
Finalmente, no habrá interrupción en el servicio de colectivos en el conurbano bonaerense. Las empresas empezaron a recibir poco después de las 15 la acreditación de los $39 mil millones que les adeudaba la gobernación de Buenos Aires en concepto de subsidios. Por esa deuda habían anunciado que este jueves más de 100 líneas que están bajo la órbita provincial o municipal iban a parar por 24 horas. La medida quedó sin efecto.
Desde La Plata, fuentes cercanas al ministerio de Transporte provincial le habían comentado a Infobae que “estaba faltando la firma de una adenda para que Nación autorice lo que provincia de Buenos Aires tiene que pagar”. Esa adenda (algo que se añade a un escrito) se esperaba para el 26 de diciembre, pero recién salió este miércoles y eso demoró los procesos administrativos de pago.
Desde que asumió Javier Milei, por indicación de la Secretaría de Transporte de la Nación, cada provincia es la que establece los montos y la estructura de costos que se le deben abonar a las empresas.
“El próximo jueves 16 de enero desde las 0 horas, la provincia de Buenos Aires quedará paralizada por la falta de colectivos. Así, miles de personas que habitualmente utilizan líneas provinciales y comunales (de 200 para arriba) deberán buscar una alternativa para poder viajar a sus destinos”, decía el comunicado que emitieron este miércoles por la mañana la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y de la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

Los empresarios del sector del autotransporte de pasajeros habían aclarado que “no se trata de un paro sino de una restricción de servicios por falta de recursos ante el incumplimiento del pago del subsidio que, en este caso, corresponde a jurisdicción bonaerense”.
Y sostenían que “la administración nacional ya transfirió los fondos respectivos a la Provincia la semana pasada y el Gobierno provincial no depositó el dinero en las cuentas de las empresas. Además, existe un remanente del mes de septiembre pasado que nunca se canceló. En la gobernación desmienten esta afirmación porque “los fondos son provinciales, Nación no transfiere nada a provincia para el pago de subsidios”.
Con ese dinero, las empresas deberían completar el pago de salarios y comprar combustible para sus unidades.
El 8 de enero una situación similar se produjo en 10 líneas de colectivos de la empresa Transporte Ideal de San Justo. Las líneas que no prestaron servicio fueron la 193, 4, 49, 86, 88, 96,185, 205, 621 y 502. ¿El motivo?: una deuda del 40% del salario de diciembre y un 25% del medio aguinaldo.
Ese día miles de pasajeros quedaron afectados por el conflicto. El recorrido que hacen las líneas de la empresa, como la 96, atraviesa la Capital Federal, llegando al barrio de Constitución, y las localidades matanceras de Virrey del Pino, Laferrere, Rafael Castillo, y el partido bonaerense de Merlo, hace que tengan muchísima demanda. Mientras que las línea 621 circulan entre Ramos Mejía y González Catan; y la 205, entre Liniers y Pontevedra (Merlo), entre otros trayectos.

El conflicto se sumó a otros reclamos recientes de choferes de diversas empresas de transporte, quienes denuncian demoras reiteradas en la acreditación de sus sueldos.
Antes de que culminara 2024 las cámaras empresarias de transporte otras líneas habían advertido que no estaban en condiciones de abonar el aguinaldo de manera completa, si no se aumentan los subsidios o el boleto de colectivos, que se encuentran congelados desde agosto.
Debido a esas dificultades, los representantes del sector patronal propusieron que los trabajadores perciban en “hasta seis cuotas” el Sueldo Anual Complementario (SAC), en la medida que no se resuelva la situación de los ingresos de las compañías. Finalmente, las conversaciones entre las partes evitaron que el conflicto escalara.
Las cámaras empresarias vienen señalando en los últimos meses que nunca antes se había llegado a una situación en la que un acuerdo salarial homologado no estuviera acompañado de los ajustes necesarios en los costos operativos.
“Los hechos y costumbres preexistentes y las palabras de las propias autoridades que alentaban la necesidad de acordar, obraron de tal manera de considerar absolutamente factible la actualización de los costos salariales y no salariales a partir de noviembre de 2024″, consideraron las empresas en una carta enviada al secretario de Transporte, Franco Mogetta, en la que le solicitaron una reunión urgente.
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