Ramón Díaz será expropiado en La Rioja. La Legislatura de la provincia avanzó este jueves 3 de octubre en la declaración de bien de utilidad pública sujeto a expropiación de dos campos, uno de 4.400 hectáreas y otro de 349, que el famoso entrenador riojano adquirió en el año 2003. A partir de ahora, el Poder Ejecutivo local, a cargo del gobernador Ricardo Quintela, deberá conformar un tribunal de tasación para determinar cuánto le pagará a Díaz para concluir la operación por la que sus tierras volverán a manos del Estado.
Según explicó el diputado del PJ riojano, Fernando Delgado, al abrir el debate en la sesión de hoy, el gobierno buscará llevar adelante en esos inmuebles “el desarrollo de políticas turísticas, económicas y culturales”.
Esa argumentación genérica fue criticada por sus pares de la oposición. El diputado de la UCR, Gustavo Galván, advirtió que la ley provincial que regula las expropiaciones exige que exista un proyecto concreto y un precio determinado para avanzar sobre la propiedad de un privado. “Las argumentaciones son demasiado genéricas”, advirtió Galván en diálogo con Infobae.
Durante el debate, la diputada radical Gabriela Rodríguez describió el mismo marco de situación. “No se determina cuál es la utilidad pública para poder afectar la propiedad, cuando la propiedad es inviolable según la Constitución. El Estado no tiene facultades si no determina claramente cuál es el objetivo”, remarcaron.
Según el expediente que llegó a la Legislatura riojana, los campos de Díaz se encuentran en el paraje Los Mogotes, de la localidad de Patquía, en el departamento Independencia. Fueron vendidos al ex DT de River en 2003 durante la gobernación de Ángel Mazza. “Ese gobierno, a través del director general de INTI, el escribano Eduardo Néstor Rojo Luque, decide vender por 75 mil pesos un inmueble donde hay termalismo y el agua para los llanos de La Rioja”, recordó en tono igualmente crítico la diputada Rodríguez.
Durante la sesión hubo acuerdo en que existen vecinos de Patquía que expresaron su preocupación por los acuíferos y el potencial que tienen los campos que pertenecen al actual entrenador del Corinthians. Sin embargo, las diferencias entre el oficialismo y la oposición surgieron ante la falta de una definición clara sobre el destino que les dará a las tierras el gobierno de Quintela una vez que esté en posición de ellas.
El oficialismo sostuvo que las tierras fueron adquiridas a un precio “irrisorio”: $75.000, en el año 2003.
Según comentaron fuentes en La Rioja ante la consulta de Infobae, originalmente Ramón Díaz había asegurado que realizaría un emprendimiento turístico de cabañas, aprovechando el entorno, en donde existen aguas termales y un ambiente de bellezas naturales.
Patquía es un pueblo ubicado a 70 kilómetros de la capital de La Rioja, en el que viven 2.000 habitantes. La mayor parte de su población es empleada del municipio, y también dedicada a la crianza de animales y al cultivo de la tierra.
Otros inmuebles expropiados por el gobierno de La Rioja
En el marco de la discusión por los campos que serán expropiados a Ramón Díaz, quedó expuesta una metodología que puso en alerta a la oposición: la de avanzar sobre propiedades de valor que luego derivan en proyectos estatales fallidos o en juicios millonarios de privados que luego la provincia debe afrontar.

En efecto, según contó el diputado Galván, hace 15 días la Legislatura también avanzó en la expropiación de dos inmuebles de gran valor en pleno centro de la capital riojana. En este caso, el objetivo sería el de crear un museo de la memoria, indicó el legislador provincial. “Siempre es con la misma explicación genérica, la de fines culturales y turísticos”.
“En 2021 se expropió una cancha de golf construida en los 90 por impulso de María Julia Alsogaray, argumentando que se realizarían allí canchas deportivas sociales, pero esto nunca sucedió y la provincia está soportando un juicio sumamente gravoso por aquella medida”, agregó Galván.
En el mismo año, la administración provincial avanzó, con la misma mecánica, con la expropiación de una curtiembre que estaba en manos de una empresa brasilera. En aquella oportunidad se dijo que se constituiría una cooperativa con 800 empleados pero hoy no hay más de 150″, explicó Galván.
En paralelo, la provincia afronta desequilibrios financieros. Por ello debió recurrir a la emisión del bono denominado Chacho, con el que actualmente se abona un porcentaje de los salarios públicos. “Por un lado hay deudas sin cubrir, y por otro gastos como estas expropiaciones”, marcó el diputado radical.
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