
Eliminación de las PASO, Ficha Limpia, Boleta Única de Papel, baja de la edad de imputabilidad y ley antimafia. Durante las últimas semanas el oficialismo y sus aliados reactivaron en el Congreso diferentes iniciativas de la “agenda institucional”, que engloba todos los proyectos que no tienen un impacto directo en las planillas de presupuesto.
Tras seis meses de arduas, y por momentos tensas, negociaciones sobre la Ley Bases y el paquete fiscal, el oficialismo intentará controlar la agenda pública con temas de alto impacto, como la baja de la edad de imputabilidad a 13 años -que promete acaloradas discusiones-, mientras se prepara para dar una nueva pelea que pondrá a prueba su capacidad de negociación: el proyecto de Presupuesto 2025.
La comúnmente conocida como “ley de leyes” tiene que entrar en la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre, dado que así lo establece la ley de Administración Financiera. Hasta ahora, el gobierno de Javier Milei funcionó con la prórroga del Presupuesto 2023, lo que en contextos de alta inflación le brinda al Poder Ejecutivo un amplio margen de discrecionalidad ya que puede reasignar el dinero extra recaudado sin pasar por el Congreso.
Ahora el oficialismo deberá plasmar blanco sobre negro cuáles son sus prioridades. “En pocas semanas se termina el chamuyo, tienen que mostrar en dónde ponen la plata y ya no le pueden echar la culpa a la oposición de nada”, se entusiasmaba un diputado perteneciente al variopinto sector “dialoguista”. Eso también marcará a fuego su relación con las provincias, que renovarán sus reclamos por fondos, obra pública y coparticipación de recursos.

La agenda “institucional” también es bien recibida por una amplia parte de la oposición que considera que tras la aprobación de la Ley de Bases es mejor dejarle todo el protagonismo al Gobierno y que el foco de la opinión pública recaiga en la gestión. “Ahora ya no tiene más excusas, nosotros tenemos que ser inteligentes y no dárselas”, explicaba un diputado que consideraba un error la idea del peronismo y parte del radicalismo de avanzar con proyectos de alto impacto fiscal como la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente o el Presupuesto Universitario.
Durante la última semana la Casa Rosada se reunió en dos oportunidades con referentes de los bloques dialoguistas para analizar la viabilidad de la reforma electoral que impulsa. La eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) es el punto de mayor interés para el oficialismo. Si bien el argumento principal será reducir los gastos del Estado, cerca de Milei también consideran que eliminar las primarias pondrá en aprietos a una oposición que sigue muy desarticulada.
La iniciativa fue recibida con frialdad por los dialoguistas y todo indica que la eliminación total de la primarias no juntará los 129 votos necesarios para la media sanción. El radicalismo está mayoritariamente en contra y complica los planes del oficialismo. En tanto, el PRO, la Coalición Cívica, algunos diputados provinciales y del bloque Hacemos Coalición Federal están abiertos a solamente quitar la obligatoriedad.
No obstante, todos los bloques dialoguistas coincidieron en que la prioridad de la Casa Rosada debería ser presionar en el Senado para lograr la sanción de la Boleta Única de Papel. Compromiso que se llevaron este jueves de los enviados de la Casa Rosada.
Por su parte, el peronismo encontró en la escandalosa visita de seis diputados libertarios al ex represor Alfredo Astiz y otros militares condenados por crímenes de lesa humanidad el flanco para limar al oficialismo. De hecho, ya presentó un proyecto para que los legisladores sean sancionados.
Si bien no fueron públicos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también recibió críticas del PRO, la UCR, la CC y HCF. Le recomendaron que tome alguna “medida institucional” para evitar que el tema siga escalando. “La visita fue a título personal, Menem no estaba al tanto y no tiene planeado hacer nada”, contestaron fuentes de la bancada oficial.
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