El gobernador de Salta apoyó la construcción de un alambrado en el lado argentino de la frontera con Bolivia: “Cruzan para cobrar planes”

Gustavo Sáenz defendió la medida y rechazó los cuestionamientos que llegaron desde el país vecino. “No tenemos que dar explicaciones por lo que hacemos en nuestra casa”, aseguró

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El gobernador de Salta aseguró que los bolivianos cruzan el río, cobran planes y se vuelven. Video: TN

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró a favor de la construcción de un alambrado en el río Bermejo para evitar los cruces ilegales desde Bolivia hacia la Argentina. Hasta ahora, la discusión se había centrado en que esta era una vía que facilitaba el narcotráfico, la trata y el contrabando, pero el mandatario provincial agregó otra arista a la problemática: “Cruzan, cobran planes sociales y después se vuelven”, afirmó.

Sus declaraciones llegaron en respuesta a las quejas de funcionarios bolivianos, que rechazaron la separación y compararon la medida con “el muro” entre Estados Unidos y México.

Los cuestionamientos fueron rechazados por Sáenz: “El Gobierno de Salta y el Gobierno argentino no tienen por qué darles explicaciones sobre algo que hace en su propio país”, contestó durante una entrevista con TN.

Y continuó: “Estamos en nuestra casa, tomamos las decisiones de nuestra casa sin afectar la soberanía ni las fronteras de Bolivia, está hecho en el ejido de Aguas Blancas”. Fue precisamente el interventor de ese municipio salteño, Adrián Zigarán, quien confirmó que avanzarán con la colocación de un alambrado de púas de 200 metros de extensión en territorio local.

La medida forma parte del “Plan Güemes”, el programa que impulsa el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. “Vimos la necesidad de que había que alambrar este lugar para dar un poco de control a la zona y un encausamiento a aquellos que entran y salen del país”, explicó el gobernador.

Personas cruzan el río Bermejo
Personas cruzan el río Bermejo en balsas caseras y bolsas de contrabando

Sáenz se mostró confiando en que pese a las críticas iniciales, la decisión permitirá “optimizar el recurso humano” de las fuerzas de seguridad, y al mismo tiempo funcionarán sin dañar las “relaciones de hermandad y reciprocidad” que el país tiene con Bolivia.

“Muchas veces no son simpáticas las cosas que hacemos, pero a nosotros tampoco nos piden permiso los otros países sobre cómo van a llevar su seguridad, lamento mucho que puedan haberse molestado por este alambrado”, dijo el gobernador.

Por último, concluyó: “Esto es el inicio de algo que nunca se hizo, esto no es joda, no es ideología, estamos hablando de droga y para eso tenemos que estar juntos los de izquierda, los de centro y los de derecha”.

De acuerdo a la planificación que comunicaron de forma oficial, el cerco perimetral con Bolivia se extenderá desde la terminal de buses de Aguas Blancas hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas. Tendrá 2.5 metros de alto, otros 200 de largo, y contará con “dos o tres” puertas entre su extensión.

La intención es que, de esta forma, todas las personas que entren y salgan del país realicen los trámites migratorios, en lugar de cruzar ilegalmente por el río.

Por medio de un comunicado que lleva el membrete del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, y que la propia funcionaria tuiteó, se explicó que “la cerca” en Aguas Blancas es “una medida más para cuidar a los argentinos del narcotráfico”.

En el texto se describe que, antes de la implementación del Plan Güemes, “el cruce fronterizo en Aguas Blancas y Orán era tierra de nadie: narcotráfico, sicariato, muertes y descontrol”.

Para el Gobierno, “esta medida elimina el bypass que permitía eludir los controles de la Gendarmería Nacional, refuerza controles exitosos existentes, y pone fin al caos en este punto crítico de la frontera”.

Mediante un comunicado, la cancillería boliviana respondió y señaló que “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”.

También alertaron que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.

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