El oficialismo no convocó esta semana a la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados y el cronograma de actividades tampoco está claro para la semana que viene. Sin embargo, las negociaciones tras bambalinas con los principales bloques de la oposición no se detuvieron y los libertarios se mantienen firmes en su objetivo de avanzar con el dictamen del Presupuesto 2025 a mitad de noviembre para lograr la media sanción a más tardar en la primera mitad de diciembre.
En la oposición miran con desconfianza el cronograma oficialista y ponen reparos porque todavía no están resueltos algunos reclamos centrales de las provincias y los dialoguistas. “Hay avances y tomaron varios aportes en la redacción de los artículos”, explicaron a Infobae desde el radicalismo. Aunque reconocieron que las funciones que la Casa Rosada pretende trasladar a las provincias tienen como correlato una ardua discusión por los recursos que está lejos de resolverse.
Por ejemplo, las provincias quieren dejar plasmado en el Presupuesto un cambio en las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles. Actualmente, lo recaudado por ese tributo tiene seis asignaciones específicas (destinos) entre las que se destacan obras públicas y viales, y subsidios al transporte. Pero como el Gobierno cortó los subsidios y tampoco está haciendo las obras, se queda con ese dinero y lo utiliza para mantener el equilibrio fiscal.
“Que vuelva todo a la masa coparticipable y se reparta 56% para las provincias y 44% para la nación. Después cada distrito definirá cómo subsidiar el transporte, pero van a tener los recursos”, explicaron desde otro bloque dialoguista.
En la misma línea, varios bloques señalan que “no tiene lógica” que ARCA, el organismo que reemplazó a la AFIP, reciba -como hasta ahora- el 1,9% de la recaudación neta total para financiarse. Si, como afirma el Gobierno, la estructura de personal fue reducida para reducir el gasto, los recursos tributarios que salen de las provincias también tienen que volver a la masa coparticipable.
Algo similar ocurre con los Aportes del Tesoro Nacional -1% de la masa coparticipable prevista por la Ley 23.548- que el Ejecutivo históricamente distribuyó a discreción, pero ahora directamente bajó casi a cero.
La obra pública también genera tensiones. El PRO busca asegurarse la reactivación de los proyectos que ya tienen convenios firmados entre Nación y las provincias pero quedaron suspendidos. En particular, en Entre Ríos, Chubut y la ciudad de Buenos Aires, los tres distritos gobernados por hombres del PRO.
En tanto, otros gobernadores advirtieron que varios de los convenios firmados entre Nación y las provincias no quedaron incluidos en las planillas del Presupuesto. “Iban a pasar las nuevas planillas, pero todavía no lo hicieron. Una opción es ratificar los convenios en el proyecto”, señalaron a este medio.
Por otro lado, tanto el radicalismo como el bloque de Pichetto y la Coalición Cívica esperan una señal más contundente de que el Gobierno dará marcha atrás con la suspensión del artículo 9 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional. Esta norma establece que el Estado debe garantizar un gasto consolidado (nación, provincias y CABA) no inferior al 6% del PBI para la Educación.
Mientras el PRO y la UCR aseguran que las negociaciones bilaterales continúan en buenos términos, los diputados de Encuentro Federal revelaron que el Gobierno rechazó todas sus propuestas. Los diputados conducidos por Miguel Ángel Pichetto quieren aumentar las jubilaciones, incorporar al haber el bono y automatizar su actualización, ampliar los fondos para las universidades y garantizar el flujo de transferencias a las cajas previsionales provinciales.
Para esto proponen un amplio menú de recortes que incluye las partidas de la Jefatura de Gabinete, la SIDE y la Secretaría General de Karina Milei, así como también limitar las exenciones de IVA a los directores de empresa, a la construcción y a los diarios y revistas, espectáculos públicos y la exención de Ganancias a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs). También una reducción del cupo fiscal que beneficia a las empresas de la Economía del Conocimiento, que pasará de $195.000 millones a $30.000 millones y afectará principalmente a las compañías más grandes como Mercado Libre y Globant.
“No queremos depender del Gobierno, por eso estamos trabajando en nuestro propio dictamen para poder avanzar con el debate”, señalaron a Infobae.
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