Polémica en Bariloche: el intendente quitó impuestos al gremio que condujo hasta diciembre y que ahora preside su hermano

El sindicalista que fue elegido como intendente de Bariloche benefició con una reducción de impuestos al sindicato mercantil que condujo hasta diciembre, cuando asumió como jefe comunal, y que ahora preside uno de sus hermanos.

Walter Cortés, líder del Partido Unión y Libertad (PUL), sumó de esa forma una polémica desde que asumió como jefe comunal. Antes fue criticado por contratar a una sobrina como asesora letrada, aunque la abogada había sido electa como concejal en la localidad de El Hoyo, en Chubut. Por las críticas, finalmente se vio obligado a revertir la designación.

El municipio defendió la resolución que exime de impuestos a la Asociación Empleados de Comercio (AEC), escudándose en el articulado de una ordenanza fiscal que habilita la eximición a entidades sin fines de lucro. Sin embargo, la polémica está instalada.

Desde la oposición criticaron el alcance del documento. Antes de asumir la intendencia, Cortés estuvo durante 30 años al frente de la agrupación sindical y, si bien pensaba conservar ambos puestos, se vio obligado a dejar el cargo en el gremio. El cetro quedó en familia, ya que su hermano Daniel asumió la presidencia de la Asociación.

Por ese vínculo, la agrupación sindical se transformó en una herramienta de choque del municipio: los militantes, con banderas y bombos, acompañan la gestión comunal y se expresan públicamente a favor de las medidas de Cortés. “El intendente presiona a los opositores con los bombos del sindicato que manejó hasta diciembre y que ahora lidera su hermano. Habría que preguntarles a los afiliados qué opinan sobre el manejo discrecional de los recursos sindicales, con fines personales” expresaron desde la oposición.

La resolución 343-I-2024 exime del 50% de las tasas municipales del sindicato, hasta diciembre de 2023.

“La solicitud se basa en que dichos inmuebles revisten carácter social, ya que son utilizados por asociados y no se encuentran sujetos a explotación comercial alguna”, expresa la resolución que lleva la firma de Cortés.

Además, menciona que “es facultad del Departamento Ejecutivo considerar los casos de eximición total o parcial del pago de tributos o gravámenes y sus accesorios de períodos devengados cuando existan situaciones debidamente fundadas y justificadas”.

Desde que asumió la Intendencia, a fines de 2023, Cortés fue cuestionado por otras medidas polémicas como la designación de una sobrina como asesora externa del municipio.

Bárbara Gisel Cortés fue electa como concejal de la localidad de El Hoyo, en Chubut, y desde diciembre ejerce la vicepresidencia de ese órgano legislativo. Además, es empleada pública en esa provincia, actualmente en licencia política.

A pesar de ello, fue designada mediante la resolución 10/2024 —fechada el 8 de enero— pero para cumplir tareas desde el mismo día que asumió su tío en la Intendencia, el 8 de diciembre de 2023, con el objetivo de “brindar sus servicios profesionales de abogada en la Secretaría Legal y Técnica” del municipio.

Dos días más tarde, la misma persona, asumió su segundo mandato como concejal de localidad de El Hoyo, ubicada a 14 kilómetros de El Bolsón, por la fuerza Chubut Somos Todos, y fue nombrada vicepresidenta del Deliberante. Su mandato es por el período 2023-2027 —igual que su tío en Bariloche— y anteriormente había ejercido como concejal entre 2019-2023.

El caso llegó al Tribunal de Contralor de Bariloche, aunque antes de que se expida, el jefe comunal decidió dar marcha atrás con la designación y obligar a su sobrina a restituir los sueldos que había cobrado hasta el momento. Tenía una remuneración mensual cercana a los $ 270.000.

Las presuntas incompatibilidades no se dirimieron una vez que el mandatario local decidió revertir la designación, aunque el intento por contratar a su sobrina dio lugar a las primeras críticas desde que asumió.

Además, desde diciembre, dos funcionarios de su gestión fueron apartados por presuntas irregularidades o intentos de obtener beneficios por el cargo en el que fueron designados. Una de ellas se desempeñaba como subsecretaria de Recursos Humanos y fue acusada de maltratar a inspectores del municipio durante una inspección en un salón donde la funcionaria participaba como invitada.