La Casa Rosada superó una difícil prueba de gobernabilidad y ahora se enfoca en la Corte, el acuerdo con el FMI y la campaña

En la Casa Rosada se respiraba ayer por la tarde un aire menos espeso. Los últimos días habían estado atravesados por una mezcla de preocupación y desconcierto. Las escenas de sangre y fuego que se vieron la semana anterior -tras la sospechosa conjunción de jubilados, opositores, gremios y barra bravas- tuvo en vilo a la primera línea de gobierno. Tanto, que Javier Milei prefirió postergar el viaje a Israel, donde lo iba a recibir el premier Benjamín Netanyahu.

El megaoperativo que garantizó el derecho a la protesta sin incidentes ni violencia permitió que adentro del Congreso los diputados pudieran aprobar, con una mayoría ajustadísima de 129 votos, el DNU que autorizó al Ejecutivo a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario. Ese blindaje trajo algo de sosiego a una economía que todavía corcovea por la incertidumbre de la fecha y el monto comprometido.

Es una incógnita que el presidente empezó a despejar ayer en una entrevista con una publicación de la agencia de noticias Bloomberg. “Mitad de abril”, fue la frase que pronunció el jefe de Estado.

La aprobación del decreto de necesidad y urgencia y la ausencia de incidentes graves en la protesta le trajo alivio al Gobierno y la sensación de que se recuperó el control de la calle, del Congreso y de la agenda. Fue un difícil prueba de gobernabilidad que superó la Casa Rosada. “No nos sobró nada”, reconoció en diálogo con Infobae un colaborador del presidente.

En el Gobierno quieren dar vuelta la página y dejar atrás un tiempo donde todo lo que salía bien, empezó a salir al revés. Desde el impacto negativo del discurso de Milei en el Foro de Davos, que derivó en la primera protesta opositora, al caso $LIBRA, la accidentada apertura de sesiones, y los tironeos con el peronismo por las vacantes en la Corte Suprema.

Funcionarios del gobierno consultados por este medio dieron por hecho que el Fondo Monetario no va a dilatar el anuncio del acuerdo y si bien no son tan optimistas como el primer mandatario, lo ubican más hacia fines de abril. Es un requisito para encarar otras prioridades.

“Hay 15 proyectos de ley y DNU a los que queremos darle prioridad. Más desregulaciones y reducción de estructuras y organismos del Estado, pero también reformas a la ley de Administración Financiera y a la de Presupuesto, para que sea obligatorio el superávit fiscal y que se vaya tendiendo a que los gastos del Estado no superen el 25% del Producto”, anticiparon.

Mencionaron también la reforma laboral y, posteriormente, la previsional, como parte de una agenda que puede pecar de demasiado ambiciosa, habida cuenta que no se prevé un Congreso hiperactivo en un año de campaña. Mientras en Casa Rosada se anticipaban esas ideas, en el mítico edificio de la calle Azopardo, la CGT anunciaba el tercer paro contra el Gobierno. “Parece una huelga preventiva, para que no toquemos sus intereses. No es para preocuparse, ni le vemos trasfondo político. Al fin y al cabo, para ellos también es un año de elecciones”, explicaron.

Más allá de esas prioridades, hay una que supera en importancia a todo el resto. Tanto por la relevancia institucional, como por el plazo de resolución que tiene. Se trata de la pelea con el peronismo por la aprobación de los pliegos para la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo y del jurista Manuel García-Mansilla, quien ya juró y ejerce como ministro del máximo tribunal, debido a que ambos fueron nombrados en comisión por decreto simple del presidente.

Hay en este caso una novedad de primer orden. Tras una negociación secreta entre senadores dialoguistas y peronistas y emisarios de la Casa Rosada, la vicepresidente Victoria Villarruel fijó para el 3 de abril la sesión para discutir ambos pliegos. Es un plazo de dos semanas que se dieron para desatar el nudo que se armó ante la paridad de fuerzas y la falta de una decisión política que defina.

En esta pelea hay una protagonista central, porque tiene un piso de 20 votos que son decisivos para bloquear los dos tercios requeridos para su aprobación. Cristina Kirchner, que preside el PJ, desconoce cualquier trato que otros hayan hecho en su nombre. No está dispuesta a poner sus senadores para aprobar a García-Mansilla y Lijo si antes no establecen una negociación directa con ella. En el Instituto Patria dicen que ambos pliegos son del Gobierno y no se propuso ningún acuerdo.

En la Casa Rosada admiten que no tienen los votos para aprobar los pliegos, pero no van a retirarlos, porque para hacerlo habría que votarlo. El kirchnerismo, en voz de José Mayans, dice que en la próxima sesión van a rechazarlos pero en las últimas horas apareció un clima de mayor apertura para establecer una negociación.

“No está mal una Corte Suprema de 9 miembros, como era en el gobierno de Carlos Menem”, recuerda uno de los colaboradores del presidente que están sobre este tema. ¿Hay clima político para ampliar el máximo tribunal? La clave está en quién propone, quién accede y con qué nombres. Aunque no se cierran a esa posibilidad, advierten en el Gobierno que hay vacantes en muchas posiciones de la Justicia Federal -cuatro juzgados en el estratégico Comodoro Py- y el Procurador General, que como jefe de fiscales, con el nuevo sistema acusatorio, tendrá un poder superior al de cualquier juez.

La ampliación de cinco a siete o nueve integrantes reduce el poder específico de cada juez y permite mayorías más flexibles. En la actualidad, la Corte está funcionando solo con cuatro miembros, habida cuenta que el máximo tribunal se opuso a tomarle juramento a Ariel Lijo si antes no renuncia a su juzgado.

Por fuera de las especulaciones, en la Casa Rosada están dispuestos a entablar una negociación, pero en base a una propuesta que haga el PJ. “Vamos a sostener los pliegos y si no hay acuerdo, el 3 de abril se votará y los senadores resolverán lo que consideren que tienen que resolver”, plantearon las fuentes.

El otro aspecto importante tiene que ver con los aprestos electorales. El miércoles, además de la marcha afuera del Congreso y la aprobación del DNU adentro, cerró el plazo para la inscripción de alianzas electorales en la ciudad de Buenos Aires. Hubo en ese sentido otra novedad de primer orden: La Libertad Avanza y el PRO confirmaron que van separados, es decir, Milei va a enfrentar a Macri, y viceversa.

Es la confirmación de que la relación entre el ex presidente y el gobierno libertario atraviesa por uno de los peores momentos. Es una noticia que se combina con otra del lunes, cuando los dos diputados más importantes del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y Diego Santilli se reunieron en el despacho de Karina Milei para avanzar en un camino común, al que no quisieron llamar “acuerdo”.

La estrategia electoral la está definiendo Karina Milei como presidenta de LLA y arquitecta de las candidaturas a lo largo y ancho de la Argentina. “Es Karina la que quiere romper la ciudad de Buenos Aires”, dijeron colaboradores del ex presidente de la Nación.

Queda por delante la elección del 13 de abril en Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro -que es apoyado por Macri y el PRO integra la coalición oficialista- va a plebiscitar su gestión en la elección a convencional constituyente. Allí La Libertad Avanza compite en soledad. Como en la ciudad de Buenos Aires, que vota el 18 de mayo.

Por eso los aprestos electorales son clave. Porque LLA deberá hacer un buen papel en Santa Fe y porque en CABA, Karina “El jefe” Milei, debe definir quiénes van a integrar las listas. ¿Será el vocero Manuel Adorni, otro funcionario nacional o un tapado? Hasta ahora no hay respuestas.