El Gobierno defendió el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema

La designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, que el presidente Milei decidió por decreto ante la falta de acuerdo político en el Senado, generó la reacción de la oposición que reclama que ambos casos sean analizados por el Congreso.

En ese contexto, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, le respondió a la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien calificó como inconstitucional la determinación del gobierno libertario: “El presidente Milei debe asesorarse y reflexionar antes de tomar decisiones que afectan la institucionalidad del país”, dijo la referente del espacio Confianza Pública.

“A solo tres días del inicio de las Sesiones Ordinarias, elige conscientemente el camino de la inconstitucionalidad al nombrar jueces por decreto. En lugar de buscar consensos, impone una medida arbitraria y contraria a la Constitución Nacional, que atenta contra el sistema republicano y la independencia judicial”, reclamó la diputada

Ante esto, Cúneo Libarona defendió la constitucionalidad del procedimiento y señaló que la herramienta ha sido utilizada históricamente por distintos mandatarios, incluyendo a Mauricio Macri, expresidente y referente político de Ocaña.

“Diputada Ocaña, me preocupa que habiendo sido 16 años legisladora y habiendo ocupado altos cargos en el Estado durante el gobierno de Néstor Kirchner no haya aprendido nada de Derecho. Ya sé que no sos abogada, pero es insólito que digas que es inconstitucional una herramienta que utilizó hasta tu líder político, Mauricio Macri, entre muchos otros presidentes”, expresó el ministro.

Para respaldar su postura, Cúneo Libarona citó antecedentes históricos de nombramientos en comisión, incluyendo los casos de Miguel Juárez Celman (1889), Carlos Pellegrini (1892), José Figueroa Alcorta (1910), Raúl Alfonsín (1984) y Mauricio Macri (2015), cuando designó a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz por la misma vía, aunque en esos últimos dos casos hubo marcha atrás y finalmente ingresaron tras un acuerdo con el peronismo.

Asimismo, el ministro mencionó el fallo 313:1232 de la Corte Suprema, donde se establece que el nombramiento por decreto en comisión es legítimo, y aportó ejemplos del Derecho Comparado, como el uso de esta facultad en Estados Unidos por parte de Dwight D. Eisenhower y George W. Bush.

La polémica en torno a los nombramientos se profundizó con la firma del decreto 137/2025, que oficializó la designación de Lijo y García-Mansilla. La decisión del presidente Milei se tomó ante la falta de acuerdo en el Senado, que no llegó a tratar las nominaciones debido a diferencias con el kirchnerismo.

El Gobierno busca que los jueces asuman cuanto antes, pero el proceso aún debe atravesar instancias clave. En el comunicado oficial se destacó que “la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura”.

También se subrayó que “la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema”, aclarando que el Senado solo puede aprobar o rechazar las propuestas sin intervenir en la selección de candidatos.

Sin embargo, la designación de Lijo presenta un desafío adicional. Actualmente, Lijo es juez federal y está a cargo de dos juzgados en Comodoro Py, por lo que debe solicitó una licencia extraordinaria. Este trámite requerirá la intervención de la Cámara Federal y luego de la Corte Suprema, donde Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti deberán definir si avalan su designación o si ponen reparos a la retención de su juzgado mientras ocupa un cargo superior de manera provisoria.

El desenlace de este proceso podría marcar un antecedente clave en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, mientras la oposición sigue cuestionando la legitimidad del procedimiento adoptado por el gobierno de Milei.