A la espera del Presupuesto, ocho provincias se sumaron al régimen del Gobierno para saldar deudas

En un movimiento que se da en pleno debate entre las provincias y la Nación por el Presupuesto 2025, un grupo de gobernadores decidieron adherirse al régimen propuesto por el Gobierno nacional para saldar deudas con los distritos. Esta iniciativa, oficialmente el 30 de octubre, busca mitigar los pasivos entre ambas partes a través de un sistema de compensaciones mediante el cual se puede canjear deudas por bienes, empresas y terrenos fiscales en lugar de transferencias monetarias tradicionales.

El programa había sido presentado por Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete, y Luis Caputo, el Ministerio de Economía, a finales del mes pasado y fue oficializado a través del Decreto 969/2024. El objetivo nuestro, y como lo viene planteando el presidente desde hace mucho tiempo, es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, argumentó el funcionario durante el anuncio.

El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, tal como se llama formalmente, opera como un esquema que permite a las provincia adherirse opcionalmente y negociar compensaciones para evaluar la forma de cancelar las deudas existentes. No obstante, los pasivos deben ser auditados y legítimos. Como contraprestación, el Estado ofrece activos nacionales, tales como empresas o rutas, que pueden ser gestionados directamente por los distritos para generar ingresos. Además, la normativa que creó el esquema dispone que las jurisdicciones tienen 30 días hábiles para expresar su intención de adherirse y otros 60 días para completar la documentación requerida.

Lo curioso es que, conforme esos plazos, aún quedan 10 días para adherirse. Pero ya son ocho las provincias que lo hicieron. De esa forma, obtienen desde ese momento otros 30 días para presentar la documentación que valide y respalde la adhesión. Quienes se sumaron al régimen hasta ahora fueron Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Nacho Torres (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones), Sergio Ziliotto, (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), y Gustavo Valdés (Corrientes).

Se trata de un grupo heterogéneo. Hay algunos de buen diálogo con el gobierno, que suelen actuar como aliados, como Jaldo, Torres o Valdés. Pero también aparece Ziliotto o Vidal, que adoptan posturas equidistantes. Especialmente el pampeano, que está alineado al bloque de los “duros” que lidera Axel Kicillof.

Desde la perspectiva del Gobierno nacional, el régimen también tiene como objetivo reducir el déficit fiscal, ya al no haber emisión para transferencias, y concretar la transacción con intercambio de bienes, alivia la carga del Tesoro y optimizan el uso de activos públicos. Además, le permite a Milei enmarcar la decisión en una narrativa de intento de “fomentar un verdadero federalismo, fortaleciendo la autonomía provincial” en términos de recursos, como deslizó Catalán.

Aunque, de fondo, también funciona como un mecanismo de presión a las provincias. El Gobierno evita emitir ATN o enviar dinero a los gobernadores y, si bien es opcional, los fuerza a adherir a ese esquema para no quedar afuera del reparto de terrenos o rutas. Acota, a su vez, la discrecionalidad de las provincias al momento de recibir la compensación.

La adhesión de estos ocho gobernadores se da en un contexto político crucial. Quedan cuatro días para que cierre el Congreso y las provincias apuran la discusión del proyecto de Presupuesto 2025. La falta de claridad sobre si el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias para debatir la ley de leyes genera tensiones entre las provincias, que están ávidas de recursos. Además, buscan acotar el margen de discrecionalidad del Gobierno: sin nuevo Presupuesto, Javier Milei amaga con prorrogar el de 2023.

Por estas horas, un grupo de mandatarios “dialoguistas”, donde están los radicales y los del PRO, preparan un comunicado conjunto para presionar a la Casa Rosada y exigir el tratamiento del Presupuesto en el Congreso. Como contó Infobae, se trata de los mismos que la semana pasada exigieron tener una reunión con Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y con Toto Caputo.

Se juntaron para exigir a Milei cinco puntos para sus distritos como parte de la negociación de la ley de leyes, para dar apoyo al proyecto del oficialismo, basado en sostener la meta de déficit fiscal cero.

Los mandatarios consensuaron un ítem de cinco puntos, que son los que también respalda Macri.

1) Financiamiento del déficit de las Cajas Provinciales no transferidas de acuerdo con los Pactos Fiscales

2) Financiamiento de la Compensación del Pacto Fiscal de 2017

3) Coparticipar un resto del Impuesto a los Combustibles

4) Reducción del aporte de la coparticipación a la AFIP de la mano de la transformación del Organismo recaudador (porque evalúan que el ARCA tiene una estructura más acotada)

5) Coparticipación de los ATN no distribuidos.

Por estas horas, los gobernadores ven lejano que el Gobierno haga lugar a todos esos reclamos.

El Gobierno busca quebrar la concertación de los “dialoguistas” y avanza en un diálogo radial, uno a uno, que facilite una negociación bilateral. Ante la debilidad parlamentaria de Milei, ese escenario es el más favorable: evita una presión conjunta que pueda desgajar el Presupuesto tal como lo diseño el Presidente y su equipo económico.