“La villa no es la casta”. Con esa consigna, la Mesa de Barrios Populares, encabezada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y otras organizaciones que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), reclamaron ante el Ministerio de Economía por “la paralización de obras de urbanización en barrios populares” a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). También presentaron un amparo colectivo “por la restitución de los fondos para las obras de urbanización” y aseguraron que “la decisión política del ministro Luis Caputo ha paralizado casi el 80% de las obras de integración socio urbana. Esto significa que miles de hogares en más de 700 barrios populares siguen sin acceso a servicios básicos como agua, electricidad y saneamiento”, sostuvieron. Con la medida, también se vieron afectadas las cooperativas de trabajo, la mayoría barriales, que estaban a cargo de los trabajos.
En un extenso documento elaborado por la Mesa Nacional de Barrios Populares, se asegura —en base a datos publicados por Economía— que “desde el cambio de gobierno, se redujo la ejecución presupuestaria del FISU en un 92% en términos nominales respecto de 2023″ y se precisa que “en los primeros 10 meses de gestión solo se ejecutó el 5% del presupuesto proyectado para todo el año, lo que revela una subejecución extremadamente alta”.
En la conferencia de prensa que realizaron en la escalinata del Palacio de Hacienda, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250 —a metros de la Casa Rosada—, afirmaron que “la interrupción de las obras también ha dejado sin ingresos a miles de trabajadores y trabajadoras de las cooperativas, agravando la situación de vulnerabilidad en los barrios”.
“A seis años de la sanción de la Ley 27.453, la realidad de 1.200.000 familias que habitan en los barrios populares de Argentina se ha vuelto crítica. Desde el cambio de gobierno en diciembre de 2023, la devaluación, el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a través del DNU 193/24 y la decisión política del Gobierno han llevado al freno de más de 700 obras en todo el país”, dijo a Infobae Gastón Batará Reyes, referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares y trabajador de la construcción.
El dirigente social también aseguró que “los pobres, los trabajadores, venimos siendo la principal variable de ajuste. Esto tiene que ver con la miseria planificada llevada a cabo por el ministro Caputo y el Gobierno Nacional, que con la plata destinada a urbanizar e integrar los barrios populares están jugando a la timba. Esto impide que las familias que aún esperan la regularización no tengan perspectiva de conquistar su derecho a acceder al agua, a una conexión eléctrica segura, a una vivienda digna”, describió.
El Proyecto de Integración Socio Urbana está destinado a garantizar la infraestructura y el acceso a servicios básicos para las familias del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) a través de “proyectos diseñados desde una mirada urbana, ambiental y social con perspectiva de género”. En la página web del Ministerio de Economía también se precisa que “a través de estas obras también impulsamos el desarrollo de la economía popular, que junto a municipios y provincias intervienen como unidades ejecutoras de estos proyectos”.
Según los datos oficiales, hacia fines de 2023, la política pública implementada por la Secretaría de Integración Socio Urbana (hoy Subsecretaría) contaba con un total de 1.350 proyectos de integración socio urbana aprobados en 1.257 barrios populares y había generado 25.000 lotes con servicios a lo largo y ancho del país. Al mismo tiempo, se aprobaron un total de 255.596 mejoramientos de vivienda a través de la línea Mi Pieza, beneficiando a más de 350.000 familias en todas sus líneas de obras. Según información publicada por la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, fechada el 08/10/2024, “se registran un total de 716 obras pendientes de finalizar, que afectan a 850.000 familias en todo el país”.
Los dirigentes de la UTEP que dialogaron con este medio recordaron que “todas las obras vigentes al 2023 ya deberían estar finalizadas, sin embargo, eso no ocurrió”. Lila Calderón, del Barrio Obrero, Cipoletti, y también referente de la Mesa de Barrios Populares, recordó que el Decreto de Necesidad y Urgencia 193/24 “redujo la afectación al Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU) destinado a la política de integración socio urbana del 9% al 0,3%”. Lo que provocó la desfinanciación del programa que, hasta que pasó al área del Ministerio de Economía, estaba bajo la órbita de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La titular de esa dependencia era Fernanda Miño, dirigente social del MTE, que tuvo como principal conductor al abogado Juan Grabois.
Apenas asumió el gobierno de Javier Milei, se aseveró que el FISU había sido administrado de forma irregular por Miño, y se llegó a vincular a Grabois en las presuntas maniobras. Sin embargo, esos presuntos hechos de corrupción no fueron denunciados a la justicia y Grabois tampoco fue mencionado en las cientos de causas abiertas por la administración libertaria. Es más, Sebastián Pareja, Subsecretario de Integración Socio-Urbana, le dijo a este medio que las auditorías que se realizaron sobre el manejo de los fondos del FISU “no arrojaron irregularidades”.
“Hemos luchado tanto y es histórico el abandono a los sectores populares. Logramos un mínimo piso, que fue avanzar con la Ley que conquistamos nosotros en las calles, y que nos prometieron que iba a ser transversal a cualquier gobierno, venga quien venga. Y ahora viene el gobierno libertario de Milei y quita todo. Queremos que nuestros derechos se cumplan. Las villas no son la casta”, finalizó Lila Calderón.
La Mesa Nacional de Barrios Populares, que reclamó cumpliendo el protocolo anti-piquetes frente al Palacio de Hacienda, está conformada por referentes barriales y organizaciones sociales tales como la UTEP, TECHO, Cáritas, entre otras. Ha publicado un informe que analiza la situación actual de las obras detenidas y el impacto que esto tiene en los barrios populares. El documento que firmaron las organizaciones sociales le “exige” al Ministerio de Economía “la inmediata reactivación de los proyectos de integración socio urbana y el restablecimiento del financiamiento para las obras” y precisa que “más de 5 millones de personas esperan la reanudación de proyectos de integración socio urbana detenidos desde diciembre de 2023″.
En el escrito se recuerda que “la Ley 27.453 establece la responsabilidad del Estado de garantizar la mejora en las condiciones de vida de los habitantes de los barrios populares. Hoy, más que nunca, es urgente cumplirla para no retroceder en las conquistas obtenidas y asegurar un futuro digno para millones de personas”, finaliza.
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