Caso $Libra: la Justicia federal dispuso allanamientos en domicilios y oficinas de tres de los investigados

En el marco de la causa por la investigación de la criptomoneda $Libra que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano, allanaron en las últimas horas domicilios y oficinas de tres de los investigados en los Tribunales de Comodoro Py: los consultores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del evento Tech Forum de octubre pasado en el que participaron los empresarios involucrados en el lanzamiento del token promocionado por Javier Milei, y de Sergio Morales, asesor de la Comision Nacional de Valores, quien renunció ayer a su cargo.

Los allanamientos tuvieron lugar bajo extrema reserva el jueves por la tarde en la Capital Federal y en la localidad bonaerense de San Isidro. Fueron dispuestos por la jueza federal María Servini, a pedido de Taiano, quien tiene delegada la investigación. Según pudo saber Infobae, los efectivos de la Policía Federal secuestraron celulares y computadoras de los tres investigados por la Justicia Federal. En el realizado en la casa de Novelli, estuvo presente este consultor que tiene un instituto e capacitación en inversiones llamado N&W Professional Traders, para el cual Milei dio clases entre 2020 y 2021. Otro de los domicilios fue el de Tech Forum SRL, la consultora que Novelli y Terrones Godoy crearon en agosto pasado para “proveer desarrollos conceptuales, asesoramiento comercial y técnico al mundo tecnológico y del ecosistema cripto”.

Tras los operativos, Morales -quien se desempeñaba como asesor contratado en la CNV- , presentó ayer su renuncia de forma indeclinable por “motivos de público conocimiento”. Morales había quedado bajo la lupa judicial por sus vínculos con los empresarios involucrados en la maniobra, entre ellos, Terrones Godoy, con quien era socio en City Entertainment SRL, creada en noviembre de 2022, dedicada a la producción audiovisual, el software, la comunicación y el marketing digital.

Morales trabajaba para la CNV desde octubre pasado, tras un breve paso como empleado de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Fue uno de los oradores del Tech Forum, y anteriormente, en un evento realizado el 31 de julio de 2024, había participado como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia”.

En este expediente, el fiscal Taiano investiga al Presidente Milei y a un grupo de empresarios por el escándalo de $LIBRA, entre los que también figuran el norteamericano Hayden Davis y Julian Peh, oriundo de Singapur y CEO de Kip Protocol. La criptomoneda $libra subió abruptamente su cotización luego de que el jefe de Estado la difundiera por redes sociales, aunque luego se derrumbó a la hora y media, por el retiro de gran parte del dinero invertido por un grupo reducido de inversores - que se sospecha habrían tenido información privilegiada -, lo que habría generado una presunta estafa que dejó unos 40.000 damnificados.

Taiano busca “establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA” y qué participación tuvieron los denunciados. Las figuras penales que se investigan son abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. El fiscal ya había pedido dos tandas de medidas previamente. La primera incluyó pedidos de informes al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a la Inspección General de Justicia (IGJ), así como a empresas como Google.

Además, Taiano dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia digital. Esto incluye buscar el registro de las transacciones en línea y cualquier rastro en la plataforma utilizada en el lanzamiento de Libra para determinar cómo fueron las operaciones del criptoactivo. El objetivo es identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas. También ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas en redes sociales, incluyendo el posteo del Presidente que promovió la criptomoneda el pasado 14 de febrero a las 19:01. La causa se inició el 17 de febrero, por una denuncia formulada por Claudio Lozano, a la que se acumularon otra decena de denuncias presentadas con posterioridad.

En paralelo, el fiscal trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero. En ese sentido, inició gestiones con organismos internacionales y entidades reguladoras para obtener registros de los movimientos financieros y determinar si hubo intentos de lavado de activos. Taiano también pidió informes sobre las comunicaciones telefónicas y los registros de visitas a la Casa Rosada y la quinta de Olivos, con el fin de establecer posibles vínculos entre los involucrados.

Además, se está elaborando una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA y el papel de los principales acusados. Entre ellos se encuentran expertos en blockchain y criptomonedas, así como personas cercanas al entorno presidencial que podrían haber tenido conocimiento previo sobre la maniobra.

El fiscal también ha puesto el foco en el análisis patrimonial de los sospechosos, con el objetivo de detectar posibles incrementos injustificados en sus bienes o movimientos financieros sospechosos. Se están revisando cuentas bancarias, inversiones y otros activos que pudieran estar vinculados a los fondos obtenidos mediante la comercialización de $LIBRA. Para evitar la dispersión del dinero vinculado al token $Libra, Taiano solicitó el “congelamiento de direcciones digitales identificadas” en la investigación. Se busca impedir que los activos obtenidos mediante la operatoria fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo que dificultaría su rastreo.

En paralelo a la causa que tramita en la Justicia de Comodoro Py, hay otro expediente abierto en los Tribunales Federales de San Isidro, a partir de una denuncia presentada por el dirigente de origen peronista Juan Ricardo Mussa, también contra Milei, por la promoción que hizo de la criptomoneda $Libra. Esa presentación, basada en publicaciones periodísticas, incluyó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al diputado José Luis Espert; además de los consultores Novelli y Terrones Godoy; a Morales; y a los empresarios Davis y Peh.

Ayer por la tarde, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado resolvió que es competente para avanzar con la investigación, por considerar que el “hecho a investigar” que desencadenó la maniobra de la presunta estafa - el posteo de Milei - tuvo lugar en la Quinta de Olivos. Así lo confirmó después de pedir informes de los ingresos y egresos del primer mandatario, el 14 y 15 de febrero, a la Residencia Presidencial. Por la repuesta recibida a un oficio enviado al Director de Seguridad de la Residencia Presidencial - dependiente de la Casa Militar -, y a la División Protección Residencia Presidencial de Olivos de la Policía Federal Argentina, la jueza pudo confirmar que Milei estuvo desde el viernes 14 hasta el lunes en Olivos.

Arroyo Salgado firmó esta resolución pese al dictamen del fiscal Federico Iuspa, quien consideró que se debía enviar el expediente a los Tribunales de Comodoro Py. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró en su dictamen que “la maniobra es más amplia y compleja que el mero mensaje presidencial en sí mismo”, y que “el propio denunciante Mussa ha señalado que el mensaje fue uno de los factores, es decir, no habría sido el único”. Finalmente, Iuspa advirtió que “tratándose de denuncias con igual objeto, identidad de personas y diversos tramos llevados a cabo en distintos lugares”, la situación “debe resolverse entonces acorde a los principios del tribunal que previno, de la economía procesal y de una mejor y más pronta administración de justicia”.

Para Arroyo Salgado, debe primar, en cambio, el principio de territorialidad, por lo que la competencia corresponde “al tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito”, en este caso, el posteo del Presidente que dio origen a la maniobra de la presunta estafa con Libra. La jueza agregó, además, que se debe evitar la práctica conocida como “Forum Shopping”, por la cual denunciantes y/o partes, “mediante artilugios procesales, eligen -especulación mediante- el juez que intervendrá en el proceso penal, en donde se decidirá la suerte de los intereses en juego”.

Para la magistrada, “es indiscutible que la conducta humana a investigar, es la publicación del tweet (...) En definitiva, dicha conducta es la que dio apoyo, publicidad y visos de credibilidad al activo virtual; y en atención a la consecuencia y/o efectos generados por esa conducta desplegada, es que se radicaron las múltiples denuncias en trato, por lo que es ese hecho -y no otro- el que constituye el núcleo central y determinante del objeto procesal que se investiga en este expediente judicial, como así también en el radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En la resolución de 22 páginas, Arroyo Salgado también mencionó, en relación al momento en que fueron iniciadas, que ambas denuncias que dieron origen a los expedientes en Comodoro Py y San isidro fueron presentadas el mismo día, el siguiente hábil del posteo de Milei, o sea, el lunes 17 de febrero. Por eso, resolvió “declarar la conexidad” de ambos expediente y le pidió a Servini que se inhiba de seguir actuando en el suyo, una vez que quede firme su decisión.

Ahora se abre una disputa judicial de competencia. Si el fiscal recurre la decisión de la magistrada de San Isidro, deberá resolver la Cámara Federal de San Martín, el Tribunal de alzada en su jurisdicción. Si el fiscal no apela, intervendrá la Cámara Federal de Casación, el tribunal superior de la Cámara de San Martín y de la Cámara Federal de Comodoro Py.

El comunicado de Tech Forum

En un comunicado publicado el 18 de febrero en su cuenta, Tech Forum había negado haber sido parte del armado del token digital que difundió el presidente Milei en sus redes sociales. “Nuestra participación en el manejo de los tokens y el dinero fue nula”, afirmaron.

“Kelsier Ventures y Kip Protocol, de quienes somos asesores, lanzaron el viernes pasado la criptomoneda $Libra. La intención de sus creadores (conforme consta en su prospecto) consistía en generar una masa de dinero con las ganancias del proyecto para donarle a emprendedores locales que se encuentran obstaculizados de acceder a créditos. Mas allá de que consideramos que se trata de una iniciativa muy interesante para el desarrollo económico del país, nuestra participación en el manejo de los tokens y el dinero fue nula”, afirmaron.

“No tenemos nada que ver con los fondos conseguidos por el lanzamiento de Libra, ni tenemos ningún tipo de acceso a los mismos, nada sabemos del dinero generado por el token más allá de la información de público conocimiento que brinda la empresa. Entendemos que se trata de un proyecto muy interesante para la finalidad de financiar a personas y empresas que se encuentran obstaculizadas de obtener crédito, y necesitan acceder a fondos para crecer ellos mismos y hacer crecer al país”, agregaron.