El fiscal Marijuan aseguró que hay “miles de llamados” con denuncias a organizaciones sociales que están corroboradas

La ayuda social que brinda el Estado nacional quedó en medio de una fuerte polémica por varias investigaciones que intentan demostrar, por un lado, irregularidades en el otorgamiento de los planes que cobran las personas más vulnerables y, por el otro, el accionar extorsivo de las agrupaciones piqueteras.

Uno de los fiscales que investiga esa problemática es Guillermo Marijuan, quien desde hace meses viene detectando que miles de beneficiarios cobran ayuda social sin cumplir con los requisitos que exige la normativa. Ayer, de hecho, le solicitó al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, a “extremar los controles necesarios” sobre las asignaciones que el Estado abona a través de ese organismo, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Lo hizo en el marco de la causa en la que investiga un perjuicio de $ 5.842.000.000 anuales por el cobro de 2.954 pensiones PUAM que se les otorgan a personas mayores de 65 años, supuestamente en condiciones de vulnerabilidad, pero que no viven en la Argentina.

En ese marco, el fiscal federal también resaltó el trabajo que lleva su colega Gerardo Pollicita, quien investiga posibles extorsiones de organizaciones sociales a beneficiarios de ayuda social denunciadas a través de la línea oficial 134 que habilitó el Gobierno. Si bien los referentes piqueteros involucrados en esos hechos minimizaron esas llamadas, Marijuan afirmó que la “inmensa mayoría” son personas que ratifican finalmente sus dichos.

“Hay miles de llamadas, muchas se las descarta, pero hay una inmensa mayoría como las que está trabajando el doctor Pollicita y otros fiscales en el interior del país, donde la persona está completamente identificada”, aseguró Marijuan durante una entrevista en Radio La Red.

El fiscal afirmó además lo que sucede con las personas que son obligadas a participar de las movilizaciones o a dejar dinero en las organizaciones piqueteras, “es algo que se ha repetido a lo largo de mucho tiempo”. En ese contexto, recordó que “hace muchos años, cuando fue ministra de Trabajo, Patricia Bullrich puso en funcionamiento una línea para que la gente se comunicara, y en ese momento dio muchísimo resultado”.

“El Estado nacional y los estados provinciales tienen que tener organismos de control eficaces y eficientes para impedir este tipo de delitos. Y tiene que haber una comunicación clara con la población para decirle que no tienen ninguna exigencia que cumplir con un tercero por fuera de lo que les pide el Estado. Ningún líder social, ninguna persona en particular tiene la posibilidad de darle una baja a un plan”, añadió.

La causa judicial que dejó al descubierto las maniobras impúdicas, extorsivas y esclavizantes, que realizaron contra los sectores más pobres de la Argentina dirigentes piqueteros que forman parte del Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y representantes sociales que responden políticamente a organizaciones que formaron parte del gobierno de Alberto Fernández, y ahora del gobernador Axel Kicillof, como Barrios de Pie; iluminó lo que estaba en penumbras.

Entre los dirigentes involucrados figuran Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero; Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, y Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, quien además formó parte de la Secretaría de Economía Social, debajo de Emilio Pérsico y ahora es funcionario del gobernador Axel Kicillof.

Al respecto, Marijuan recordó que cuando imputó a Belliboni en una de sus investigaciones, “lo primero que hizo” fue recursarlo. “También dijo que lo estaba persiguiendo. Yo le dije que lamentablemente no podía acceder a la recusación porque lo estaba conociendo en la audiencia. Siempre vienen con este tipo de argumentación, pero hay miles de personas, cientos de personas que declaran, que no son inventos. Hay gente que después se las cita a declarar, exhibir su DNI y ratifican lo que dijeron en los llamados”.

“Tendrán que enfrentar las consecuencias. No hablo en particular de que ellos sean los responsables porque no conozco todos los llamados, pero sí sé que contienen infinidad de comunicaciones que tienen que ver con distintos movimientos sociales, con gente a la que obligan a hacer cosas que no corresponden”, añadió.

Respecto a la reciente investigación sobre las irregularidades con el otorgamiento de planes sociales, Marijuan insistió con la necesidad de que el Estado refuerce los controles, aunque resaltó la actual gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“La anterior ministra (Victoria Tolosa Paz) dio muchas menos bajas de las que habíamos solicitado. Cuando cambia el Gobierno, la actual ministra dio de baja muchísimos más. Pero tiene que seguir el control permanente”, aseguró.

Además, contó que con Pettovello se reunió a los pocos días de que asumió el nuevo Gobierno y notó “una particular preocupación, porque se advirtieron los fraudes que se estaban cometiendo, y sé que están trabajando de la manera más seria posible”.