El juicio político contra la Corte Suprema comenzó el 26 de enero, hace casi diez meses. Tras 23 reuniones y la declaración de 65 testigos el proceso entró en la recta final con la notificación a los magistrados de las acusaciones provisorias en su contra y de las pruebas recolectadas para que puedan hacer su descargo.
La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, anunció hoy que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tendrán 10 días para presentar por escrito o en forma presencial su respuesta a las acusaciones. Luego, el oficialismo, que tiene mayoría en la comisión, podrá elaborar el informe definitivo de acusación y votar el dictamen de acusación. Este dictámen luego tendrá que ser aprobado en la Cámara de Diputados por una mayoría agravada de dos tercios.
La fecha límite para el oficialismo es el 17 de noviembre, cuando termina la actividad en las comisiones y antes de que cambie la conformación de la Cámara, ya que podría perder la mayoría que detenta actualmente.
Al encuentro de este miércoles estaban citados Julio Juan Piumato, Secretario del sindicato UEJN, Héctor Daniel Marchi, funcionario de la Corte Suprema, Gustavo Francisco Tita y Adrián Walter Miretti, todos a instancia de la Coalición Cívica, que buscaba acusar por abuso de poder al juez Ricardo Lorenzetti. Ninguno se presentó, alegando diferentes justificativos.
Dado que los cargos provisorios contra el juez Juan Carlos Maqueda por las presuntas irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial ya habían sido presentadas (Maqueda optó por no hacer ningún descargo), los miembros de la Corte hoy recibieron traslado de las pruebas recolectadas en las causas “Coparticipación”, “2x1″, “Consejo de la Magistratura” y “Abuso de poder”.
Entre los cargos contra Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda en la causa Coparticipación, por ejemplo, se destacan “haber violado el marco jurídico vigente”, “haber vulnerado el derecho de defensa del Estado nacional”, “haber resuelto con una cautelar la cuestión de fondo” y “haberse arrogado facultades legislativas”.
Desde Juntos por el Cambio, el diputado Pablo Tonelli aseguró que ninguna de las pruebas producidas por el oficialismo logró convencerlo de que los magistrados incurrieron en “mal desempeño”. En esa línea, señaló que el Frente de Todos en ninguna de las votaciones logró sumar “un voto que no sea de miembros de su bloque” e insistió en que todo el proceso se trató de un embate contra el Poder Judicial.
“Todo comenzó con la rebelión policial que tuvo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Entonces el Gobierno decidió darle los recursos para que los destine a la policía y esos recursos decidió sacárselos a la ciudad de Buenos Aires. Ahí comenzó la causa por la coparticipación”, recordó.
El dictamen de acusación, que el oficialismo tiene garantizado por su mayoría en la Comisión de Juicio Político, sería firmado a días de un eventual balotaje presidencial. Sin embargo, los cargos quedarían formalizados si este dictamen se aprueba en el recinto con dos tercios de los votos.
El oficialismo no podrá conseguir esa mayoría agravada, por lo que se descarta que el juicio político llegue al recinto. Menos aún después de las elecciones, ya que todos las encuestas coinciden en que el oficialismo perderá bancas incluso si gana la Presidencia. No obstante, si así lo hiciera sería responsabilidad del Senado juzgar el desempeño de los jueces de la Corte Suprema en base a la acusación.
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