso que las fuerzas federales “se abstengan de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que a seguridad pública respecta”. Asimismo, notificó formalmente su decisión a organismos federales como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La denuncia subraya que esto representa una ampliación indebida de las competencias locales del juez, invadiendo la órbita de la justicia federal. En relación con este punto, el Ministerio Público Fiscal había advertido previamente que cualquier evaluación sobre la legalidad del accionar de las fuerzas de seguridad federales debía ser tratada exclusivamente en los tribunales federales, no en fueros locales.
Denuncias de “forum shopping”
Entre las acusaciones que pesan sobre el juez Gallardo, el Ministerio de Seguridad Nacional destaca que su actuación podría enmarcarse en prácticas conocidas como “forum shopping”, es decir, la búsqueda de tribunales específicos para asegurar un tratamiento favorable de las causas.
Según la denuncia, los actores del amparo presentaron el caso ante Gallardo a última hora del viernes 4 de abril, buscando que el magistrado habilitara días inhábiles y evitara así que el caso recayera en manos del juez de turno.
“El juez justificó su participación basada en la urgencia de la tutela judicial ante un riesgo cierto y previsible, cuando los hechos invocados eran completamente hipotéticos”, se afirmó el documento presentado al Consejo de la Magistratura.
Además, señaló que el razonamiento del juez, que menciona una supuesta “controversia administrativa local”, carece de sustento jurídico, al tratarse de cuestiones de seguridad que involucran interpretación directa de normas de carácter federal.
El juez dispuso que el Ministerio de Seguridad Nacional está obligado a retirarse del ámbito de acción en la movilización del próximo 9 de abril en las inmediaciones del Congreso Nacional, sin exceder los límites establecidos por la ley en cuanto al cuidado de intereses federales. En este contexto, los denunciantes señalaron que dicha resolución restringe indebidamente el rol de las fuerzas federales en garantizar la seguridad, y advirtieron: “No intervenir implicaría declinar las misiones y funciones de seguridad asignadas constitucionalmente al Estado Nacional”.
La denuncia presentada tiene por objeto solicitar al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires la apertura de un sumario investigativo que determine si hubo mal desempeño por parte del juez Gallardo. De comprobarse las irregularidades expuestas, el proceso podría culminar en sanciones disciplinarias e, incluso, en un eventual juicio político.
Así, el Consejo de la Magistratura deberá evaluar la admisibilidad de la denuncia y, en caso de avanzar, delinear los ejes investigativos a seguir.
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