El juez federal Federico Villena resolvió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa que investiga al secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y presidente de la obra social OSPRERA, José Antonio Voytenco, acusado por presuntas irregularidades financieras, desvío de fondos sindicales y lavado de activos.
La decisión, a la que tuvo acceso Infobae, se fundamenta en la solicitud de recusación interpuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud, que cuestionó la objetividad del fiscal durante el proceso. La resolución concluyó que Mola se había “corrido de su rol de acusador,” lo que motivó su remoción para dar paso a otro fiscal.
El conflicto surgió principalmente por la negativa del fiscal de expedirse en los términos del artículo 180 del Código Procesal prolongando las decisiones necesarias sobre la competencia del tribunal y evitando, según la Superintendencia, el avance diligente de la investigación. Mola había solicitado la incompetencia del tribunal, sin proponer medidas sustanciales que aseguraran la continuación del proceso. “El Sr. Fiscal ha perdido toda objetividad”, argumentó la Superintendencia, subrayando que Mola no impulsó la acción incluso frente a la gravedad de los hechos denunciados.
El fiscal Sergio Mola defendió su postura alegando que sus acciones estaban en línea con las atribuciones legales previstas, insistiendo en que "la recusación se basa en una opinión infundada y sin causa." Y sostuvo que su decisión de postular la incompetencia se hallaba dentro de sus facultades legales. Al invocar la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal, Mola destacó que sus decisiones están resguardadas por la Constitución Nacional.
El juez, no obstante, subrayó un patrón incomprensible en el actuar del fiscal, que “a diferencia de otras investigaciones, no impulsó la acción penal” en este caso, destacado las diferencias con casos previos como la causa 1292/2021, donde Mola había acreditado delitos prima facie antes de proponer medidas de competencia. Tal disparidad fue interpretada como una dilación innecesaria, dado que “la gravedad de los hechos no podía ser puesta en duda”.
A lo largo del proceso, el juez y la querella cuestionaron las acciones de Mola, sugiriendo que constituían un esfuerzo orquestado para prolongar la causa. “El fiscal intentó valerse de todo instrumento procesal para aplazar la investigación”, destacó el magistrado. Incluso, se criticó la “negativa del fiscal a expedirse”, indicando que tal retraso obstaculizaba el cumplimiento de las leyes que rigen la instrucción de una investigación penal.
Otra crítica fue la respuesta de Mola acerca de una supuesta “elección venal del juez por parte del denunciante”, insinuando una manipulación jurisdiccional considerada infundada por el tribunal. El juez refutó las alegaciones de forum shopping, asegurando que el criterio utilizado por Mola para sostener estas afirmaciones “carece de sentido”.
El apartamiento de Mola marca un punto crucial en el avance del caso. La Superintendencia de Servicios de Salud argumentó que su intervención fue necesaria dadas las implicancias éticas y económicas subyacentes, señalando que las maniobras investigadas podrían haber implicado el desvío de "sumas millonarias de dinero, sustraídas a los afiliados" de la obra social en cuestión. La remoción abre un nuevo capítulo en una investigación que continuará bajo la conducción de un nuevo fiscal, aún por designar.
La denuncia, impulsada por otro dirigente del sindicato, señala que Voytenco podría haber utilizado su posición de poder en UATRE para favorecer su propio crecimiento patrimonial, incompatible con sus ingresos declarados. Entre los activos mencionados en la investigación se incluye una lujosa propiedad valuada en más de 1 millón de dólares, ubicada en un club de campo en Cañuelas, además de una colección de relojes de lujo con un valor aproximado de 150.000 dólares.
Según la acusación del dirigente sindical Marcelo Agustín Andrada, de la delegación La Plata de la UATRE, el nivel de vida de Voytenco y su relación con ciertos proveedores de servicios de UATRE podrían indicar una red de negocios irregulares, donde se alega que habría recibido pagos en efectivo y otros beneficios en relación con contrataciones de la obra social y del sindicato. Andrada también apuntó a la falta de transparencia en la administración de la obra social OSPRERA, que según indicó, habría negado prestaciones a afiliados en momentos de alta necesidad.
La semana pasada, el juez Villena allanó la sede del sindicato y ordenó el embargo de los bienes y la inhibición de las cuentas de Voytenco.
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