El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ejecutivo a contraer un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya tiene fuerza de ley desde su publicación. Sin embargo, su futuro depende de un complejo proceso parlamentario que podría definir el rumbo de esta medida en los próximos días. El Ejecutivo remitió hoy el decreto a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, presidida por el senador libertario Oscar Pagotto, donde se iniciará el debate formal.
De acuerdo con la normativa vigente, los legisladores tendrán otros 10 días para emitir un dictamen. Este documento será clave para habilitar el tratamiento del decreto en las Cámaras de Diputados y Senadores, independientemente de si cuenta o no con dictamen favorable. El oficialismo parece contar con una leve ventaja en la Bicameral, lo que podría facilitar el avance inicial del decreto.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está integrada por 16 miembros, y las primeras consultas realizadas por el oficialismo indican que podría alcanzar una mayoría ajustada. Entre los legisladores que respaldarían el DNU se encuentran figuras del oficialismo, como los diputados libertarios Lisandro Almirón y Oscar Zago, así como el senador Juan Carlos Pagotto. A ellos se sumarían aliados del PRO, como el senador Luis Juez y el diputado Diego Santilli, además de los radicales Victor Zimmerman y Francisco Monti, y el senador Carlos Espínola. Este bloque alcanzaría un total de ocho firmas.
Por otro lado, el rechazo al decreto estaría encabezado por legisladores de Unión por la Patria, como las diputadas Vanesa Siley y Carolina Gaillard, y los senadores Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, entre otros. A este grupo se sumaría el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, consolidando también ocho firmas en contra.
El voto del senador Francisco Paoltroni, quien fue expulsado del bloque libertario, podría ser decisivo. Aunque suele acompañar al oficialismo, ha marcado diferencias en ocasiones anteriores, lo que genera incertidumbre sobre su postura. En caso de empate, el reglamento establece que el dictamen de mayoría será aquel que cuente con la firma del presidente de la Comisión, en este caso, el libertario Pagotto.
Superar el trámite en la Comisión Bicameral no garantiza el éxito del DNU, ya que el decreto deberá ser debatido en ambas Cámaras del Congreso. Según la normativa, para que el DNU sea rechazado, es necesario que ambas Cámaras voten en contra. Este requisito representa un desafío significativo para la oposición, especialmente en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ha logrado consolidar un bloque que le permitió frenar iniciativas opositoras en el pasado.
En el Senado, el panorama es más ajustado. El bloque de Unión por la Patria cuenta con 34 votos, quedando a solo tres de alcanzar la mayoría necesaria para rechazar el decreto. Sin embargo, el Ejecutivo podría recurrir a su estrategia de negociación con los gobernadores provinciales, quienes suelen depender de los fondos del Tesoro Nacional, para asegurar el respaldo de sus legisladores.
El proceso legislativo otorga al Gobierno un plazo total de 20 días para negociar tanto en el ámbito interno como externo. Este tiempo podría ser utilizado por el Ejecutivo para avanzar en las negociaciones con el FMI, mientras busca consolidar el apoyo de los gobernadores y sus respectivos bloques legislativos.
El contexto político y económico en el que se desarrolla este debate añade presión al oficialismo. La necesidad de acceder a financiamiento internacional se presenta como una prioridad para el Gobierno de Javier Milei, mientras que la oposición busca frenar lo que consideran una medida unilateral que incrementa la deuda externa del país.
El desenlace de este proceso será crucial no solo para el futuro del decreto, sino también para el equilibrio de poder en el Congreso y la relación del Gobierno con los actores políticos y económicos clave.
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