En la antesala de la sesión en la que se tratará la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, el observatorio Pulsar UBA mostró los principales datos y estadísticas con los que justifican la necesidad y sostenibilidad del proyecto. Esto se da ante la postura del presidente, Javier Milei, que anticipó que vetará la medida.
En un hilo de la red social X, el observatorio expuso la “encuesta nacional de percepciones de la educación argentina” que hizo el año pasado el Instituto de Investigaciones en Gestión, Desarrollo y Control de las Organizaciones, también dependiente de la Universidad de Buenos Aires.
En este documento se destaca que, de todos los niveles educativos, el universitario es el mejor valorado por la sociedad, con un 59% de encuestados que calificaron de “buena” o “muy buena” la calidad de la formación.
El mismo estudio ponderó que el 55% de los consultados afirma que las universidades públicas son mejores que las privadas, contra un 21% que piensa lo opuesto. En tercera posición, el 17% contestó que ve una equidad entre ambas opciones.
Uno de los datos que más llamó la atención del oficialismo a lo largo de este debate es que 3 de cada 4 argentinos rechazan los recortes en educación, ciencia y tecnología. La estadística no cambia según segmento social, lo que postula la hipótesis de un fuerte consenso en la población sobre este punto.
El dato sale de la última encuesta nacional sobre creencias sociales del observatorio Pulsar. Además, precisaron que el 91% está en desacuerdo con bajar el gasto en educación y en salud, el 85% con reducirlo en ciencia y tecnología, y el 72% en cultura.
Además, el observatorio recordó que la Universidad de Buenos Aires sigue siendo la mejor de Iberoamérica. Según el prestigioso ranking de la consultora británica Quacquarelli Symonds, la casa de estudios se ubicó en el puesto 71 de las mejores cien del mundo, de acuerdo al último relevamiento publicado en junio de este año.
Para puntualizar sobre las aristas económicas del debate, el observatorio especializado en opinión pública replicó un informe reciente de que elaboraron en conjunto las universidades de San Martín y Río Negro. El documento demuestra que los salarios de los profesores y el personal no docente aumentó por debajo de la inflación.
“Más del 85% de las y los docentes están por debajo de la línea de pobreza. A la vez, más del 60% de las y los no docentes se encuentran en esa situación”, destacó el informe de la UNSAM y la UNRN.
En la misma línea, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política mostró que en los primeros ocho meses del año el presupuesto universitario tuvo una caída real del 31,5% en comparación con 2023, y se contrajo casi un 25% si se lo compara con 2022.
En su presentación el observatorio también destacó datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. En estos registros consta que la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades y sus hospitales, los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial previstas en el proyecto que votará el Senado se pueden afrontar con el 0,14% del PBI.
“La modificación del mínimo no imponible y del impuesto a los bienes personales se traduciría en una caída de ingresos de 0,14% del PBI, equivalente a lo requerido para actualizar los recursos del sistema universitario”, aseguraron desde el observatorio en base a los cálculos del Centro RA, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
En este contexto la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), junto a la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu), se manifiestan hoy frente al Congreso para reclamar por la sanción del proyecto y rechazar el eventual veto presidencial.
La convocatoria ocurre en medio de un paro de 48 horas que comenzó ayer. “No vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal”, afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se encargó de ratificar la postura de Milei.
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