“Tomemos nota. En estos días puede suceder un hecho que lastimaría el corazón de nuestro sistema republicano: la Corte Suprema”, advierte Beatriz Sarlo, en su habitual columna dominical en el diario Perfil, que esta vez lleva el significativo título de “Golpe Civil”.
“Estamos acostumbrados a pensar en los golpes de Estado militares, porque el país ha sufrido varios -sigue diciendo Sarlo-. Pero estamos menos habituados a darle trascendencia a lo que sucediera con la Corte Suprema. Es una institución a la que cuesta más entender y, por lo tanto, reconocerle su papel fundamental en un gobierno tripartito”.
La ofensiva contra los integrantes de la Suprema Corte de Justicia pasó, a fines del mes de enero, de las críticas a los hechos: en la Comisión de Juicio Político del Congreso el oficialismo -pese a no contar con votos suficientes como para el resultado buscado- forzó el debate del juicio político a los cuatro jueces que actualmente integran el tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
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Más allá del resultado final de esta embestida, sus promotores apuntan al desgaste de la imagen de los jueces y del tribunal, colocándolos en el centro de la escena y de la polémica, y forzando un debate público sobre el desempeño de la cabeza del Poder Judicial, a partir de fallos que contrariaron las intenciones del Gobierno, a saber: el que ordenó la devolución de fondos de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el contrario a la reforma del Consejo de la Magistratura. Por lo pronto, el Frente de Todos tiene asegurado un dictamen favorable en la Comisión de Juicio Político donde cuentan con mayoría. Otro resultado de esta ofensiva contra uno de los poderes del estado es el enrarecimiento del clima político e institucional.
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Es a esto último que se dirigen funfamentalmente las advertencias de Beatriz Sarlo: “Si se toca a la Corte, toda la estructura de gobierno se vuelve endeble y peligra la defensa de los derechos”.
“Sobre esto escriben los especialistas y me atrevo a suponer que no son las notas que el público sigue con la atención que merecen”, agrega, aludiendo al hecho de que la ciudadanía en general no siempre está en condiciones de percibir las consecuencias que en su presente y futuro pueden tener estas polémicas institucionales.
Aclara entonces Sarlo: “Dicho de la manera más sencilla: si el Gobierno se mete con el Poder Judicial viviremos en peligro, porque las garantías y los derechos pueden quedar desguarnecidos”. Y precisa: “Quienes padecen hambre en los cinturones de pobreza pueden perder más que los ricos, aunque esto les resulte lejano a su saber y experiencia. Nada hay más extraño a la experiencia que la complejidad de la justicia. Y, al mismo tiempo, si se toca el sistema judicial comienza un terremoto a la turca”.
Beatriz Sarlo también apunta al factor que es causa y a la vez finalidad de toda la campaña contra la Suprema Corte de Justicia: la situación judicial de la Vicepresidente de la Nación: “La única favorecida por tal conmoción sería Cristina -afirma-, que se dedica noche y día a que los juicios que la conciernen se disuelvan”.
Y concluye: “La amenaza es clara y la fraseo tal como se escucha en las movilizaciones: ‘Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar’”.
La Comisión de Juicio Político, presidida por la legisladora oficialista Carolina Gaillard, logró aprobar, por 16 votos contra 15, la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, lo que la habilita a abrir el sumario para reunir las pruebas y convocar a testigos. Un mecanismo para mantener el tema en agenda por varias semanas más.
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