
La Ciudad de Mendoza resolvió intimar al concejal Gustavo Gutiérrez, perteneciente a la Coalición Cívica de Elisa Carrió, a que devuelva una suma cercana a 20 millones de pesos, después de constatar una presunta incompatibilidad con sus ingresos. Es que el edil percibía un doble salario: el que recibe como concejal como y su jubilación.
Este conflicto comenzó cuando un ciudadano, Tomás Montenegro, presentó un formulario de Acceso a la Información Pública en la que solicitó aclaraciones sobre los ingresos de Gutiérrez. Ante este reclamo, la comuna administrada por el intendente Ulpiano Suárez trasladó la inquietud a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y a la Oficina de Ética Pública, para verificar estas incompatibilidades.
Los resultados de estas averiguaciones, según publicó el diario Los Andes, confirmaron las sospechas: Gutiérrez no había declarado su jubilación en su declaración jurada.
El conflicto se remonta desde hace poco más de un mes, y comenzó a escalar en los últimos días, cuando se comunicó la notificación oficial de la Municipalidad de Mendoza, que invocó el artículo 13 de la Constitución Provincial, que prohíbe acumular dos o más empleos públicos remunerados.
Sin aceptar la medida, Gutiérrez minimizó la notificación y señaló que le enviaron un correo electrónico “firmado por un funcionario de cuarta categoría administrativa del departamento Ejecutivo”. La resolución 54/2024, emitida por la Dirección de Recursos Humanos local, recuerda un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en el que se advierte que “la dieta de los legisladores y concejales es una retribución al servicio dado al Estado y, como tal, tiene carácter remuneratorio”. En consecuencia, “no puede percibirse en forma conjunta con un beneficio previsional, porque es inadmisible que una persona perciba al mismo tiempo dos retribuciones por parte del Estado”, señala el texto publicado por Los Andes.
El municipio también se apoya en la Ley 6.921 de reforma del Estado mendocino, y que explicita esa incompatibilidad. El artículo 30 establece lo siguiente: “Aquellas personas (...) que gozan de beneficios jubilatorios acordados y se encuentran prestando servicios en el ámbito de la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada, entes autárquicos y/o cualquier otra repartición perteneciente a la administración pública, cesarán en sus funciones. Asimismo, en adelante, ninguna persona que goza de beneficios jubilatorios podrá desempeñar actividades/cargos rentados en el ámbito descrito”.
En ese marco, la comuna acusó Gutiérrez de haber “mentido” en su declaración jurada, y se emplazó al concejal para suspender el cobro de su jubilación y devuelva las sumas percibidas desde que asumió en su cargo.

Sin embargo, el edil de la Coalición Cívica atribuyó la escalada como consecuencia a denuncias sobre diferentes temas del gobierno de la UCR, y lo describió como una “persecución política” por exponer “la situación de corrupción que sigue asfixiando a Mendoza”. “Las denuncias que he hecho sobre las irregularidades en las boletas de luz, la municipalidad y otros casos de perversión política no son casuales: son un llamado a la acción contra el poder corrupto que sigue operando en la sombra”, publicó el concejal en sus redes sociales.
Hace unas semanas, Gutiérrez compartió el apoyo que le hizo llegar Elisa Carrió ante las acusaciones en su contra. En un mensaje grabado, “Lilita” apuntó contra un “monopolio empresario” junto a su “conexión enorme, explícita, con el gobernador a actual”, Alfredo Cornejo, y “el senador (Rodolfo) Suárez”. “¿Cómo se llama este gobernador? Que me olvidé el nombre, porque no lo registro”, ironizó. “Pero estos son los costos que paga, como pagamos con la denuncia, que finalmente fueron condenados”, enfatizó la dirigente de la CC, que lamentó “la complicidad de la sociedad mendocina que no quiere saber”.
“Igual yo los quiero y les mando un beso a todos. Y fortaleza para mi amigo del alma (Gustavo Gutiérrez) y fundador de la Coalición Cívica. Lo que no te mata te fortalece”, siguió, y concluyó con una humorada: “La verdad es que estoy tan ocupada registrando gatos (sic) en el parlamento que no me acuerdo del gobernador de Mendoza. Un beso”.
Gutiérrez tiene quince días hábiles desde la notificación, con fecha del pasado 12 de noviembre, para apelar la decisión de la suspensión del pago de la jubilación. De no hacerlo, podría enfrentarse a una demanda judicial de parte de la municipalidad, que busca recuperar el dinero de los haberes previsionales.
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