El gobierno de la provincia de San Luis se prepara para implementar una medida que generó impacto y revuelo: someterá a un examen toxicológico a todos los funcionarios públicos.
El miércoles se realizó el primer sorteo, que determinó quiénes serán los primeros 60 trabajadores estatales testeados.En ese marco, Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis, se refirió a la nueva iniciativa.
“Esta ley nos obliga a someternos a un análisis toxicológico para determinar si en nuestros cuerpos existen rastros de consumo de drogas ilegales como cocaína, metanfetamina, morfina o marihuana”, informó el funcionarion, en comunicación con Radio Mitre. Y resaltó que mañana, a partir de las 8, comenzará el procedimiento.
En su primer artículo, la reglamentación titulada “Ejemplaridad y coherencia por parte de los poderes públicos de la provincia de San Luis en la lucha contra el narcotráfico”, establece “para los funcionarios públicos que se desempeñen en el nivel jerárquico y/o político de los tres Poderes del Estado Provincial, la realización de un examen toxicológico preventivo, con el fin de determinar la presencia de sustancias psicotrópicas ilegales, inter dure su función pública”.
El mismo es de carácter obligatorio y deberá realizarse anualmente y de forma aleatoria, “mediante un procedimiento que garantice la transparencia e igualdad de tratamiento en la selección de los funcionarios que deban someterse al mismo”. Para ello, Bazla puntualizó que se llevó a cabo un sorteo a través de la Lotería de San Luis.
“En total, todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sumamos 1600 personas, incluidos absolutamente todos. Ayer se sortearon las primeras 60 personas, que serán notificadas para que mañana a las 8 se presenten a la toma de muestras de orina”, comentó el secretario.
A su vez, en su sexto artículo, la ley determina que, para la realización de dichas pruebas, “se firmará convenio con instituciones públicas que no mantengan dependencia con el Estado Provincial”. Es por ello que Bazla confirmó que se firmó un convenio con la Universidad Nacional de San Luis; y que será la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la institución la encargada de la toma y análisis de las muestras de orina.
Además, el funcionario destacó: “El primer análisis se hace en la universidad y, si existiera un caso positivo, eso se somete a una segunda prueba y análisis que se realizará en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tenemos dos instituciones claramente con una trayectoria amplia en esta materia y que permiten aportar un carácter científico, seriedad e imparcialidad”.
Ante un caso positivo donde se detectase “la presencia de metabolitos de sustancias psicotrópicas ilegales”, la ley indica que las autoridades de cada uno de los poderes u organismos, deberán aplicar los mecanismos para el abordaje integral a personas con consumo problemático de las sustancias mencionadas.
Es por esto que Bazla también aclaró: “Luego se toman diversas medidas de acuerdo al nivel de adicción. Primero se reconoce que estamos frente a un caso de adicción y, en el caso del Poder ejecutivo, se puede decretar el cese de nuestra función y finalizaríamos en el ejercicio de nuestras funciones”.
En este punto, cada poder estatal determinará si corresponde “el otorgamiento de licencia del funcionario, suspensión del efectivo ejercicio en sus funciones hasta su recuperación o cese en la función pública, observando lo establecido en la Constitución Provincial y legislación vigente para cada caso”.
La norma fue aprobada en noviembre del año pasado. El gobernador, Claudio Poggi, fue el primero en someterse a la evaluación médica. Y, tras dar a conocer los resultados, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico “necesita coherencia y fortaleza, lo cual imposibilita a quienes consumen llevarla adelante”.
También se hicieron el narcotest el vicegobernador y titular de la Cámara de Senadores, Ricardo Endeiza, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; la secretaria General, Romina Carbonell; el ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez; la ministra de Salud, Teresa Nigra; el ministro de Educación, Guillermo Araujo; y el secretario de Comunicación, Diego Masci.
“Como funcionario públicos tenemos que dar el ejemplo, eso es indiscutible. Reafirma la lucha que tiene el Gobierno contra el narcotráfico y cortar cualquier cadena delictual asociada a la demanda es fundamental”, había manifestado Sosa, luego de que entrara en vigencia la medida.
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