La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó por unanimidad un informe que revela graves incumplimientos e irregularidades en las compras directas realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación durante la emergencia sanitaria de COVID-19. Entre las irregularidades, se compraron insumos que no tenían autorización para uso médico, faltó documentación sobre precios, la declaración jurada de proveedores, y hasta cobros injustificados por diferencias entre presupuestos y órdenes de pago.
Por entonces, el país estaba envuelto en la premura por adquirir insumos médicos y adecuar el sistema sanitario ante la propagación del coronavirus en el mundo. Para agilizar la gestión, el Gobierno flexibilizó las compras y contrataciones del Estado a través del decreto 260/2020 y el DNU 287/2020, dictados en marzo de 2020, imprimiéndole velocidad a la toma de decisiones frente al contexto crítico de la pandemia.
Sin embargo, la cartera sanitaria actuó con estas atribuciones como si le hubieran dado un “cheque en blanco”, según insinuó la AGN. Ahora, se conoció que parte de las contrataciones públicas de emergencia (CPE) que hizo el Ministerio de Salud -cuando estaba a cargo de Ginés González García- incumplió incluso la propia normativa reglamentaria dispuesta para la emergencia. El informe es tan contundente que hasta el oficialismo en la AGN, alineado con el Gobierno, acompañó esas conclusiones.
El auditor general, Miguel Ángel Pichetto, resaltó que entre las irregularidades se detectó “la compra de 200.000 camisolines descartables por $44 millones que no estaban habilitados para uso médico por el ANMAT”. “Realmente es una catástrofe. Todo lo que hizo el Ministerio en este período bajo la esfera de la excepcionalidad de la pandemia y la cuarentena ha sido muy malo”, destacó el miércoles pasado en la sesión del Colegio de Auditores.
Las contrataciones de emergencia alcanzaron un gasto total de $4.581 millones durante 2020 en el ámbito del Ministerio de Salud. Son compras de bienes para tratar el coronavirus, equipos de protección personal, insumos médicos varios (no incluye las vacunas) y servicios de operación logística. La muestra evaluada es representativa, ya que se revisaron $3.510 millones erogados, el 76,6% del total.
“Los múltiples hallazgos plasmados en este informe demuestran que, a la hora de efectuar las compras necesarias de bienes y servicios para atender la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud ha relajado todos los procedimientos control interno y se alejó de las buenas prácticas de la administración pública”, leyó Pichetto, en su pronunciamiento sobre el informe.
“De ninguna manera el Estado puede ampararse en cuestiones de emergencia para justificar procedimientos irregulares. La vigencia de un estado de emergencia no es un cheque en blanco”, continuó el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, e indicó: “Los hallazgos en este informe son graves y resulta inaceptable que desde el Ministerio de Salud parezcan no advertirlos”.
Otros hallazgos detectados
El presidente de la AGN, Jesús Rodríguez, remarcó que en uno de los expedientes evaluados se comprobó la incompatibilidad de la contratación de una empresa –Aeromedical S.A.–, ya que su titular era un agente contratado del Ministerio de Salud. “Está claro que en este caso no se tomaron los recaudos necesarios para garantizar la integridad en la contratación y la observancia de la ley de Ética Pública”, sostuvo. Por esas incongruencias, la cartera dejó sin efecto la compra de 3.564.000 barbijos descartables por $ 149,7 millones.
Además de las situaciones señaladas, la AGN también encontró las siguientes irregularidades:
- Cuatro (4) expedientes carecen de presentación de la “Declaración Jurada de Intereses” establecida en el Decreto 202/17.
- Cuatro (4) expedientes de compras sin la certificación aprobada por Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
- De los 374 expedientes de pago analizados, unos 10 (2,7%) contenían diferencias entre el monto de la Orden de Pago (OP) y lo facturado por las firmas. El organismo respondió que se debía a descuentos por penalidades, retenciones impositivas y compensaciones por errores de cálculo. Ninguno del total de los expedientes contaba con su respectivo informe de la Dirección de Contabilidad y Tesorería; y de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
- La compra de insumos médicos exceden el monto que la norma habilita a autorizar, que es de $ 24 millones. En tres expedientes, las cifras son superadas y sumaron $113 millones, unos $ 41 millones más de lo autorizado. (4.13)
- Nueve (9) expedientes carecieron de los informes técnicos sobre la capacidad de los proveedores para suministrar el producto establecido en la contratación.
- Seis (6) expedientes de compras tienen errores de confección y faltantes de documentación.
- Tres (3) expedientes de compras analizados tenían diferencias entre las notas de créditos emitidas y el anticipo financiero previsto en los contratos.
- En los procedimientos por contratación por emergencia 01/20 y 02/20 para bienes de protección personales, los precios de mercado de los insumos no son acompañados de documentación de respaldo de las estimaciones realizadas.
- Se detectaron órdenes de compra que fueron dictadas anteriormente a que se publicara la normativa de excepción.
- Hubo demoras en la designación del titular de la Dirección de Compras y Contrataciones, y tampoco se determinaron los puestos, perfiles ni las misiones para el personal actuante de ls áreas.
Las auditorías y las inobservancias detectadas por la AGN fueron informadas al Ministerio de Salud. Ahora bien, el organismo auditado justificó lo actuado al contexto del aislamiento obligatorio y la emergencia de COVID-19 impidió cumplimentar todos los pasos exigidos. Ese descargo no convenció a ninguno de los seis miembros del colegio de la AGN, que ratificaron su evaluación negativa.
El auditor oficialista Juan Ignacio Forlón, que presentó un resumen del informe de la AGN ante sus pares, no dio lugar a dudas sobre su opinión sobre el comportamiento del Ministerio de Salud. “No sé si el Ministerio relajó o no sus procedimientos, nosotros como auditores no. Nosotros auditamos sea el gobierno que fuera, sean las consecuencias que tenga que tener. Queda claro”, concluyó.
Con su aprobación, el documento emitido por el colegio de la AGN será girado hoy para la firma de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, encabezada por el senador Mariano Recalde (Frente de Todos), e integrada por seis senadores y seis diputados.
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