
El Gobierno presentó esta mañana ante la Justicia nuevos documentos en la causa de la entrega de alimentos por parte del Estado a comedores comunitarios que en realidad no existían, de acuerdo a la denuncia. Los nuevos elementos demostrarían el “desvío” de alimentos que debían ser entregados a los más vulnerables por parte de dirigentes sociales y piqueteros.
Según la hipótesis del Ministerio de Capital Humano, parte de la mercadería que era retirada desde los depósitos de Villa Martelli era vendida en ferias barriales o como forma de “pago” a las personas que eran “presionadas” para que asistan a marchas y protestas.
Ese mecanismo, calificado como “perverso” por los funcionarios nacionales, surge de la propia documentación que aseguran haber encontrado en los registros de la ex cartera de Desarrollo Social, actual secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que forma parte del organigrama del ministerio a cargo de Sandra Pettovello.
Leila Gianni, subsecretaria Legal de Capital Humano y Ariel Romano, Director General de Asuntos Jurídicos presentaron esa documentación ante el juzgado de Ariel Lijo y a la fiscalía de Ramiro González, tal cual adelantó Infobae.
Son remitos de salida y expedientes a través de los que se dejaba constancia de la entrega de mercadería como harina de trigo, leche en polvo y yerba, entre otros.

Esos alimentos eran cargados en camiones desde los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social y transportados hasta los supuestos comedores comunitarios anotados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM) o a los depósitos que tenían los propios movimientos sociales y piqueteros.
En las planillas figuraba la dirección, la organización y el nombre del lugar al que estaba destinada la comida. Las planillas eran firmadas por el “chofer” de la empresa de camiones encargado del transporte, pero no tenía la firma del “beneficiario”.
En una de las ampliaciones de denuncia que realizó la cartera de Pettovello, los abogados Gianni y Romano presentaron las auditorías que realizaron sobre los merenderos y comedores en las cuales “se puedo verificar la inexistencia de los mismos”. En este caso se refiere a los comedores a los que estaban destinados los alimentos que salieron de Villa Martelli, tal como indican las planillas.
Esos datos indican que de los 3.385 comedores relevados desde la semana del 7/2 al 17/5 el 47,5% “no existen”. De ese total, “el 48% nunca funcionaron o dejaron de funcionar; y el 27% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos)”.

Como ejemplo, Capital Humano presentó un listado de esos lugares auditados “donde se pudo verificar cuáles no existían y la organización social a la que pertenece”. E informa que: “Las actas acompañadas -al juzgado- dan cuenta de la entrega de alimentos secos que estas organizaciones sociales recepcionaron”.
El escrito hace mención a varios formularios, entre ellos el de la organización LADETI -Asociación Civil Latinoamericana- que retiró alimentos para varios comedores, entre ellos, Los Angelitos.
Según el “remito de salida 56382″, el 4 de agosto de 2023 del depósito de Villa Martelli salió un camión con 2.640 paquetes de fideos guiseros; 1.080 paquetes de harina de maíz; 1.700 paquetes de lentejas; 2.240 kilos de leche en polvo; 400 kilos de porotos; 1.680 envases de 250 gramos de pasas de uvas y 600 kilos de yerba mate. “Sin embargo, durante la auditoría se dio cuenta que el comedor Los Angelitos, no existía”.

La misma situación se repite en otros comedores que recibieron alimentos secos, pero, según las auditorías presenciales de la cartera a cargo de Sandra Pettovello son “fantasma”.
Otro de esos lugares son los comedores Bichitos de Luz y Soplo de Vida que, según surge de la documentación presentada en el expediente pertenecen a la “Asociación Civil Orgullo Argentino de Promoción Social” que también “retiró alimentos para varios comedores sin embargo, durante la auditoría se dio cuenta que el comedor Bichito de Luz que en ese acto recibió 750 unidades de mercadería, no existía”. Lo mismo sucede con el comedor Soplo de Vida “que recibió 750 unidades de mercadería, pero tampoco existía”.
La causa está caratulada como “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público”. En el expediente 1769/2024 no solo se investiga a los responsables de los supuestos comedores a los que estaban destinados los alimentos, sino también a las ex autoridades que deberían haber controlado que la comida llegue a los más vulnerables.
Juez y fiscal también investigan denuncias de beneficiarios de planes sociales, como el Potenciar Trabajo, que fueron “extorsionados y amenazados” para asistir a movilizaciones y protestas.
En el marco de esa causa el pasado 27 de junio el magistrado ordenó 14 allanamientos. Se trató de las sedes del CTD Aníbal Verón, el Movimiento Evita, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTADA, Confluencia Popular y MTL. Tanto la documentación como los teléfonos secuestrados se están analizando para después realizar las imputaciones y los llamados a indagatoria.
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