
Alberto Ariaudo pidió disculpas, ofreció su renuncia al cargo de presidente del Concejo Deliberante de la ciudad rionegrina Catriel y de esa forma evitó nada menos que seguir detenido.
Es que el funcionario fue filmado el último viernes por las cámaras de seguridad del Municipio patagónico mientras exhibía un arma impunemente. Fue la escena final de una secuencia de amenazas contra la intendenta local, Daniela Salzotto, y el resto de los funcionarios que trabajan a su lado durante más de un año.
Según contaron, Ariaudo tenía diferencias de gestión pero las exponía de manera violenta, con hostigamientos por WhatsApp y en persona. Nunca había escalado al punto de poner en el medio un arma de fuego como ocurrió ayer. Según explicaron en el municipio de Catriel, la última reacción de Ariaudo fue consecuencia de un proyecto de ordenanza para llevar controles de consumos problemáticos de sustancias ilegalizadas.
Ariaudo fue denunciado y detenido. En el allanamiento de su domicilio no encontraron el arma que usó para amenazar y que quedó registrada en las cámaras. Pasó la madrugada del sábado bajo la sombra del calabozo y en la mañana se sometió a la audiencia judicial en la que se formalizaron los cargos en su contra.
La fiscalía lo acusó por “coacción agravada por haber tenido el propósito de obligar a una persona a abandonar su trabajo”, “amenazas reiteradas” y “portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada”. Y, según contaron fuentes judiciales a Infobae, estaba dispuesta a pedir su prisión preventiva.

Sin embargo, en la audiencia Ariaudo se arrepintió. “Expresó estar arrepentido de lo sucedido y ofreció la renuncia al Concejo Deliberante a partir de hoy”, contaron fuentes judiciales de Río Negro.
“El hombre llegó detenido a esta audiencia, la fiscalía iba a solicitar su prisión preventiva y su desafuero pero él decidió colaborar con el órgano municipal y también con la investigación que concretará el Poder Judicial. Privilegió lo institucional, evitó que la cuestión continuara”, expresó el fiscal jefe Gustavo Herrera.
La Justicia lo oblgó a fijar y mantener domicilio y estar a disposición de la justicia a través de presentaciones personales una vez a la semana,. “Además no debe realizar ninguna obstaculización con el accionar de la Justicia, por ello el hombre no puede entrar en contacto por ninguna vía ni por terceras personas con los testigos, con la víctima principal y las demás personas mencionadas”, explicaron fuentes judiciales.
También le impusieron una prohibición de acercamiento no menor a 300 metros tanto de la vivienda de la Intendente, como del Municipio y la sede del Concejo. Tendrá vigencia por cuatro meses, que es el tiempo que tiene el fiscal Herrero para desarrollar su investigación antes del eventual juicio.
De qué se lo acusa
“Te voy a entregar a tus funcionarios en una bolsita”, “Ese va a ser boleta”, “Conmigo no te hagás el poronga porque te limpio”, fueron algunas de las amenazas que habrían constatado los investigadores.
Según la acusación fiscal, ocurrieron seis hechos en apenas el último mes. El primero habría sucedido el pasado 8 de marzo cuando Alberto Alfredo Ariaudo habría enviado un mensaje de WhatsApp con una amenaza al Asesor Técnico de Catriel, con el propósito de obligarlo a renunciar a su lugar de trabajo.

El segundo fue ayer viernes, cuando el imputado habría amenazado a la Intendenta por WhatsApp, antes de consumar el tercer hecho, que fue presentarse en la sede del Concejo Deliberante con un revolver, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad. “Buscando intimidar a la Intendenta”, explicó la fiscal de Catriel, Analía Díaz.
Ariaudo también habría amenazado al Secretario de Prensa de la Municipalidad e intentado agredir físicamente al encargado del área de Comunicación comunal.
“El último hecho fue inmediato al anterior, ya que habría portado en el patio frontal del edificio Municipal un arma de fuego delante de dos personas”, explicaron fuentes judiciales.
“Es una persona que no está bien”
Ariaudo había sido compañero de la intendenta Salzotto en la lista que los llevó a asumir sus cargos durante las últimas elecciones. Pero según narra la prensa local, la relación entre ellos nunca fue buena. Y se desmadró cuando la jefa comunal impulsó el proyecto “antidoping”.
“Este es un tema que vivimos desde hace más de un año, indudablemente este hombre tiene un grave problema mental. Se trató de minimizar las amenazas porque pensábamos que era sólo una bronca del momento”, contó a la prensa local el secretario de Gobierno, Daniel Delgado, y agregó: “La intendente viene siendo violentada por este hombre con amenazas muy graves y creemos que las últimas medidas sobre pedir un test de drogas y alcohol a funcionarios y cargos electivos no le cayó para nada bien porque está claro que es una persona que no está bien”.
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