Los rectores de las universidades nacionales de todo el país cruzan mensajes, escuchan, se enojan y vuelven a cruzar mensajes. La idea parece cerrada; ahora están viendo el momento. Táctica y estrategia frente a un ejército de trolls que los apunta y un gobierno que los destrata.
En las próximas semanas, los rectores de las universidades se reunirán en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para terminar de definir la idea que comenzó en un grupo de WhatsApp y que ahora busca tener formato de proyecto de ley. Las universidades nacionales están estudiando enviar, vía algún legislador con fuerte extracción universitaria, un proyecto de ley para que se llame a una Consulta Popular Vinculante con el fin de definir los presupuestos universitarios.
La medida venía siendo estudiada, pero se aceleró con el anuncio de la Casa Rosada de cobrar las carreras de grado a los extranjeros no residentes que quieran estudiar en las universidades nacionales. Los dichos de Manuel Adorni encendieron todas las luces de alerta: la Casa Rosada volvía a arremeter contra las Altas Casas de estudio. Y lo hacía de una manera que a veces es difícil de controlar.
”En el Gobierno saben que no hay un solo extranjero no residente estudiando en las universidades nacionales porque hace falta el documento para poder inscribirse. Ellos lo saben, pero lo hacen para plantar una idea que divida a la opinión pública, que está bastante cohesionada detrás de la idea de la educación universitaria pública y gratuita”, explicó una fuente del mundo universitario.
El propio decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, aseguró en una entrevista televisiva que la medida constituye una acción discriminatoria y también violatoria de la carta magna y las leyes vigentes. “Es una bomba de humo, un absurdo total”, lanzó Durán desde la pantalla de LN+. Además, aseguró que “no existe” la situación de “estudiantes extranjeros no residentes”.
En esa entrevista fue que Durán reconoció que buscarán impulsar una consulta popular vinculante. “Lo vamos a hablar con varios legisladores para que se impulse en el Congreso. Es un proyecto de ley que necesita mayoría simple de ambas cámaras y listo”, agregó.
Diferentes legisladores que motorizaron la defensa de los presupuestos universitarios durante este año en el Palacio Legislativo reconocieron que la idea está planteada y que ahora dependerá de los rectores. “Si ellos deciden avanzar, avanzamos”, aseguran.
La ventaja que tiene la idea de una consulta vinculante es que, con una simple mayoría, se aprueba en el Congreso y el Presidente de la Nación no tiene atribuciones para vetar lo que defina, ya que es la sociedad en su conjunto expresándose.
Los rectores miran los datos de las votaciones sobre el tema y entienden que hay una posibilidad. El pasado 15 de agosto, la oposición le torció el brazo en ese tema al oficialismo y el proyecto de ley sobre los presupuestos universitarios obtuvo 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención en Diputados. En el Senado, se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario —que luego vetó el presidente Javier Milei y sostuvo en el recinto de la Cámara Baja junto al PRO, los radicales “peluca” y LLA— con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
“Los números muestran que podríamos tener los votos necesarios para aprobar una consulta popular vinculante en el Congreso. Ahora tenemos que analizar si la sociedad lo acompañaría en las urnas”.
Según el artículo 2 de la ley 25432, la convocatoria a consulta popular vinculante “deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta de miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Asimismo, señala en su artículo 3 que toda consulta popular vinculante “será válida y eficaz cuando haya emitido su voto no menos del treinta y cinco por ciento (35%) de los electores inscriptos en el padrón electoral nacional”.
Por último, establece que cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular vinculante “obtenga la mayoría de votos válidos afirmativos, se convertirá automáticamente en ley”, la que deberá ser publicada en el Boletín Oficial “dentro de los diez días hábiles posteriores a la proclamación del resultado”.
También aclara que si obtiene un resultado negativo, “no podrá ser reiterado sino después de haber transcurrido un lapso de dos años desde la realización de la consulta. Tampoco podrá repetirse la consulta durante el mismo lapso”.
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