El gobernador Axel Kicillof sufrió un inesperado tropiezo en su proyecto de reelección al frente de la provincia de Buenos Aires: la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), la Unión de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) y las 62 Organizaciones, es decir, las principales entidades sindicales del país se unieron para rechazar la decisión de la empresa AUBASA, del Estado bonaerense, de pedir multas y la cancelación de la personería del Sindicato de Peajes (SUTPA), cuyo secretario adjunto es Facundo Moyano.
Por un lado, la CGT expresó su “rechazo y repudio” a la resolución de AUBASA y consideró que “este tipo de decisiones atentan contra los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores del país, desconociendo lo establecido por la Constitución Nacional, en los Convenios OIT N° 87 y 98 y la Ley 23.551, y nada tienen que ver con la convivencia en un ámbito democrático”.
“El respeto de derechos fundamentales como el de huelga y la preeminencia de la libertad sindical excluyen la represalia y la amenaza como mecanismo de abordaje y búsqueda de solución de los conflictos -afirmó la central obrera en un comunicado de prensa que firma su Consejo Directivo-. Sólo a través del diálogo social se podrá construir y transitar el necesario camino al acuerdo”.
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En el mismo sentido se pronunció la CATT, que integra, entre otros, el Sindicato de Camioneros que lideran Hugo y Pablo Moyano: “La pretensión de quitarle su personería gremial (al SUTPA) constituiría un peligroso avasallamiento a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de la mencionada organización sindical en particular, y de todas las organizaciones sindicales en general”.
La entidad, conducida por Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) afirmó que, “considerando la gravedad del tema, inesperado por cierto en un gobierno que reivindica los derechos laborales y la libertad asociativa de los trabajadores y trabajadoras a través de las organizaciones sindicales, seguiremos atentos y en solidaridad plena con nuestros compañeros y compañeras del SUTPA”.
La UGATT, que lidera Omar Maturano (La Fraternidad) y que compite con la CATT por la representación de los trabajadores del transporte de todo el país, también se manifestó “en contra de cualquier tipo de intervención o pedido de cancelación de personerías gremiales”.
“Hoy es el sindicato de trabajadores de peajes; mañana seremos todos si la política avanza contra una organización libre del pueblo”, advirtió la organización que también integran Roberto Fernández (UTA), Daniel Vila (Carga y Descarga), Omar Suárez (SOMU) y Sergio Aladio (Camioneros de Santa Fe).
Otro pronunciamiento en favor del SUTPA fue el de las revitalizadas 62 Organizaciones, que encabeza José Ibarra (taxistas) y que le pidieron al gobernador Kicillof que “respete y reconozca la democracia sindical donde se amparan todos los derechos de los trabajadores a su gobierno que dice ser peronista”. Y agregaron: “Estas actitudes no tienen nada que ver con la esencia del peronismo”.
Recordaron, además, que “la cuna del peronismo es el sindicalismo”, por lo que le solicitó al gobernador bonaerense que “actúe y escuche” al Sindicato del Peaje.
El conflicto en AUBASA incluso tuvo repercusión fuera de la Argentina: la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), que agrupa a más de 20 millones de empleados del transporte de 670 organizaciones sindicales en 150 países, consideró que la postura de la empresa bonaerense “constituye un ataque no solamente a SUTPA sino al movimiento obrero organizado en su conjunto”.
“Este tipo de acciones tendientes a “desaparecer” sindicatos y a amedrentar sindicalistas son inauditas para un estado democrático que apunte al diálogo y a la justicia social -sostuvo la ITF-. Nos llama poderosamente la atención que un gobierno al que nuestros afiliados identificaron como “nacional y popular” incurra en este tipo de ataques a la columna vertebral del peronismo: los trabajadores organizados. Tamaña inconsistencia no hace más que llamarnos a una profunda reflexión para desescalar el conflicto en vez de elevarlo con actitudes que podrían constituirse en violaciones de las convenciones internacionales de la OIT que han sido refrendadas por la República Argentina”.
El agravamiento del conflicto en la empresa AUBASA se produjo luego de que este jueves pidió al Ministerio de Trabajo que multe y pida la cancelación de la personería del Sindicato de Peajes, además del descuento del salario a los trabajadores, por no haber acatado la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen y que derivó, el lunes pasado, en un paro con levantamiento de las barreras en la autopista Buenos Aires-La Plata y en las rutas hacia la costa atlántica.
“Pedir la cancelación de la personería es pedir que desaparezca un sindicato. Ni Macri se animó a tanto. Hay que remitirse a la dictadura militar para encontrar algo semejante”, dijo Facundo Moyano a Infobae tras la audiencia en la que la empresa hizo el pedido a la cartera que encabeza Kelly Olmos.
El SUTPA hizo la medida de fuerza sorpresiva ante la falta de solución a varios reclamos que sostienen: desde el despido de un gerente defendido por el sindicato hasta “la falta de un plan de reconversión que contemple y contenga a los trabajadores”, pasando por la no efectivización de casi 100 empleados. Pero el telón de fondo es una mala relación con el presidente del presidente de AUBASA, Ricardo Lissalde, a quien exigen su renuncia desde hace cuatro meses y apoya Kicillof.
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