
El militar retirado Ernesto Guillermo Villarruel, tío de la vicepresidenta Victoria Villarruel, murió este martes a los 80 años. Fue acusado por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa de los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio durante la última dictadura militar.
Ernesto era el hermano del coronel retirado Eduardo Marcelo Villarruel, padre de la titular del Senado y quien participó del Operativo Independencia, lanzado en 1975 por el Gobierno de Isabel de Perón.
Durante la última dictadura militar, el tío de la vicepresidenta se desempeñó como jefe de División II de Inteligencia del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada y tenía su propia oficina en El Vesubio, que estaba ubicado en La Matanza, provincia de Buenos Aires.
De esta manera, con la recuperación de la democracia y el inicio de la investigación para esclarecer lo sucedido durante el golpe de Estado, Ernesto Villarruel fue acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad. Lo detuvieron en 2015 cuando fue a votar y fue procesado ese mismo año, pero el 29 de diciembre de 2016 el juez Daniel Rafecas lo declaró incapaz de intervenir en el juicio, debido a su estado de salud. Lo mismo sucedió con Serapio Eduardo del Río y Oscar Alberto Pichio, que fue excluido de la causa.
De esta manera, ocho de los once acusados inicialmente en la causa de El Vesubio fueron condenados. Se trata de Roberto Horacio Aguirre, Humberto Eduardo Cubas, Florencio Esteban Gonceski, Eduardo David Lugo, David Cabrera Rojo, Olegario Domínguez, Milciades Luis Domínguez y Hugo Roberto Rodríguez.
En el marco de este expediente, algunas denuncias lo responsabilizaban también por ser uno de los actores clave detrás de la Masacre de Monte Grande, en la que 16 militantes de la Organización Comunista Poder Obrero fueron asesinados por el Ejército Argentino. Todos ellos estuvieron detenidos cerca de un mes en El Vesubio.
Visita oficial a España
La noticia se conoció mientras la vicepresidenta se encuentra en España. En su primer viaje oficial desde que asumió el cargo, participó de una conferencia sobre terrorismo que organizó la ONU junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores español.
“Lamentablemente, mientras aquí estamos reunidos, observo con gran dolor que decenas de terroristas etarras gozarán de la disminución de sus penas gracias a los acuerdos políticos entre diversas fuerzas (...) Es un nuevo golpe a las víctimas del terrorismo”, afirmó Villarruel en su discurso pronunciado en Vitoria-Gasteiz, la capital de la comunidad autónoma del País Vasco.
La visita de la referente libertaria se dio en el marco de los intentos del Gobierno de España de incluir en una reforma de una ley orgánica un cambio legal que permitiría rebajar las penas a 44 etarras en prisión, de los que siete podrían incluso quedar en libertad en apenas unos meses.
En su alocución, la vicepresidenta afirmó: “Argentina, como España y otros países, hemos sufrido las acciones del terrorismo, caracterizadas fundamentalmente por las explosiones de bombas instaladas en lugares públicos, con la clara intención de provocar víctimas civiles y someter a la sociedad a un estado de terror e incertidumbre”. Y resaltó que “la finalidad en todos los casos es muy similar y es provocar cambios políticos de los gobiernos en determinada dirección o condicionar o impedir que los mismos puedan decidir libremente su rumbo”.
A su vez, Villarruel subrayó que “siempre existe un interés político detrás de todo atentado terrorista y debemos reconocer que hay grupos de poder y políticos que justifican al terrorismo” y advirtió que en Argentina “la impunidad del terrorismo lleva más de cuatro décadas de políticas estatales justificatorias de las acciones de organizaciones armadas responsables de miles de víctimas del terrorismo sin el reconocimiento de sus derechos humanos”.
“Sin embargo, esta larga historia de inequidad ha comenzado a cambiar. Pocos días atrás, en el Senado que presido, se promulgó la ley que reconoce una reparación para 13 asesinados y heridos por terroristas. Hace 49 años atrás. Lentamente, vamos a desandar la protección que los asesinos han gozado por parte del mismo Estado”, afirmó la vicepresidenta en el discurso, al que accedió Infobae.
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