La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que allanaría el camino para que el Código Penal incluya a la “Ley Blas”, una iniciativa que buscaría incorporar el delito de alteración o modificación de la escena de un crimen por parte de los funcionarios públicos. En caso de que fuera aprobada, la misma sería una agravante para aquellos que buscaran entorpecer una investigación en beneficio propio o de terceros.
El proyecto de ley fue presentado en mayo de este año por Soledad Laciar, la madre de Blas Correa, el adolescente de 17 años que fue asesinado en un control policial en 2020. No obstante, el nexo con el Palacio Legislativo fue hecho a través de la diputada nacional local, Gabriela Brouwer de Koning, de Juntos por el Cambio.
La modificación que los familiares de Blas Correa plantean sumar a las normas penales tiene como objetivo fundamental endurecer las penas sancionadas a los funcionarios públicos que pudieran alterar pruebas, cambiar la escena del crimen, ya sea para asegurar su propia impunidad o de terceras personas. El mismo fue motivado por el caso del adolescente cordobés, debido a que los ex agentes de la Policía de Córdoba que lo atacaron fueron encontrados responsables de haber plantado un arma de fuego, con la intención de hacerle creer a los investigadores que habrían tenido un enfrentamiento armado y que la muerte del joven fue producto del supuesto tiroteo.
A raíz de esto, la Cámara 8va. del Crimen, con participación de un jurado popular, resolvió condenar a 11 de los 13 policías procesados. Mientras que los cabos primeros Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35) fueron sentenciados a cumplir una pena de prisión perpetua por haber efectuado los disparos con sus armas reglamentarias, los nueve restantes deberán cumplir penas de entre 2 y 5 años de prisión por los delitos de encubrimiento y abandono de persona.
De acuerdo a la información publicada por Cadena 3, la propuesta legislativa buscará instalar una “pena 4 a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, siempre que no suponga un delito más severamente penado, el funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones que, con el objeto de entorpecer una investigación, asegurar su impunidad o la de terceros o perjudicar la situación procesal de una persona, alterare pruebas o modificare la escena de un hecho delictivo”.
Asimismo, el proyecto de ley destaca tres puntos que endurecerán las penas para los uniformados que cometan crímenes. “Agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias”; “incorporar una sanción específica para los miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que planten armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación”; y, “al nuevo tipo penal, se incorpora la aplicación de la figura del Arrepentido”, de acuerdo a lo que establece la ley 27.304″.
Por otro lado, el texto plantea la creación de un programa que promueve en forma progresiva el “desarme de la sociedad civil”. Brouwer de Koning afirmó que la iniciativa “es un aporte que apunta a prevenir y erradicar la violencia institucional”, tras sostener que esta ley “apunta a ser un aporte para llenar ese vacío”.
“Espero que la sociedad recupere la confianza en las fuerzas de seguridad y que la policía recupere el valor por la vida de la gente. Es una herramienta para que lo que ocurrió con mi hijo no vuelva a suceder”, sostuvo la madre de Blas durante la presunción del texto. La intención va en línea con las palabras que la madre del joven había pronunciado en febrero de este año, horas antes de que se produjeran los alegatos por el crimen. En ese entonces, Soledad expresó: “No voy a bajar los brazos para que se haga justicia por Blas, sino también por el crimen de otros chicos y para que la policía cambie. Queremos una policía en quien confiar, que nos cuide y no que nos mate”.
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