El sindicalismo teme que el Gobierno se meta con los descuentos compulsivos en los convenios colectivos que financian su “caja”

Hay clima de preocupación en el sindicalismo. El decreto 149 que elimina la obligación de las empresas a realizar aportes económicos compulsivos a las cámaras patronales a través de los convenios colectivos de trabajo, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, no afecta a los gremios. Aun así, la inquietud crece en el poder sindical: “Todo esto genera mucho ruido y malestar”, admitió a Infobae un jefe de la CGT que, como el resto, se enteró de este tema cuando salió en los medios.

Es que, según se teme, la decisión del Gobierno puede extenderse en cualquier momento a gremios que, al igual que las cámaras empresariales, tienen incluido en sus convenios colectivos de trabajo algún aporte obligatorio de los trabajadores que va dirigido, por ejemplo, al sostenimiento del aparato sindical o un beneficio adicional, como seguros de retiro o seguros de sepelio.

Mientras los abogados sindicales analizan las implicancias del decreto 149, algunos dirigentes de primera línea multiplicaron en las últimas horas sus llamados a funcionarios libertarios para saber si están en la mira por cláusulas convencionales que fijan aportes obligatorios que van a sus arcas.

Nadie lo confirma, pero seguramente los teléfonos más marcados por los sindicalistas son los del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el “padre” del nuevo decreto, y del secretario de Trabajo, Julio Cordero, figura clave por su fluido diálogo con la dirigencia gremial, aunque en la CGT priorizan su llegada directa al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo.

“Hay que analizar convenio por convenio. Sin embargo, todos los aportes compulsivos que estén fuera del alcance de lo contemplado en la ley de convenios colectivos de trabajo no son válidos”, aseguraron a Infobae fuentes oficiales, aunque admitieron que aún no se hizo un relevamiento.

De todas formas, en otra área del Gobierno afirmaron a este medio que “no hay ninguna intención de confundir esta nueva norma que afecta a las contribuciones de las empresas con los aportes sindicales”. Y, en ese sentido, aclararon: “Estamos analizando si esos fondos son de la cámara empresarial o del sindicato, y qué beneficio tiene cada instituto para los trabajadores”.

Este tema sensibiliza la curtida piel del sindicalismo porque la Casa Rosada se metió en un ámbito sacrosanto para la dirigencia gremial como los convenios colectivos de trabajo, donde hasta ahora negociaban con los empresarios algunas formas de financiamiento adicional de sus organizaciones o seguros colectivos que se instauran obligatoriamente cuando los acuerdos se homologan.

Varios gremialistas, en particular, encuentran muchos puntos de contacto entre el espíritu del flamante decreto 149 y el DNU 70, frenado por la Justicia, que puso en pie de guerra a la CGT apenas iniciado el gobierno de Javier Milei porque ponía límites estrictos a las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a los trabajadores de una suma pactada con los empresarios en los convenios colectivos de trabajo.

En rigor, el DNU 70 autorizaba el pago de esas cuotas solidarias a los sindicatos “sólo si existía un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Que era, en la práctica, una forma de complicar al extremo el sistema que sostiene actualmente el funcionamiento de los gremios.

Las cuotas solidarias comenzaron a incorporarse en los convenios colectivos de trabajo en los años 90 como una forma de compensar la desafiliación sindical a raíz de los cambios económicos que impuso el menemismo. De esa forma, empresarios y sindicalistas pueden acordar que los no afiliados tengan que hacer un aporte al sindicato, así como lo hacen los afiliados, debido a que también son beneficiarios de los logros obtenidos por cada organización gremial. Ese recurso se convirtió desde entonces en una millonaria herramienta de recaudación para los gremios.

La profunda preocupación de los gremios por este tema fue confirmada en su momento por Armando Cavalieri, líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el sindicato más numeroso del país, de 1.200.000 afiliados: “Si este decreto voltea (las cuotas solidarias) pone en bancarrota a todo el gremio -alertó-. “Tenemos 350 sindicatos del interior que tienen mutuales, farmacias, y 1 millón y medio de trabajadores que aportan todos los meses a las arcas del sindicato y si de repente esto no lo tenemos más, desaparecemos como sindicato”.

Ese punto fue uno de los principales motivos por los cuales la CGT impugnó el capítulo laboral del DNU 70 y logró que la Justicia lo frenara. Pero el Gobierno volvió a incorporarlo en el borrador de la Ley Bases aprobado a fines de abril de 2024, pero luego de la presión sindical se eliminó del texto, junto con otros artículos, para conseguir más apoyos políticos que permitieran su sanción.

La intranquilidad del sindicalismo se reactivó a mediados del año pasado cuando un grupo de diputados de la UCR y del PRO, con algunos aliados, impulsó el llamado proyecto de Democracia Sindical en la Cámara de Diputados. En la iniciativa, con la firma de Martín Tetaz (UCR), María Eugenia Vidal (PRO), Verónica Razzini (PRO), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), entre otros, se propone directamente la prohibición de las cuotas solidarias: dice que “los gremios no podrán establecer, exigir ni imponer aportes a los trabajadores de manera obligatoria” y que “para cualquier tipo de descuento se requerirá autorización expresa del trabajador, que podrá ser revocada en cualquier momento que el trabajador disponga”.

El proyecto, conocido coloquialmente como la “Ley Tetaz”, quedó trabado en Diputados el 26 de noviembre pasado luego de que la UCR y el PRO no lograron el quórum necesario para una sesión especial donde se iba a tratar el tema, pese a que el dictamen no tuvo los votos en la Comisión de Legislación del Trabajo. Ahora, la iniciativa perdió estado parlamentario y deberán volver a presentarla, con muchas dudas acerca de si finalmente tendrá respaldos en un año electoral.

¿Avanzará el Gobierno sobre un tema tan sensible para el poder sindical? Una medida de ese tipo pondría en rojo las arcas de los sindicatos, por lo que si Milei lo impulsa equivaldrá a la guerra total con la CGT y toda la dirigencia gremial. Nadie cree que lo haga, pero tampoco se descarta porque el Gobierno ya desató el pánico: se acaba de meter con algo sagrado para el gremialismo.