
Pasó casi un año desde los allanamientos a la casa de Héctor Martínez Sosa que dieron origen a la causa de los seguros. En esos procedimientos se secuestraron dos teléfonos del empresario, donde podrían encontrarse pruebas clave para la investigación. El misterioso se alargó demasiado. Recién el 7 de febrero pasado, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo que depende del Ministerio Público Fiscal, logró abrir uno de esos celulares y puso el material a disposición de los investigadores.
Se trata de un Samsung, color dorado, modelo SM-G9251. En el expediente fue identificado como “Tel_10″. Mediante el sistema UFED, se descargó todo el contenido y se guardó en una carpeta de la NUBE del Ministerio Público, donde solo pueden acceder los investigadores autorizados. La pericia no demoró demasiado porque el teléfono estaba desbloqueado.
El informe técnico de 10 carillas, al que tuvo acceso Infobae, explica que se hizo “una extracción de tipo física con resultado positivo”.
La pericia se demoró casi un año porque el teléfono estaba dañado. “Primero estuvo en la PSA (la fuerza que había quedado a cargo de las pericias) y luego pasó a la DATIP”, puntualizó una fuente con acceso a la causa. Efectivamente, en noviembre del año pasado, el juez Julián Ercolini, que estaba al frente de la investigación en ese entonces, le ordenó a la DATIP “la reparación de los componentes del teléfono”.
El teléfono se abrió el mes pasado y quedó a disposición de los investigadores para que puedan analizar el contenido. Hasta ahora, según pudo saber este medio, no habrían encontrado “ningún contenido relevante para el expediente”. Pero el análisis no terminó. De hecho, el contenido del teléfono todavía no se subió al expediente digital.
Hasta ahora todos los chats utilizados como prueba fueron obtenidos de los teléfonos de María Cantero, del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y de Osvaldo Alfredo Tortora, un empresario que figura como presidente de Bachellier, la empresa que cobró $1.665.741.081 en comisiones durante el gobierno de Alberto Fernández.

En los celulares de Cantero se encontraron los chats más relevantes para la causa. Entre otras cosas, había conversaciones con Alberto Fernández. En uno de los diálogos hablaban de los seguros de la Cancillería. “Ya me ocupo”, fue la respuesta del ex presidente.
Cuando declaró ante el juez Ercolini, Fernández intentó explicar esa frase: “El ‘ya me ocupo’ consistió en llamar al Canciller y preguntarle si había algún problema con el seguro de Provincia ART. Le advertí que algún pícaro estaba queriendo nombrar algún asesor de seguros, y que tenga cuidado que no sea una maniobra en la que alguien pretendiera sacar ventaja. Ése es el sentido de lo que hablé y del ‘ya me ocupo’”.
En los teléfonos de Cantero también apareció una foto del ex presidente y Martínez Sosa en la quinta de Olivos. La escena fue retratada el 3 de julio de 2021 en el despacho del intendente de la quinta de Olivos, Daniel “El Gordo” Rodríguez, un hombre de estrecha confianza de los dos protagonistas.
Cantero mandó esa foto a un chat denominada “Yo”, donde estaba ella misma y su hermana Viviana.

En los celulares de Cantero había otras imágenes que hoy nadie quiere mostrar. El 10 de diciembre de 2019, Martínez Sosa posó con el bastón presidencial, confeccionado especialmente por el orfebre Juan Carlos Pallarols. Unos minutos antes, el broker probó con una selfie junto a su amigo y Litto Nebbia, el cantante preferido de Alberto Fernández.
Los teléfonos de Cantero fueron secuestrados por la Policía Federal en marzo del año pasado, durante un allanamiento a la casa que comparte con Martínez Sosa en la localidad de Victoria. En ese procedimiento también se llevaron dos teléfonos del empresario. “El otro teléfono es más nuevo y todavía no se pudo abrir, por lo que suponemos que el Samsung era un teléfono secundario”, dijo una fuente de la causa. Sin embargo, fuentes de la defensa del empresario consultadas por este medio aseguran que los dos aparatos ya fueron abiertos.
La causa de los seguros cambió de juez a comienzos de febrero porque se venció la subrogancia de Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez estaba en condiciones de decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.
El nuevo magistrado, Casanello, decidió revisar toda la documentación antes de tomar una decisión y descubrió que faltaban algunos datos de Cancillería, Fabricaciones Militares y la ex AFIP. El magistrado quiere saber quién dio la orden de contratar a los productores de seguros, que oficiaban de intermediarios entre las dependencias oficiales y Nación Seguros.
En esa misma línea, Casanello pidió los números de teléfono de 23 funcionarios que firmaron las notas enviadas a Nación Seguros. Es el primer paso antes de ordenar un nuevo entrecruzamiento de llamados. Hay funcionarios del Ministerio de Seguridad, ARSAT, Ministerio de Desarrollo Social, Corredores Viales, y Vialidad Nacional, entre otros organismos. Algunos de ellos de primera línea.
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